Ya pasó el cónclave papal por los abusos, y sus resoluciones generaron más bronca. Los abusos sexuales de los curas, el sometimiento a las monjas y demás violencias sexuales que se viven en la Iglesia no son por un grupo de curas y obispos que “desviaron” su camino, sino un accionar institucional con aval vaticano al negar y encubrir sistemáticamente a los abusadores. Como hizo Francisco con los obispos pedófilos George Pell y Gustavo Zanchetta, la Iglesia les brinda una red de contención e instauran un silencio “sagrado” entre los sobrevivientes.
Gracias a la lucha que se viene dando en muchos países, el silencio ya no es regla, el encubrimiento empieza a tambalear y se avanza en juzgar a los curas abusadores. En Entre Ríos, por ejemplo, comienza el juicio al cura abusador Marcelino Moya. Los sobrevivientes dieron una primera batalla que llevó a este juicio, al ganar que el delito no prescriba. Ahora los defensores de Moya esperan que la Corte Suprema defina si esos delitos vencen o no.
Para que vayan a juicio todos los casos de abuso, hay que abrir todos los archivos de la Iglesia, abolir el secreto pontificio y crear una comisión investigadora independiente integrada por sobrevivientes y familiares. En lo inmediato, proteger a les niñes y adolescentes requiere prohibir por ley a los curas estar a solas con menores. Junto con eso, es preciso eliminar todos los subsidios y subvenciones del Estado a la Iglesia Católica y a toda la educación religiosa. Son pasos hacia un Estado totalmente laico, como lo explicamos en nuestro reciente libro Iglesia y Estado, asuntos separados.

Nadia Burgos