Con madres de la Comisión por la Educación Pública y el MST, el 11 de abril presentamos un amparo colectivo para eliminar la educación religiosa en la provincia. La presentación la hicimos con el abogado Ángel Paliza y Mónica Barrera.
Tucumán es la única provincia del país donde se imparte educación católica en las escuelas públicas como parte del plan de estudios, lesionando derechos de tratados internacionales y de la Constitución Nacional. En 2017, la Corte Suprema nacional definió como inconstitucional la imposición de religión como materia obligatoria en horario escolar en Salta.
Este es el momento para lograr los profundos cambios educativos, sociales y culturales que recorren la Argentina con esta ola feminista que enfrenta todo modelo patriarcal, capitalista y clerical. Respetamos la libertad de cultos, pero es un derecho individual que debe ejercerse por fuera de la educación estatal.
Nuestro amparo generó una importante repercusión social, también en los medios provinciales y nacionales, y se sumaron abogados y docentes a la Comisión.
En un comunicado de prensa, el arzobispo tucumano Carlos Sánchez propuso “una escuela que nos incluya a todos”. Con hipocresía, niega la realidad de esta imposición religiosa que también incluye vía crucis, ceremonias y en algunos casos hasta persecución a madres que reclaman que sus hijos no tengan religión.
La educación religiosa vulnera los siguientes derechos:
Afecta el derecho a aprender, ya que en vez de fomentar el pluralismo y desarrollar el sentido crítico transmite dogmas y prejuicios anticientíficos, en especial contra la perspectiva de género.
Implica una presión indebida sobre la libertad de elección de las y los alumnos, considerando que se realiza en un ambiente tan permeable como la escuela primaria.
Lesiona el principio de autonomía progresiva de las niñas y niños, que a esta altura de la historia son plenos sujetos de derechos en base a la libre elección e independencia de criterio.
Atenta gravemente contra la privacidad de los alumnos y de sus familias al disponer la obligación de dar a las autoridades públicas datos sensibles, como lo es informar si profesan o no algún credo religioso.
Genera situaciones cotidianas de discriminación hacia las y los alumnos, docentes y no docentes con rezos y ritos durante la jornada, en actos y ceremonias escolares, etc.
En el amparo también reclamamos que la Iglesia Católica y el Estado provincial deben garantizar la reubicación del personal docente de religión.
Rechazamos la intromisión de la Iglesia en la educación, la vida pública y privada. La Iglesia recibe del Estado para pagar a cada obispo $ 46.800 por mes y un total de $ 40.000 millones en subsidios anuales para solventar su culto y la educación religiosa. Hay que separar la Iglesia del Estado y anular esos millonarios subsidios. Invitamos a las organizaciones laicas, de derechos humanos y de género a sumarse a este reclamo democrático.

Lita Alberstein