Con la excusa de dar seguridad, el gobierno de Macri, mediante una resolución de su ministra Bullrich, resolvió dar luz verde al gatillo fácil de las fuerzas represivas. El martes 18D, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia -que desde el CADHU y el MST integramos- convocó a una marcha masiva y un acto de repudio en Plaza de Mayo, en donde se leyó el documento que reproducimos abajo. Además, en el camino de desmantelar todo el aparato represivo, señalamos algunas propuestas a corto y mediano plazo para atacar la falta de seguridad.

La inseguridad es un problema muy grave, claro está. ¿Cómo no va a haber inseguridad, si con este gobierno los puestos de trabajo y los salarios son más inseguros que nunca? ¿Cómo no va haber inseguridad, si la violencia de género es moneda corriente y hay un femicidio cada 30 horas? ¿Y cómo no va a haber inseguridad, si este plan de ajuste y entrega produce cada día más desigualdad social y exclusión, que son las causas básicas que hacen crecer los niveles de delincuencia?
Pero la medida del gobierno tiene otros objetivos. Por un lado, Macri sabe que su ajuste no pasa sin represión y por eso habilita el accionar represivo, autorizando incluso a disparar por la espalda. A la vez, efecto Bolsonaro mediante, el gobierno se juega a que sus medidas punitivistas y xenófobas de derecha le permitan sumar votos. Lamentablemente, muchos trabajadores y sectores medios creen que la mano dura puede resolver algo. Muy por el contrario, como ya lo demostró el fracaso de las leyes Blumberg, sólo traerá más inseguridad.

Nuestras propuestas

Lo primero es enfrentar este ajuste, que genera más delito. Y la xenofobia no va: según la propia justicia el índice de delictividad de los extranjeros es igual al de los nativos. Un plan económico distinto, en beneficio de las mayorías, debe incluir un plan de shock con becas educativas y primer empleo juvenil. Más de un millón de adolescentes ni-ni, que no estudian ni trabajan, es mano de obra barata para que la recluten las redes del delito.
Pero esas redes del delito económicamente organizado no podrían funcionar sin el amparo de comisarios, jueces y punteros. ¿O acaso detrás de cada pibe que afana un auto no hay un “comi” que regentea un desarmadero? Más cana no es solución: la cana es parte del problema. Por eso proponemos elegir los comisarios, jueces y fiscales por voto popular, revocables si no cumplen, para que les tengan que rendir cuentas a los vecinos y no dependan del poder político.
En cuanto a la policía y las fuerzas de seguridad, se debería prohibir por ley la represión a los reclamos populares. Además, hay que depurarlas de todo agente implicado en hechos de represión o corrupción. Y permitir la sindicalización policial, para poder reclamar por sus derechos y denunciar a los jefes corruptos sin temor a represalias.
Asimismo, hay que terminar con las razzias y la militarización de zonas enteras. Establecer un control de los organismos de derechos humanos sobre las comisarías y todo el accionar policial. Y promover la auto-organización vecinal para garantizar la seguridad en los barrios populares.

Pablo Vasco,CADHU-MST

Documento del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia

Desde el EMVJ nos movilizamos hoy a esta plaza histórica, frente al presidente Macri como máximo responsable político, para decir bien fuerte: No a la doctrina Bullrich, No al gatillo fácil y la represión.
Con la falsa y ambigua excusa de un supuesto “peligro inminente”, la Resolución 956 del Ministerio de Seguridad que comanda la ministra Patricia Bullrich Luro Pueyrredón habilita a las fuerzas de seguridad federales a disparar sus armas de fuego, con total impunidad y discrecionalidad, contra personas desarmadas. Es, lisa y llanamente, autorizar a dichos agentes armados a hacer al mismo tiempo de juez, parte y verdugo.
Esta medida profundamente autoritaria y antidemocrática es el más reciente acto del gobierno nacional de Cambiemos en su permanente ofensiva en busca de intensificar la represión y el control social en todo el territorio. Tan brutal es dicha medida que hasta generó críticas en la propia coalición gobernante.
A la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel y el lanzamiento de la llamada “doctrina Chocobar”, en julio pasado se les sumó el Decreto presidencial 683 que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión interna.
Y a los recientes asesinatos de Rodolfo Orellana y Marcos Soria por las policías bonaerense y cordobesa, al endurecimiento de la criminalización a los que luchan y la injusta prisión de Daniel Ruiz, Milagro Sala y demás presos por luchar, Macri les suma los proyectos de reforma de códigos procesales penales y del Código Penal para reprimir a los sectores más vulnerables, los trabajadores, las mujeres, la juventud y demás protestas sociales.
Ante esta ofensiva represiva al mejor estilo del ultraderechista Bolsonaro, una vez más reivindicamos el derecho elemental de nuestro pueblo a luchar contra el hambre y la desocupación, como en Siam, Cresta Roja, Interpack y otras luchas; contra los tarifazos y todo el ajuste que pretenden imponernos Macri y sus cómplices políticos y sindicales.
La reunión del G20, la sumisión a las corporaciones, al FMI y al pago de la deuda externa son parte de ese ajuste capitalista e imperialista que repudiamos. En pocas palabras, nos quieren ajustar, hambrear y saquear, y no sólo sin derecho a protestar sino además bajo amenaza de bala.
Por esas razones nos oponemos de plano a esta nueva legislación de tinte fascista, que avasalla derechos y garantías democráticas que fueron conquistados con décadas de lucha popular.
En ese contexto, rechazamos la legalización directa del gatillo fácil que significa el nuevo protocolo de la ministra Bullrich. Bajo el gobierno de Macri, en menos de tres años el Estado argentino ya asesinó a más de 1.100 personas con el gatillo fácil y en lugares de detención, como los 10 jóvenes quemados en la comisaría de Esteban Echeverría, en un promedio atroz de más de una muerte por día.
Así como mediante la movilización popular logramos derrotar el nefasto beneficio del “2 x 1” a los genocidas, desde el EMVJ iniciamos hoy una campaña nacional de denuncia y llamamos a mantener la movilización en las calles, con la mayor unidad de acción, hasta derrotar la nefasta Resolución 956 de la ministra Bullrich y frenar la represión.

• Justicia por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, Rodolfo Orellana y Marcos Soria.
• No al cierre de la causa Maldonado.
• Justicia por Lucía Pérez. Basta de femicidios y justicia patriarcal.
• Libertad a Daniel Ruiz, Milagro Sala y demás presos por luchar.
• No a la persecución a Sebastián Romero y demás manifestantes del 18 de diciembre.
• En defensa de todas las luchas.
• No a la doctrina Bullrich.
• No al gatillo fácil y la represión.

Sentencia caso Ana María Martínez: ¡Perpetua para Apa y Muñoz!

Guillermo Schilling, marido legal de Ana María y querellante; Carmen Metrovich, cuñada de Ana María; la Comisión de Familiares, Amigos y Compañeros; Vilma Ripoll y Mario Doglio, en la sentencia histórica para nuestra compañera del PST, desaparecida y asesinada por la dictadura en 1982.