Como resultado de la oleada feminista mundial de la que nuestro país es parte, incluso en momentos de cierto impasse de las expresiones callejeras masivas, hay temas que la política institucional ya no puede obviar. Posicionarse sobre el aborto legal es hoy una obligación. Y en este caso, posicionarse realmente no admite grises.

Ante las recientes palabras del presidente electo Alberto Fernández sobre la cuestión del aborto y las declaraciones surgidas en su apoyo, compartimos nuestro punto de vista. Es preciso despejar toda ambigüedad al respecto, porque se trata de la salud y la vida de las mujeres y demás personas con capacidad de gestar. Y es preciso señalar a los antiderechos, como la Curia católica y sus socios evangélicos, para enfrentar con más certeza cada presión retrógrada y cada maniobra del enemigo. Al mismo tiempo necesitamos que vuelva a subir la marea verde, porque sólo con lucha en la calle tendremos la ley.

Es verde, no gris

Fue desde México en la UNAM, y en respuesta a una pregunta del público, que Fernández expresó: «Yo no soy un hipócrita. Si hay algo que me complica la vida es decir lo que creo. Toda mi vida enseñé que el aborto nunca debió haber sido un delito. Y a esta altura de los acontecimientos creo que no debe ser un delito y que el Estado debe garantizar que las mujeres puedan acceder a un aborto en condiciones de asepsia». Sus palabras suscitaron muchas declaraciones de apoyo, ya que Fernández también mencionó que el aborto es un problema de salud pública a resolver.

Su declaración incluye dos aspectos que llevarían a medidas contrapuestas. Decir que «el aborto no es delito» lleva a quitarlo del Código Penal, o sea a despenalizar. Y decir que «el Estado debe garantizar el acceso al aborto en condiciones de asepsia», con lo que por supuesto coincidimos, lleva a legalizar. Una y otra vez, con distintas palabras, Alberto reitera una postura ambivalente que incluye las dos alternativas o incluso las combina en dos posibles etapas.

Con la cercanía del traspaso de gobierno, lógicamente se tensan las expectativas sobre qué pasará con el debate de la ley de aborto en el Congreso. El problema es que ya desde la inmensa pelea que venimos dando desde 2018 por conquistar el aborto legal, seguro y gratuito se intenta, por medio de ambigüedades, preparar el terreno para «avanzar» sólo con la despenalización bajo argumentos como que «la relación de fuerzas en el Congreso no da para legalizar».

No es así. Como ya se demostró de sobra en los debates parlamentarios del año pasado, la opción de limitarse a sacar del Código Penal el derecho a decidir no resuelve nada. Y los grises en problemáticas de salud y derechos humanos son inadmisibles. El movimiento feminista y disidente viene desde hace mucho luchando por una ley de aborto seguro en el hospital, que garantice seguridad sanitaria, poner fin al negociado de las clínicas privadas y romper la hipocresía de la clandestinidad. Lo único que garantiza nuestro derecho a decidir sobre nuestra capacidad reproductiva y a una sexualidad plena es legalizar. Y si hay voluntad política y movilización, los números del Congreso, esa famosa «relación de fuerzas», se puede cambiar.

Con lucha en la calle, será ley

En un comunicado de fecha 6N, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto «saluda las palabras del presidente electo Alberto Fernández con respecto a la necesidad de legalizar el aborto, sacarlo del Código Penal, así también el planteo de entenderlo como un asunto de salud pública que debe ser garantizado por el Estado».

¡¿Otra vez la ambigüedad?! Que el presidente lo sea, allá él. Pero si en este país hay alguien que no debe serlo es precisamente la Campaña, porque contraría su razón de ser y hasta su propio nombre. Si bien es correcto pedirle una audiencia a Fernández para hablar sobre el proyecto de ley de IVE presentado en mayo pasado y su tratamiento parlamentario, no lo es «saludar» la indefinición presidencial que le abre la puerta a una trampa política.

Venimos de un proceso electoral en donde Cambiemos y el Frente de Todos-PJ incluyeron a celestes declarados en lugares de toma de decisiones. Sabemos de su cercanía con la cúpula de la Iglesia Católica, cuyo presupuesto, incumpliendo la promesa oficial de «reducción progresiva», no se redujo en nada sino que aumentó (1). Y ya vimos la complacencia de Alberto Fernández hacia antiderechos declarados como el gobernador tucumano Manzur. El alerta, entonces, es más que rojo.

Sólo hay una forma de que el Estado garantice el acceso al aborto en condiciones de salud: la expresan los ocho proyectos de ley que fueron presentados en estos 14 años de organización que lleva la Campaña, espacio que integramos. Y así lo explicita el lema que construimos y seguimos levantando: «educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir».

Si hay algo que la marea verde nos enseñó en 2018 es que la confianza la tenemos que depositar en la movilización y en la unidad en la diversidad de quienes movilizamos. Hoy más que nunca necesitamos que la marea verde vuelva a subir, que la Campaña sea la vocera de convocar a toda la juventud que llenó las calles del país en cada pañuelazo y cada acción frente al Congreso. Con lucha en la calle, lo que parece imposible se vuelve posible. Desde Juntas y a la Izquierda y el MST decimos: ¡Ni un paso atrás!

Nadia Burgos

1 El proyecto de Presupuesto nacional 2020 destina, a través de la Secretaría de Culto, 240 millones de pesos para sueldos y jubilaciones de obispos, curas y becas de seminaristas.