En mayo pasado, un grupo de diputadas peronistas presentó en el Congreso un proyecto de ley de emergencia en violencia de género, que incluye algunas medidas mínimas. Pero desde el 2009 ya rige en el país la Ley 26.485 antiviolencia, a la que los sucesivos gobiernos no le asignan fondos suficientes. La clave para lograr Ni Una Menos, ¿es la nueva ley o un presupuesto urgente para aplicar la que ya existe?

En este sistema capitalista y patriarcal, la violencia de género es un flagelo estructural porque la clase dominante se beneficia de la desigualdad de la mujer en todos los ámbitos y, en especial, de su trabajo doméstico gratuito. Por eso hay que enfrentarlo, derrotarlo y luchar por una sociedad sin opresión ni explotación. No obstante, esa estrategia no implica no actuar en lo inmediato a fin de combatir la violencia. Muy por el contrario.

La expresión más brutal de la violencia machista, los femicidios, continúa. Según los últimos datos, en la Argentina cada 24 ó 28 horas una mujer, sea cis o trans, es asesinada por el simple hecho de ser mujer. Solamente en lo que va de enero a agosto de este año se cometieron 200 femicidios y 148 niñas y niños quedaron sin sus madres. Es barbarie patriarcal, con todas las letras.

Leyes ya hay…

Leyes antiviolencia hay. En abril de 2009, como producto de la lucha del movimiento de mujeres, el Congreso aprobó la Ley 26.485 “de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”. Esa ley contiene una definición correcta y amplia de violencia “basada en una relación desigual de poder” (art. 4), define sus diferentes tipos (física, psicológica, sexual, económica y simbólica, art. 5) y sus modalidades según los ámbitos en que ocurre (doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática, art. 6).

La ley dispone como organismo rector a cargo de las políticas públicas al ex Consejo Nacional de la Mujer (art. 8), hoy Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Éste debe elaborar un “plan nacional de acción” y, para aplicarlo, articular con los ministerios y demás áreas del Estado así como con organizaciones de la sociedad civil (art. 9). Además, en su artículo 10 la ley establece todos los dispositivos necesarios: campañas de prevención, asistencia interdisciplinaria (médica y psicológica) a las mujeres víctimas de violencia, patrocinio jurídico gratuito, programas de asistencia social, centros de día y albergues (refugios) e inclusive programas de reeducación para hombres violentos.

Es más: el fuerte reclamo social contra la violencia machista también logró que a fines de 2015 se aprobara otra ley específica de patrocinio jurídico gratuito (27.210), así como en julio de 2018 la Ley “Brisa” de subsidios a hijas e hijos de víctimas de femicidios (27.452) y a fin del mismo año la Ley “Micaela” de capacitación obligatoria en género a todo el personal de los tres poderes del Estado (27.499). ¿Pero entonces, si leyes adecuadas ya hay, por qué el nivel de femicidios no decrece?

El Estado y los gobiernos, responsables

La respuesta a la pregunta anterior no es ningún secreto: como ocurre con todas las leyes que requieren fondos, el mayor obstáculo para que realmente sean efectivas es que cuenten con un presupuesto suficiente para garantizar su aplicación. Sin plata, son papel mojado. Lo demás es puro verso. Y destinar esas partidas de plata es una responsabilidad política muy concreta del Estado en general y de cada gobierno y del Congreso en particular, ya que en sus manos está cada año, respectivamente, presentar y aprobar la Ley de Presupuesto. No por casualidad ellos mismos la llaman “ley de leyes”…

En este sentido, los números hablan e indignan por sí solos. Durante este año el presupuesto total para el INAM, incluidos los sueldos de su personal, equivale a menos un peso por mes por cada mujer del país. ¿Quién puede creer que con esa miseria se pueda hacer algo mínimamente útil para disminuir el número de femicidios, combatir la violencia de género y asistir a sus víctimas? Para el 2020, el monto asignado “sube” a 1,50 pesos por mujer por mes. Una vergüenza, que confirma que más allá de todos los discursos de ocasión el Estado, el presidente y los gobernadores son responsables de la persistencia del índice de femicidios.

¡Más que nueva ley, presupuesto ya!

El proyecto peronista de ley, junto a declarar por dos años la emergencia nacional en violencia de género, propone tres medidas mínimas: abrir al menos una casa-refugio por cada jurisdicción, otorgar un subsidio mensual de $ 7.500 a las mujeres que sufren violencia de género y formar a cien mil “promotoras territoriales para prevenir y erradicar la violencia de género en zonas de alta vulnerabilidad social”, que cobren ese mismo monto.

En cuanto a los refugios, la propuesta está muy por detrás de lo necesario y hasta de la magra realidad actual. Por ejemplo la Comisión de Derechos Humanos de la ONU plantea como mínimo abrir una casa-refugio de diez plazas cada 30.000 habitantes, lo que daría un total de 1.500 en el país. Hoy ya funcionan unos 200 a nivel nacional, o sea que proponer un piso de un refugio por jurisdicción (provincia) es menos que la nada misma.

A su vez el subsidio mensual no requiere de ninguna nueva ley, ya que la 26.485 dispone que “el Estado nacional debe garantizar”: “programas de asistencia económica para el autovalimiento de la mujer” (art. 10 inciso 3). Y lo mismo con las “promotoras” que plantea el proyecto de las diputadas peronistas: la Ley 26.485 vigente también establece “programas de acompañantes comunitarios para el sostenimiento de la estrategia de autovalimiento de la mujer” (inciso 4). O sea, con un simple decreto basta…

Más bien pareciera que el único objetivo distintivo del proyecto peronista es repartir esas “promotoras” entre “ONG con personería jurídica que trabajen en la prevención de violencia de género”, es decir, entre las orgas más amigas del gobierno de turno. Por supuesto, no nos oponemos a que organizaciones sociales reales participemos de la prevención antiviolencia. Pero los femicidios y la “emergencia” requieren mucho más que eso: un verdadero presupuesto para cumplir con todos los mecanismos que ya contiene la Ley 26.485 y bajo control social, tal como lo disponían los proyectos que en su momento presentaron nuestros dirigentes Alejandro Bodart en la Legislatura porteña y Vilma Ripoll en la Legislatura bonaerense. Ésa es nuestra propuesta concreta para avanzar hacia Ni Una Menos. ¡Leyes sobran, lo que falta es plata!

Cele Fierro, Juntas y a la Izquierda-MST