La inmensa revolución feminista que recorre Argentina y el mundo, enfrenta a todas las estructuras patriarcales, entre ellas uno de sus más importantes bastiones: la Iglesia Católica, quien desde tiempos inmemoriales se filtró en nuestra cultura, penetrando en las escuelas y hogares como una muralla de contención frente a la crítica social.

El conflicto con la Iglesia en Argentina se remonta a la discusión sobre el artículo 8 de la ley 1.420 (vigente desde 1884) en el cual expresamente establece que “la enseñanza religiosa sólo podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros autorizados de los diferentes cultos a los niños de su respectiva comunión, y antes o después de las horas de clase”.
Este artículo 8 fue, históricamente, uno de los pilares fundamentales sobre los que se construyó nuestra educación primaria pública, ya que al desterrar la posibilidad de que la educación religiosa formara parte de los planes de estudio obligatorios, consagró a la escuela como ámbito esencialmente laico. Así lo entendieron los sectores religiosos que nunca cesaron en buscar su derogación, cosa que lograron en dos momentos históricos diferentes: en 1943 durante el gobierno de facto del general Pedro Ramírez y ahora. (Citando al Constitucionalista Daniel Gentili)
Por el impulso del entonces senador por Salta, Rodolfo Urtubey, una comisión legislativa consideró que estaba derogado por la ley 24.195, (ley dictada durante el menemismo), en tanto su artículo 70 daba por derogadas “todas las disposiciones que se opongan” a ella. Dicha ley consideraba que todo lo referente a la educación primaria era incumbencia de las provincias.
Existe una creencia bastante generalizada, incluso en sectores denominados “progresistas”, de que la definición de este tema tan trascendente es competencia de las provincias y no del Estado nacional pero, el establecimiento o no de educación religiosa en las escuelas públicas, es, al igual que en su momento lo fueron la obligatoriedad, la gratuidad y los contenidos comunes, competencia de la Nación.
Si bien es cierto que la Constitución Nacional en su art. 5 establece que cada provincia tiene la atribución de dictar su propia Constitución, esa norma no coloca ninguna Constitución Provincial por encima de ella y de los Tratados Internacionales incorporados con la reforma de 1994, que tienen rango constitucional y que eliminan todo tipo de discriminación.

La injerencia de la Iglesia

Desde sectores religiosos se podrá invocar que la enseñanza religiosa en escuelas públicas, dispuesta por algunos distritos, responde a “las particularidades provinciales y locales” y que, por lo tanto, el Estado nacional no puede legislar sobre esto. Sin embargo, este argumento se contradice con la obligación que establecen las mismas leyes provinciales de que las normas educativas promuevan valores democráticos, sin discriminación alguna, debiendo el Congreso velar porque estos objetivos se cumplan.
No hay duda que el establecimiento de educación religiosa en el horario escolar, como sucedía en Salta y sucede en Tucumán, es discriminatorio y contrario al principio democrático y plural. Por lo tanto, las provincias están inhibidas de legislar en contra de estos principios.
El esquema constitucional reserva para la Nación dictaminar las normas generales que deben regir la enseñanza pública en todo el territorio nacional, delegando en las provincias las formas de su organización. En base a este esquema tuvo lugar el debate en el Congreso Pedagógico realizado en 1882.

A 60 años de “la libre o la laica”

La importancia que tuvo el debate implicó que en 1958 la plaza del Congreso fuera escenario de grandes concentraciones. La iglesia encabezada por Monseñor Plaza junto a sectores liberales y grupos de choque de ultraderecha, como Tacuara, y el apoyo de liberales, como Álvaro Alsogaray, impulsando la libre actuación en la educación superior; y, por otro lado, alrededor de 300.000 estudiantes de FUA y FUBA junto a los secundarios enarbolando las banderas del laicismo terminó con la “Ley Amigorena” que habilitaba a las universidades privadas a expender títulos habilitantes.

Tucumán en pie de lucha

En abril de 2018 iniciamos con un grupo de madres un Amparo Judicial para que no se incluya la materia Religión ni rezos ni ritos en las escuelas públicas ya que es la única provincia en donde el adoctrinamiento religioso es obligatorio. Esto se basa en una retrógrada concepción de la Constitución y en la Ley de Educación Provincial por la que los padres pueden exigir que se dé a sus hijos, en horario escolar, religión (aunque la Católica es la única religión que se enseña).
El antecedente inmediato de nuestra demanda es el amparo presentado por un grupo de madres de Salta, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diciembre de 2017 resolvió “ordenar el cese de la enseñanza religiosa durante el horario escolar y como parte del plan de estudio, así como la realización de prácticas religiosas como rezos, bendiciones y oraciones en los cuadernos y en el ámbito de las escuelas públicas”.
Es indignante la injerencia de la Iglesia en toda nuestra vida, vulnerando derechos humanos mundialmente reconocidos, como el derecho al aborto legal seguro y gratuito en hospitales públicos. Tucumán es la única provincia que no adhiere a la ley de Salud Sexual y procreación responsable y no se instrumenta la Educación Sexual Integral por una subordinación del gobierno provincial al Arzobispado.
Esa intromisión de la Iglesia avanza con movilizaciones de los “pro aborto clandestino” ahora “Con mis hijos no te metas” en contra de la educación laica y científica y de la perspectiva de género en la ESI.
La Iglesia es una estructura de poder muy grande en el Estado, al servicio de sus políticas reaccionarias y explotadoras. En la historia de la humanidad y de nuestro país, siempre estuvo del lado de las clases dominantes y de las dictaduras: Videla, Hitler, Mussolini y Franco son algunos de los ejemplos. Siempre protegiendo también a los curas pedófilos.
La enorme ola verde que recorre a la Argentina y el mundo está haciendo tambalear esa herramienta de dominación al servicio de la burguesía.
Justamente por eso hoy debemos redoblar nuestros esfuerzos por frenar su ofensiva desesperada contra nuestros derechos y los de nuestros hijos.

La Comisión Educación Laica

Desde el MST junto a Lita Alberstein impulsamos la Comisión Educación Laica en Tucumán, a la que se sumaron organizaciones como ILEC Argentina ANDHES, APDH y compañeros interesados. Tuvimos una importante repercusión en los medios provinciales y nacionales. Fuimos construyendo un espacio que crece día a día, realizando tres apostasías colectivas con 500 personas. Y coordinamos actividades con la Campaña Federal por la Separación de la Iglesia del Estado.
Hoy la Cámara en lo Contencioso Administrativo Sala II de la capital tucumana dispuso abrir la demanda a todas aquellas personas u organizaciones que compartan nuestro reclamo de educación laica, haciéndolo publicar en forma oficial en medios importantes de la provincia. Convocamos a unirse a nuestra lucha.
El Arzobispado inició una campaña de difamación contra nosotros, aduciendo que pretendemos dejar sin trabajo a los docentes de religión. Rechazamos esas acusaciones ya que promovemos su reubicación, la cual corresponde ejecutar al gobierno. Además, la Iglesia Católica que recibe subsidios anuales de $32.000.000.000 para educación: que pague los salarios de sus maestros de religión, salarios que hoy pagamos con nuestros impuestos.
Vamos por la educación laica y científica, la educación sexual integral para todes. Que la Iglesia y el Estado sean asuntos separados.

Ángel Paliza, Abogado. Profesor de Escuelas Experimentales Universidad Nacional de Tucumán