El 20 de mayo a la madrugada, tras ser perseguidos y baleados desde un móvil de la Bonaerense, cuatro menores y un joven que iban en un Fiat 147 chocaron contra un camión con acoplado en la colectora de la ruta 3, cerca de San Miguel del Monte. Cuatro pibes asesinados y una sobreviviente es el saldo de esta nueva masacre anunciada.
Todavía internada en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, Rocío Guagliarello (13) se recupera lentamente. Sus compañeros de escuela y amigos Danilo Sasone (13), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Aníbal Suárez (22), que habían salido con ella a dar una vuelta, ya no viven. Sus últimos videos desde el auto los muestran a todos felices, cantando…
La primera versión de la Policía Bonaerense sobre el hecho fue que hubo un “accidente de tránsito” luego de que los chicos “escaparan a toda velocidad” de un control policial. También se intentó instalar que se habían negado a identificarse o que habían robado. Pero pronto los vecinos fueron desarmando todo ese mentiroso montaje oficial, que incluyó amenazas, intento de coimas al chofer del camión y ocultamiento de pruebas: contaron que habían oído disparos y empezaron a mostrar videos y audios. A las pocas horas terminó surgiendo la verdad de manera irrefutable: no hubo ningún control ni escape, sino que la cana decidió perseguir y balear a los chicos.
“Se sabía, los mató la policía”
Desde el otro día de las muertes, el 21 y los días siguientes, en la hasta ahora tranquila localidad bonaerense de Monte cientos de personas, amigos y compañeres de los chicos asesinados, vecinas y vecinos salieron a las calles con dolor e indignación. Frente a la Municipalidad y luego ante la comisaría local, repudiaron la masacre policial y exigieron justicia.
El viernes 24, en Buenos Aires, organismos de derechos humanos, familiares de víctimas del gatillo fácil y organizaciones de izquierda confluimos en una movilización conjunta desde Plaza Congreso hasta Plaza de Mayo. Participó un grupo de familiares, amigos y vecinos de los pibes de Monte. La columna del MST la encabezó Cele Fierro.
El viernes 31 hubo otra importante marcha unitaria en La Plata, de la que también participamos. Salió de Plaza Italia, pasó por Tribunales y terminó con un emotivo acto ante la Gobernación, en donde familiares de los chicos de Monte denunciaron la responsabilidad política de Vidal y su secretario de seguridad Ritondo.
Investigación y castigo
Fruto de toda esta movilización popular y también del repudio nacional que despertó la masacre, ya hay 12 policías detenidos, así como el secretario de seguridad de Monte, a la vez que fueron pasados a retiro seis comisarios generales de la cúpula de la Bonaerense.
No obstante, la investigación judicial debe ir bastante más allá del tiroteo mortal y por eso es necesario que los familiares y los organismos de derechos humanos tengan una participación directa en la misma. Por ejemplo, en audios de Whatsapp enviados por dos policías el mismo 20 poco después de la masacre, se dice que: “el Pipi y otros más estaban bajando droga (…) y los chicos cruzaron y lo vieron. Y los sacaron a correr porque estaban bajando droga”.
El “Pipi” es el ex jefe policial de calle, Héctor Ángel, acusado por muchos vecinos de Monte por transa, coimero y separado hace poco de la fuerza junto a otro agente por infracción a la Ley de Drogas. Si la propia ministra Bullrich mencionó “una trama más profunda”, ¿no será que los chicos fueron testigos involuntarios de una transa narco-policial y por eso los persiguieron y les dispararon?
Asimismo hay que desnudar a fondo toda la cadena de encubrimientos de la masacre, incluido el más que ambiguo rol de la intendenta massista Sandra Mayol.
Doctrina Chocobar = muerte
La relación es directa. Desde hace rato el gobierno nacional, por boca de Macri, Bullrich y otros altos funcionarios, viene bajando línea explícita a las fuerzas policiales y de seguridad de salir a disparar frente a cualquier circunstancia. También sectores del PJ y el massismo alientan la “mano dura”.
Esa es la concreción lisa y llana de la llamada doctrina Chocobar -el policía que mató a un delincuente en el piso e indefenso-, la Resolución 956/18 que habilita el uso discrecional de armas de fuego y el proyecto oficialista de reforma del Código Penal para bajas la edad de imputabilidad y legalizar los actos de represión, entre otras medidas. Con la “seguridad” como excusa, fortalecen el aparato represivo para coartar las protestas populares y endurecer el control social.
Además, que un policía le haya dicho a la mamá de Danilo, cuando fue a reconocer el cuerpo, “para qué tiene tantos hijos si no puede cuidar a uno solo”, o que otros dos canas llamativamente hayan intentado “visitar” a Rocío en el hospital, es parte de esa misma impunidad represiva que ha crecido notoriamente con el gobierno macrista.
Cómo lograr seguridad
En primer lugar, si este gobierno beneficia descaradamente a sus amigos empresarios, hambrea al pueblo e hipoteca el país; y si el gobierno anterior estuvo plagado de corrupción, ¿qué ejemplo de conducta se les da a las nuevas generaciones, al millón y medio de jóvenes “ni-ni” al que le roban toda perspectiva de futuro? Sobre una base de desigualdad social creciente, gobernantes que suben al poder sólo para ajustar al pueblo trabajador y enriquecerse son el primer gran delito a combatir. Por eso, junto a cambiar el modelo económico, proponemos un plan de shock de inclusión educativa y laboral juvenil.
La policía, Gendarmería y demás fuerzas son parte del problema: hace falta depurar de ellas a todos los jefes y agentes vinculados con hechos de corrupción o represión. Junto con eso, una seguridad realmente democrática debe ser esencialmente preventiva, tener prohibido por ley reprimir protestas sociales, elegir a los comisarios por voto popular y con cargos revocables, poner las comisarías bajo el control de organismos de derechos humanos, promover la autodefensa vecinal en los barrios y reconocer el derecho a la sindicalización policial. Lo demás es todo verso.
Pablo Vasco, CADHU-MST
