El domingo 16, Día del Padre, la Argentina e incluso regiones limítrofes, amanecieron a oscuras. En lo que fue un apagón sin precedentes, el suministro de electricidad del país entero (salvo Tierra del Fuego) se había cortado. Recién al mediodía se comenzó a recuperar el suministro, que volvió a la mayor parte del país por las horas de la tarde. Sin embargo, 48 horas después, 32.000 usuarios siguen sin luz en Capital y GBA.
Las empresas Edesur y Edenor que monopolizan la distribución de energía en el país, atribuyeron el masivo corte a «una falla masiva en el sistema de interconexión eléctrica». Después del papelón del secretario Lopetegui que no supo qué decir en conferencia de prensa, el propio gobierno reconoció que hubo al menos cuatro fallas en distintos puntos de la red de alta tensión. Desde entonces Edesur, Edenor, la operadora de la red Transener y la transportista mayorista del sistema eléctrico Cammesa, se vienen desligando de responsabilidades y culpándose mutuamente.
Lo cierto es que el apagón fue una nueva y dramática muestra de la falta de inversión y mantenimiento de la infraestructura a cargo de las empresas concesionarias, y de su absoluto desdén por los millones de usuarios. Lamentablemente, esto es lógico e inevitable, porque las empresas capitalistas tienen como objetivo ordenador la obtención de ganancia, y todo lo demás es subordinado a este fin. Siempre harán lo más rentable por encima de lo más seguro, eficiente, lógico o beneficioso para los usuarios, que son clientes presos del monopolio absoluto de esas empresas.
Por ejemplo, es posible que una causa inicial del apagón haya sido que Cammesa estaba despachando más energía de lo adecuado desde el Litoral, tratando de aprovechar el caudal de aguas por lluvias en la generación hidroeléctrica, que es más barata, y que haya sobrecargado la red.
Por eso, el problema de fondo es que el suministro de electricidad, así como del agua, el gas y demás servicios públicos, estén en manos de empresas privadas. Estos derechos sociales deberían ser garantizados por el Estado. Sin embargo, todos los políticos tradicionales defienden mantener a las privatizadas. Los gobiernos kirchneristas subsidiaron sus ganancias, el macrismo les habilita tarifazos, Crisitina y Kicillof aseguran que, de volver al gobierno, volverían a mantener a estas empresas.
Solo la izquierda propone la única solución de fondo, para garantizar un servicio accesible, seguro y de calidad, que es reestatizarlas y ponerlas bajo el control de los trabajadores y usuarios.
Federico Moreno
