La valiente denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés, junto a Actrices Argentinas, tuvo alto impacto social y abrió diques. Mientras las instituciones nos revictimizan y muchos medios nos confinan en ese rol y/o banalizan la cuestión, las mujeres seguimos debatiendo cómo combatir mejor la violencia machista y sus causas, cómo cambiar esta justicia patriarcal y también la efectividad o no de la política punitivista. Algunas pautas para la reflexión.

A partir de la denuncia de Thelma crecieron los relatos en primera persona en las redes, las llamadas a la línea 144 y las denuncias sociales y penales. El grito colectivo #MiráCómoNosPonemos repercute en todos los ámbitos, incluido el político. En estos días un senador nacional radical fue imputado por abuso sexual, también un senador bonaerense de La Cámpora y un concejal quilmeño del Frente Renovador y gremialista fue detenido por proxenetismo. Y la lista sigue.
La proliferación de casos da cuenta de un problema sistémico. Con distintos niveles de responsabilidad individual, daño y gravedad, todos expresan el orden patriarcal. Como sostiene la antropóloga Rita Segato, la masculinidad tiene un mandato de violación: en ella no hay un móvil sexual, sino una demostración de poder que busca aleccionar (y lo paradójico es que el agresor se supone un moralizador). O sea, es “un hijo sano del patriarcado”, cuyo mandato es construido por esta sociedad.
Su desnaturalización obliga a transformar las relaciones entre los géneros y a desarmar las asimetrías de poder entre los binarismos hombre/mujer, heterosexual/homosexual y cis/transgénero. Esto incluye cambiar el rol histórico de los varones, hoy en profunda crisis. Al mismo tiempo, debe llevarnos a cuestionar a todo este sistema económico-social y su Estado, que es a la vez patriarcal y capitalista, por ser el origen del machismo y demás violencias. El problema entonces no es moral, sino político. Y el punitivismo, que también es moralizador, reduce la cuestión de la violencia al plano individual sin atacar sus causas de fondo.

El feminismo anticapitalista no es punitivista

Ante casos de violencia machista, lo inmediato es proteger a la denunciante y separar al denunciado del ámbito que compartan, sin esperar al fallo judicial. Pero existe un sector feminista punitivista cuyo eje de acción es el escrache y que iguala denuncia a condena automática. El escrache a veces puede ser útil, pero depende si fortalece el reclamo de justicia, no cuando lo sustituye.
Al respecto, la antropóloga Rita Segato advierte: “Cuidado con los linchamientos, pues hemos defendido por mucho tiempo el derecho al justo proceso, que no es otra cosa que el derecho al contradictorio, a la contradicción, al contraargumento en juicio”1. Thelma expresó algo similar: “Lo que quiero es que construyamos algo nuevo… No creo en el escrache por el escrache, caer en eso es muy peligroso”2.
La movilización incluye escraches cuando no hay justicia, como en el caso de Lucía Pérez, cuyo tribunal absolvió a los femicidas. Pero el contenido debe ser distinto al linchamiento. Segato agrega: “Cuando la justicia estatal falla, otras formas de justicia aparecen, pero no son espontáneas, pues hay deliberación, consulta, escucha, y la consideración por parte del colectivo de que se puede estar cometiendo un error -eso es el contradictorio, eso es el espacio para la posibilidad de la contradicción. El linchamiento es una forma de ejecución sin ninguna de esas garantías.”
Considerando la denuncia (por eso protección inmediata a la víctima), y sabiendo que a veces es tardía por el propio entorno patriarcal, luego se debe investigar y dar derecho a defensa3 y, si corresponde sanción, la verdadera reparación tiene que ser trascendente y sistémica. Cada vez que un varón comete violencia machista hay que impartir una condena concreta, pero además de ser acorde al tipo de daño debe apuntar a una transformación social. Esto no quita que a veces haya utilización política de las denuncias o ataques falsos como campaña de descrédito.
Las agresiones sexuales que conseguimos tipificar como delito son sólo la punta del iceberg de una conducta social. Por mucho tiempo constituyeron “el mundo” y sus formas de entenderlo, que hoy las mujeres estamos desarmando. Por eso hay que luchar por justicia, entendiendo que si alguien incurre en una práctica abusiva no necesariamente se convierte en un abusador de por vida si se toman las medidas pertinentes. No es lo mismo un hecho que una práctica repetida. Tampoco es igual entre casi pares -como ocurre entre adolescentes en los colegios, a menudo por ausencia y/o corrimiento de los adultos- que cuando hay una amplia desigualdad de poder, como en el caso de los curas abusadores pedófilos. Todas las violencias son punibles, pero no lo son todas por igual. Es preciso interpelar a las instituciones, y si éstas fallan, elaborar colectivamente la denuncia.
El punitivismo, en cambio, sólo propone neutralizar a las personas por vía de su encierro, eliminación o expulsión social. Pero esas políticas de mano dura nunca fueron garantía de que disminuya la violencia. Menos aun cuando existe una avanzada punitivista oficial que pretende apropiarse del capital social conquistado y utilizar la figura de la mujer como víctima para dirimir estas cuestiones. Tal es la política del PRO y su reforma penal de 2016, con aumento indiscriminado de las penas y mayor autonomía de las fuerzas policiales4. En ese momento el colectivo Ni Una Menos planteó bien: “en las calles, mientras feminismos y grupos de mujeres, lesbianas, travestis y trans nos dolíamos con rabia por contar un femicidio más, sin embargo ninguna pidió lo que en este proyecto de ley se propone.”
Ejemplo contrario son las propuestas que muchos feminismos venimos realizando en torno a la ESI, el presupuesto para la Ley 26.485 anti-violencia y otros cambios más de fondo.

Cambiar las reglas, cambiar todo

La ley Micaela, que prevé formación en todo el Estado en perspectiva de género, es necesaria pero insuficiente. En eso diferimos con Segato: derrocar el patriarcado no implica sólo educar “con perspectiva de género” en las instituciones del mismo régimen político que reproduce la desigualdad y la violencia. Tampoco es efectivo el plan “interministerial” contra la violencia de género que anunció Macri. Por eso exigimos:

Aplicación de la ESI en todo el sistema educativo, clave para prevenir los abusos. A esto se oponen los sectores anti-derechos, como la Iglesia y los evangelistas.
Un presupuesto nacional de emergencia anti-violencia, porque el actual es mísero: menos de un peso por mujer por mes. Sin plata para asistencia integral, casas-refugio y subsidios no hay Ni Una Menos.
Cumplimiento efectivo de la Ley 27.210 de patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género, aprobada en 2015 pero que aún no se cumple.
Terminar con esta justicia patriarcal, con tres medidas urgentes: 1) Elegir los jueces y fiscales por voto popular, con mandatos limitados y revocables en caso de mal desempeño. 2) Implementar los juicios por jurados populares con paridad de género. 3) Integrar juezas mujeres en todos los tribunales, desde el más inferior hasta la Corte Suprema nacional.
En definitiva, llamamos a luchar por transformar el dolor en fuerza para ir por un cambio social radical, lo cual sólo es posible mediante un proyecto político colectivo y revolucionario.

Juntas y a la Izquierda-MST

1. Página 12, 16/12/18.
2. Clarín, 16/12/18.
3. Así se actuó hasta con los genocidas de la dictadura: el movimiento de derechos humanos nunca hizo justicia por mano propia, sino que siempre luchó por juicio y castigo. El escrache fue un emergente ante la impunidad, consensuado en forma colectiva.
4. Esa política punitivista del gobierno prosigue hasta hoy.