El 24 de febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro anunciaba, en el contexto de la sanción previa de una Ley de Estado de Excepción ilegal, ilegítima y odiosa, el Decreto 2248 dando creación a la llamada «Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco» (AMO).
Este decreto, contrariando las leyes, la constitución y los procedimientos vigentes hasta entonces en Venezuela, le amputa al país de un solo tajo un espacio de 111.843,70 km2, lo que representa el 12% de todo el territorio nacional. Para que se comprenda la dimensión de esta atrocidad hay que señalar que este espacio es superior a países como por ejemplo: Bulgaria, Bélgica, Portugal, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, por nombrar solo algunos. El acto de presentación del decreto fue realizado en los salones del Banco Central de Venezuela con la presencia de 150 empresas transnacionales entre las que se encontraban las más importantes de la gran minería a cielo abierto, muchas de ellas responsables de daños ambientales probados e incluso condenadas por la justicia de distintos países de América latina. No faltaron tampoco al evento representantes del capital financiero internacional. Y fue firmado en ese acto la devolución de dos de las minas con más recursos de oro probados, a la canadiense Gold Reserve. Empresa que había sido echada del país por los daños provocados en la explotación de Las Cristinas y Las Brisas, los emprendimientos que en ese acto se le devolvían.
Gobiernos neoliberales o «progresistas» los mismos mitos
Los distintos argumentos que esgrimió el gobierno de Maduro hacen parte de los mitos, engaños y estafas con los que todos los gobiernos, ya sean neoliberales o supuestamente progresistas, sean de la derecha tradicional o de esa nueva derecha que mantiene, para ocultar su verdadera naturaleza, un lenguaje «izquierdista» vacío, todos ellos se apoyan en esos mitos para profundizar el extractivismo, la primarización y el saqueo. Todos ellos van dejando al paso de los proyectos que autorizan, para los que buscan socios, en los que alientan a «invertir» al gran capital, un rastro de desolación, destrucción y miseria sin punto de comparación. Esto es más grave en el caso de los llamados gobiernos progresistas como los que aún gobiernan o gobernaron las últimas dos décadas en América latina, ni Chávez, Evo, Correa y mucho menos los Kirchner superaron el modelo del capitalismo extractivista, por el contrario lo profundizaron, ya sea en minería, petróleo, agroindustrias o cementación de las ciudades y espacios públicos. Por lo señalado más arriba, en el caso de proyecto de Maduro del Arco Minero del Orinoco, es tal vez peor que en el resto de los grandes emprendimientos mineros en toda Latinoamérica.
De muchos otros, son tres los mitos que intentaremos desmontar y que, en lo que hace a la justificación del AMO por parte de Maduro, llegan a extremos tragicómicos como por ejemplo la creación del Ministerio de Minería Ecológica. Entonces, estos mitos son: a) Minería amigable con el ambiente; b) Minería para mejorar la vida de la gente con, por ejemplo, creación de empleos; c) minería que mejora la economía del país.
a) La zona del AMO alberga una gran variedad de sistemas ecológicos, donde la diversidad biológica ampara una gama de especies animales, vegetales y formaciones geológicas que son testigos de épocas remotas de la humanidad. Para ver un ejemplo parcial: Se estima que la cuenca del río Caura tiene una biomasa aproximada de 1400 millones de toneladas, 94% de las cuales se concentra en bosques y agua. Además está probado que la flora del Caura incluye el 17% de las especies conocidas en Venezuela, el 28% de la Guyana y aproximadamente el 83% de lo géneros de las plantas registradas en la cuenca. En fin el AMO abarca Parques Nacionales, Reservas Forestales, Monumentos Naturales y Zonas Protegidas.
Estando probado que la minería a gran escala y a cielo abierto no solo provoca enormes desforestaciones, uso abusivo y contaminación de las aguas con metales pesados que llevan a la desaparición de decenas de especies animales, el riesgo que corre el oasis de biodiversidad que habita en el AMO es catastrófico. El ejemplo de la extracción del oro es ilustrativo del daño que causa la gran minería: Por cada tonelada de material removido se puede extraer de 1 a 10 gramos de oro. La relación va de 100.000 o 1.000.000 a 1. Por lo que de mantenerse esa relación para extraer las 7.000 toneladas de oro anunciadas por el gobierno de Maduro sería necesario remover 700 millones de toneladas de material con enormes cantidades de desechos contaminados con arsénico, cianuro y otros metales tóxicos que comprometen, tal vez de manera irreversible, esa enorme aérea.
b) En el territorio que abarca el AMO habitan más de veinte pueblos indígenas. Entre muchos otros conviven en esos espacios los pueblo Warao, Acawayo, E’ ñepa, Pumé, Mapoyo, Kariña, Arawak, Piaroa, Pemón, Ye kwana, Sanemá. Pueblos que viven en armonía con ese medio ambiente, reproduciendo sus condiciones de vida ancestrales. Con sus derechos contemplados en la Constitución que reconoce a Venezuela como un Estado plurinacional. Ellos serán arrastrados por los fenómenos socio ambientales degradantes que provoca la gran minería, y más que mejorar sus vidas, lo más probable es que se provoque un etnocidio.
c) Por último, el mito construido con mayor cinismo en este discurso extractivista, es el que habla de las mejoras y el supuesto desarrollo del que se vería beneficiado el país con el emprendimiento. La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco hace parte de un conjunto de zonas económicas especiales en las que no rigen ni las leyes ni la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La entrega de ese espacio geográfico a empresas multinacionales, aunque más no sea bajo la engañosa forma de «empresas mixtas» no solo es una enorme cesión de soberanía, sino que significa un intento de asociación, en minoría, de la nomenclatura gobernante hoy en Venezuela con el sector más voraz del capital financiero internacional. Esas zonas están exentas de impuestos, no rigen las leyes laborables, están prohibidos derechos sociales elementales como el derecho de huelga o a la sindicalización, pero más aún, ni siquiera se pagan al Estado Nacional la regalías producto de la captación de esa renta extraordinaria de la tierra.
Si no se detiene el avance de este proyecto y no se descubre la realidad detrás del discurso de que estaríamos frente al nuevo El Dorado en el siglo XXI, las consecuencias de esta ilusión serían similares a las que ocurrieron en la búsqueda del primer El Dorado: Devastación, desolación y muerte.
En Latinoamérica unidad en la lucha contra el extractivismo y para poner en pie otro modelo productivo
Sólo un amplio debate sobre si es necesaria algún tipo de explotación minera y como realizarla para minimizar al extremo los daños ambientales. Un debate popular que supere las fronteras nacionales y que se desarrolle como parte de un proceso de lucha contra el extractivismo y de construcción de un nuevo modelo productivo para lograr resolver las necesidades de nuestros pueblos, asentado en una planificación democrática y de unas nuevas formas de relaciones sociales, puede evitar la catástrofe que se avecina con la profundización del modelo actual. Y esa construcción, ese debate y esa planificación democrática para tener alguna oportunidad de éxito, deben darse en el contexto de la lucha anticapitalista por alcanzar una sociedad distinta.
Carlos Carcione