Pese al voto en contra del macrista Rosenkrantz, la Corte Suprema ratificó que no habrá beneficio del 2×1 a los genocidas. Igual, el gobierno mantiene su ofensiva represiva.
El juez federal Gustavo Lleral, a cargo de la causa por la muerte de Santiago Maldonado, dictó un fallo bochornoso: cerró la investigación y exculpó al Estado. Allí reafirma la teoría oficial: Santiago se tiró al río y se ahogó por su voluntad, sin importar que huía de gendarmes que disparaban a mansalva en un operativo ilegal contra la comunidad mapuche. El gendarme Echazú, signado por las pruebas como presunto autor material de la muerte de Santiago, fue sobreseído.
Así, sin responsables materiales ni políticos, ese asesinato queda impune en una nueva señal de vía libre a la violencia institucional. Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia -que integramos- acompañamos la denuncia de la familia Maldonado. Pero hay más…
Luz verde a los Chocobar
Es una receta conocida que, a mayor ajuste, mayor represión. Macri y su ministra Bullrich lo saben. Por eso mantienen presos políticos como Milagro Sala y Daniel Ruiz. Por eso días atrás la policía asesinó a dos compañeros de la CTEP, Rodolfo Orellana y Marcos Soria, en La Matanza y en Córdoba respectivamente. Y por eso aprovecharon la cumbre del G20 para autorizar a «francotiradores» contra la marcha. La detención de un dirigente de izquierda por portar handies fue apenas un detalle de lo que vendría después.
La Resolución 956/2018 de la ministra de (In)Seguridad habilita a las fuerzas de seguridad federales1 a usar armas de fuego ante cualquier «peligro inminente». Bulrich flexibiliza todas las recomendaciones internacionales para proceder ante situaciones «de peligro» con procedimientos antes vedados. Legaliza la doctrina Chocobar, permitiendo disparar por la espalda en caso de fuga o cuando «se cree» que el perseguido está armado (aunque no lo esté). El policía, gendarme o prefecto será a la vez juez y parte, o mejor dicho juez y verdugo, para aplicar la pena de muerte a su antojo y sin siquiera juicio previo. La medida es tan brutal, que hasta Elisa Carrió salió a criticarla.
Tales permisos para disparar habilitan el uso indiscriminado de armas de fuego. Y aumentarán los casos de gatillo fácil policial, que hoy ya son uno por día. Además, permitirían disparar en el marco de una protesta social si el policía «cree» que alguien pudiera estar armado. Esta medida represiva es previa a reformar la ley de Código Penal y contrario a los tratados internacionales de derechos humanos.
Así como la movilización popular derrotó el 2×1, a este nuevo reglamento también hay que enfrentarlo en las calles y con la mayor unidad posible. Al servicio de esa lucha, en estos días junto a nuestra compañera Alejandra Giordano patrocinaremos el amparo por inconstitucionalidad que presentarán Alejandro Bodart, Vilma Ripoll y Cele Fierro.
Claudia Leaños y Mariana Chiacchio,CADHU-MST
1 Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
