Un policía porteño mató a un hombre de una patada, mientras en Chubut detenían a delegados docentes en lucha. En la otra punta del país, en Chaco, la policía arremetía a gases y balas de goma contra desocupados. Toda esa represión da luz verde a que custodios de COTO mataran a golpes a un jubilado hambriento que se llevó un aceite, un queso y dos chocolates. Y además siguen los femicidios y los crímenes de odio…
Toda esta violencia sólo tiene una víctima: el pueblo trabajador. Y todos estos casos, como las más de 6.500 muertes por gatillo fácil policial o muertos en comisarías desde el regreso de la democracia, los presos y procesados por luchar, los muertos en protestas sociales, los Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, los pibes de la Masacre de Monte, tienen un responsable indiscutido: el Estado, este Estado capitalista, represivo y patriarcal.
Aunque desde el gobierno o los grandes medios a su servicio quieran hacer pasar cada hecho como producto de algún “elemento aislado” de las fuerzas represivas, o intenten justificar el uso de la violencia contra las marchas y protestas sociales, en realidad todo está cruzado por el mismo hilo conductor: la necesidad de tener un aparato represivo dispuesto a mantener a raya a como dé lugar al pueblo trabajador, las mujeres y los jóvenes que se levantan contra el ajuste y las injusticias.
Por eso Macri y su ministra Bullrich felicitan al asesino Chocobar, blanqueando el gatillo fácil tal como lo hicieron con los gendarmes y prefectos asesinos de Santiago y Rafael. Pero no se quedan ahí: tras haber asignado a las FF.AA. a tareas de seguridad interna para “liberar” gendarmes para reprimir, el 9 de julio volvieron con los desfiles militares incluido Aldo Rico, ese milico carapintada y golpista. Y no es la primera vez que este gobierno lo hace. Además de negar el genocidio de lxs 30.000 compañerxs detenidxs-desaparecidxs, homenajean a “víctimas de la guerrilla” como hicieron los ministros de Defensa y Derechos Humanos, Aguad y Avruj, que buscan una y otra vez igualar el terrorismo de Estado con las acciones -a nuestro juicio equivocadas- de grupos guerrilleros y así reinstalar la teoría de “los dos demonios”. Ayer y hoy, el que viola los derechos humanos es el Estado.
También avanzaron con las prisiones domiciliarias a genocidas que estaban en cárcel común e incluso habían fogoneado beneficiarlos con el “2×1”, pero fue repudiado masivamente en las calles y tuvieron que retroceder. En materia judicial la impunidad dio un paso cuando hace poco absolvió al genocida Milani, hecho que mucha dirigencia K y del PJ salió a festejar, aunque aún no está dicha la última palabra ya que este represor en breve deberá enfrentar nuevamente a la justicia por el caso Ledo. Y la última fue reimplantar el servicio cívico-militar en manos de Gendarmería para captar a miles de pibes y pibas que no pueden acceder al trabajo ni al estudio.
No pasarán
Todas estas medidas de mano dura son guiños a las distintas fuerzas de seguridad, un reconocimiento a su accionar, decirles que pueden hacer lo que quieran que ahí va a estar el Estado para premiarlos, protegerlos, defenderlos e incluso hacer la vista gorda ante esas bolsas de crimen y corrupción que son las policías, que están detrás de las redes de trata, el narcotráfico y las zonas liberadas para el delito. La política oficial de impunidad hacia los represores de ayer es un mensaje de luz verde a los represores de hoy, lo que a su vez alimenta la violencia social como sucede con los simples custodios de un supermercado, un barrabrava o algún patova de un boliche que se sienten con derecho sobre la vida ajena.
El gobierno necesita tener a esas fuerzas represivas aceitadas y comiendo de su mano para poder utilizarlas contra las luchas populares que resisten el ajuste del FMI, ajuste que con Macri o con Alberto Fernández seguirán descargando contra el pueblo trabajador, las y los desocupados, el feminismo, la juventud y demás sectores populares. Para eso cuentan con la complicidad de los políticos del sistema y también de la justicia que, salvo excepciones, está al servicio de los ricos y poderosos. Para eso compran picanas Taser, para eso militarizan los barrios populares, para eso hacen razzias y controles abusivos contra lxs jóvenes.
Pero el pueblo se organiza y no permite que este Estado represivo avance todo lo que quisiera contra las libertades y derechos democráticos. Este martes 27 por ejemplo, fuimos miles en la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil en Buenos Aires y en otras ciudades, y el 26 también en La Plata: no bancamos que maten a un pibe cada 21 horas. Y el 12 de setiembre volveremos a marchar al cumplirse un año de la injusta detención de Daniel Ruiz. Y el 16 seremos miles otra vez en las calles de todo el país recordando a los pibes de La Noche de los Lápices. Y lo mismo el 18, cuando se cumplan 13 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López.
Basta de represión
La violencia represiva del Estado -o amparada por éste- y la impunidad se pueden frenar y contener con la movilización popular, junto a los organismos de derechos humanos que sean consecuentes y junto a la izquierda que siempre damos pelea. Pero para desterrar esos males de raíz necesitamos ir por cambios más de fondo.
Por eso proponemos desmantelar el aparato represivo. Dar de baja a todo efectivo que haya sido parte de represión, casos de gatillo fácil y/o hechos de corrupción, juzgarlos y condenarlos, que los comisarios sean elegidos por voto popular y con mandato revocable, y que los organismos de DD.HH. ejerzan un control sobre las comisarías y el accionar policial. ¿O acaso es un secreto que muchos comisarios amparan o son parte activa de la coima y las mafias del delito organizado? Creemos que, ante la inseguridad, también debe existir autoorganización vecinal en los barrios. Y que los policías deben tener derecho a sindicalizarse, por sus derechos, para denunciar la corrupción de los jefes y negarse a reprimir las luchas sociales. Asimismo, exigimos el desprocesamiento de todos los activistas populares y la libertad de todos los presos políticos. Y como este sistema capitalista es también patriarcal, también hace falta un urgente plan contra la violencia de género y los crímenes de odio, comenzando por destinar presupuesto suficiente.
En cuanto al genocidio, todos los partícipes y sus cómplices civiles, empresariales, políticos, sindicales y eclesiásticos deben ser juzgados y condenados a cárcel común y efectiva. Lo mismo para los integrantes de las bandas fascistas que actuaron antes al amparo del gobierno peronista, como la Triple A y la CNU (Concentración Nacional Universitaria). La apertura de todos los archivos de la dictadura y la restitución de la identidad de los jóvenes apropiados son también demandas pendientes.
Junto con estas medidas democráticas y de prevención hace falta combatir la desigualdad social de este sistema capitalista, que es la causa de fondo de la inseguridad y la violencia: inclusión educativa y laboral para la juventud ya, trabajo y salarios dignos para todxs, acceso a la salud, la educación y la vivienda. Para fortalecer la pelea por estos cambios, te invitamos a que milites con nosotrxs. Porque es hora de decir ¡chau Macri y Bullrich!, ¡chau ajuste y represión!
Juan Bonato
