Guillermo Pacagnini, dirigente de CICOP y de ANCLA-MST
Frente a los graves hechos denunciados en los últimos días en el ámbito de la salud, conversamos con Guillermo Pacagnini, candidato a diputado nacional por el FIT Unidad en la Provincia de Buenos Aires, quien también detalló las propuestas socialistas.
¿Qué opinás de las denuncias de mala praxis de la última semana?
Es un error considerar estos graves sucesos como hechos aislados y de responsabilidad individual. Acá hay un contraste macabro: mientras el Hospital de Berazategui suspende cirugías y tratamientos oncológicos por falta de insumos, en una clínica privada de esa misma localidad se muere gente en situaciones totalmente evitables. La peor mala praxis es hundir el sistema público de salud como han venido haciendo los gobiernos del PJ y ahora de Cambiemos. Además de reclamarle a Vidal que deje las mentiras de campaña y disponga un aumento presupuestario de emergencia para fortalecer el sistema público, hacen falta medidas de fondo para salir de la crisis sanitaria.
¿Cuáles son los problemas de base que configuran esa crisis?
Son tres gruesos problemas estructurales, algo así como el Triángulo de las Bermudas del sistema público de salud. El primero es el desfinanciamiento: Buenos Aires mantiene el récord de tener el presupuesto relativamente más bajo del país, un 5.5%, y con Vidal es el más bajo de la historia. Aunque viene bajando año a año, con Scioli estaba en el 6,5%. Hay una corresponsabilidad en esos presupuestos de ajuste de todas las variantes del PJ, los K, Massa (socio de Vidal en todas las leyes) y demás que se unieron en el Frente de Todos. Todos le votaron a Vidal estos presupuestos de ajuste y lo mantuvieron a la baja cuando gobernaron. Ésa es la causa de los salarios bajos, la falta de personal e insumos y la gravísima crisis de infraestructura edilicia, algunas casi obsoletas. Claro que este ajuste es nacional: la inversión en salud no llega al 2% del PBI, cuando debería superar el 5% como mínimo.
¿Cuáles son los otros problemas?
La desjerarquización del recurso humano. Hospitales despoblados (los planteles mínimos no se cubren y la dotación necesaria se desconoce, salarios bajos, precarización, las condiciones de alto desgaste laboral que llevan a que el equipo de salud se enferme más que la media de la población. Y siguen las situaciones de violencia. Donde más se lucha, como en Bs. As., con la CICOP bajó la precarización a niveles mínimos, pero en los municipios llega al 50% y en el Hospital Posadas y localidades del interior del país llega al 80%.
El tercer pilar de la crisis es la fragmentación del sistema. No sólo no hay un sistema único con un plan sanitario, como el que haría falta, sino que ni siquiera hay coordinación entre los centros de salud barriales, los hospitales zonales y los de cabecera interzonales. Si bien no hay arancel directo, subsisten mecanismos indirectos en los municipios y la tercerización de servicios como la limpieza, con personal ultraprecarizado. Recuperando la coparticipación que el gobierno nacional se lleva a su caja política, estableciendo un sistema tributario progresivo y repudiando la deuda pública, la Provincia tendría los recursos para financiar un sistema único de salud pública, gratuita y de calidad. Y lo mismo en el país, si damos vuelta todo.
¿Hay una reforma sanitaria que se promueve, así como la laboral y la previsional?
La salud pública es una conquista popular que fue reflejo de un proceso mundial de avance en derechos económico-sociales obtenidos a partir de esa victoria colosal que fue la Revolución Rusa. Allí se puso en pie el primer sistema único a cargo del Estado. Un salto de calidad, que derramó de manera parcial y desigual en el mundo y se desarrollaron en las décadas siguientes diversos servicios de salud, El Estado puso plata y se empezó a considerar a la salud como un derecho y no como beneficencia. El National Health Service británico (sistema público de salud británico) fue un reflejo de esto. Aquí se plasmó en el Plan Carrillo, que no fue una graciosa concesión peronista sino una conquista obrera y popular, como tantos otros derechos del «estado de bienestar»: tener salud gratuita sólo pagando el impuesto de rentas generales.
Desde fines de los ’50 el Consenso de Washington fijó una línea para liquidar esta conquista, así como otros derechos, servicios públicos y el salario social. Y aprovecharon cada ciclo de crisis capitalista para intentar avanzar. El FMI y el Banco Mundial fijaron dos vías para la «reforma»: liberar al Estado de la inversión en salud y transformarla en otra rama de producción capitalista. O sea, del derecho al negocio.
¿Y en nuestro país?
En las dictaduras de los ’60 y ’70, al desarrollar las obras sociales, se empezó a desfinanciar el sistema y transferir recursos al sector privado. Y en los ’90 se pretendió dar un salto de calidad apelando a vías de financiamiento alternativas al presupuesto estatal, como los aranceles directos o encubiertos, mecanismos de autogestión, privatizaciones y la racionalización y precarización del personal. Esto se plasmó en leyes y decretos, muchos de los cuales fueron derrotados con la lucha, derogados o nunca aplicados. La «joya sanitaria de la abuela» no la pudieron robar, como hicieron con otras empresas del Estado y servicios públicos como los trenes, teléfonos, energía. La defendimos como conquista popular, pero quedó malherida.
El gobierno kirchnerista no tocó ni uno de los engranajes que impuso Menem, lo siguió desfinanciando y aumentó la precarización. Macri y Vidal vinieron a meter la reforma sanitaria, la CUS (Cobertura Universal de Salud), pero tuvieron que retroceder por la lucha. El próximo gobierno la tiene en agenda y tenemos que prepararnos para resistir.
¿Cuál es la salida?
Marchar hacia un sistema único de salud, que integre a las obras sociales que están en crisis, son botín de Estado y la burocracia sindical y las pagan les trabajadores. Que se financie desde rentas generales y garantice gratuidad total y un shock de oferta de servicios, incluyendo la producción pública de medicamentos e insumos. El sistema de salud no puede regirse por la ganancia: es el servicio esencial por naturaleza. El Banco Mundial dice subsidiar la demanda: que el Estado banque sólo a los más pobres con salud de baja calidad y que el resto pague con aranceles directos o indirectos. Nosotros decimos presupuestar la oferta triplicando el presupuesto, con recursos provenientes de no pagar la deuda y de impuestos a los ricos. Pero hay dos cuestiones clave para consolidar ese sistema único y nacional.
¿A qué te referís?
A desarrollar un programa de transición para poner en pie ese sistema público. Para eso hay que avanzar en medidas que afecten los intereses capitalistas. Hay dos premisas ineludibles: el sistema de salud público no puede competir ni convivir con el sector privado y las multinacionales del llamado complejo médico-industrial. No puede ser que el Estado subsidie al sector privado que lucra con la salud, mientras hospitales y centros sanitarios funcionan únicamente sobre las espaldas de sus trabajadores, que dejan su salud y su vida para atender a la gente. Por ejemplo hay que declarar de utilidad pública toda la capacidad instalada del sector privado e incorporarlo progresivamente al sistema único, incluyendo a esos trabajadores a las plantas del nuevo sistema. Lo mismo con las empresas de producción. Y todo bajo control de trabajadores y usuarios.
La segunda premisa es que estas medidas en la salud deben ser parte de un cambio de modelo económico-social de conjunto, de avance hacia un modelo socialista. Esto incluye nacionalizar el comercio exterior, expropiar a las corporaciones y romper los pactos con el FMI. También liquidar las patentes y lograr una verdadera producción pública que ponga al medicamento como un bien social. No hay vueltas: sin socialismo no hay solución de fondo para la salud.
Entrevistó: Enrique Silva
