El asbesto es un material altamente cancerígeno que en la Argentina está prohibido desde el 2001. A pesar de esto, en el 2011 Macri compró al Metro de Madrid. 65 vagones que contenían asbesto. Recién el año pasado se hizo público este hecho, gracias a la denuncia de los trabajadores del subte. Habiendo pasado un año, ya son 13 los trabajadores afectados y el 30% de las formaciones que circulan por los túneles de Buenos Aires contiene asbesto.

El primer alerta saltó en España: dos trabajadores del Metro de Madrid murieron por la exposición al asbesto, presente en los trenes CAF 5000, los mismos que circulaban por la Línea B. En Buenos Aires, meses después de la denuncia hecha por los trabajadores del subte, la empresa estatal SBASE y Metrovías, el concesionario del servicio, reconocieron la presencia del asbesto.

De ahí para acá, poco y nada. Empujados por los paros, la liberación de molinetes y otras medidas de los trabajadores, la empresa sacó algunas formaciones de circulación y muy lentamente se empezaron a hacer los estudios a los trabajadores, identificando hasta ahora a 13 compañeros afectados por el contacto con el asbesto.

En las últimas semanas, en una entrevista de la CNN, el presidente de SBASE reconoció que no son sólo las formaciones compradas a España las que contienen asbesto, sino al menos 37 de las 121 formaciones en circulación. Es decir, el 30% de los subtes.

La gravedad de esta situación, que expone a una gran parte de los trabajadores del subte y también a los usuarios, exige medidas urgentes. Como reclama un sector de los metrodelegados, es necesaria la realización inmediata de los estudios al conjunto de los trabajadores y un plan inmediato de desasbestización, que reemplace las formaciones con dicho material. A la vez, como planteamos en la denuncia penal realizada por nuestro compañero Edgardo Castro, los responsables son Macri, Larreta, el presidente de SBASE y Metrovías. Todos operaron para ocultar la compra de vagones con materiales prohibidos y los daños que esto podía provocar en los trabajadores y usuarios. Deben ser juzgados y castigados.

Daniel Contreras