La Curia católica y sus socios evangélicos no pierden ocasión de entrometerse en la vida civil, en especial en las cuestiones de género. La laicidad debe ser una política de Estado, para separar de éste a la Iglesia Católica y anular los millonarios subsidios públicos a toda la educación religiosa.
Días atrás se publicó la 2ª encuesta nacional del Conicet sobre creencias religiosas. Respecto de la anterior, de 2008, quienes se reconocen católicos bajaron del 76.5 al 63%. Sólo una de cada cuatro personas católicas va a misa de vez en cuando. Y en una suerte de «polarización» crecieron el ateísmo, del 11 al 19% (y casi un 25% en la juventud), y el evangelismo, del 9 al 15%.
Además, se duplicó al 79% quienes aceptan el derecho al aborto: 27% para todos los casos y 52% para los no punibles. Los sectores evangelistas son los más antiderechos. A su vez, más del 61% de la población acepta que un matrimonio igualitario puede adoptar niñes, mientras que sólo un 24% cree que la mujer debe quedarse en el hogar a cuidar a sus hijes.
Otro dato clave de la encuesta es que mientras en 2008 el 41.7% pensaba que «el Estado no debe financiar a las confesiones religiosas», en 2019 esa convicción subió casi al 60%. Es decir, hoy seis de cada diez personas se oponen a que con la plata que aportamos todes el Estado siga bancando las instituciones confesionales.
Basta de intromisión antiderechos
Apenas se conoció la resolución del secretario de Salud sobre el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la Iglesia Católica y sus pares evangélicos salieron con los tapones de punta. Entre otros, saltaron el arzobispo platense Víctor «Tucho» Fernández, el vocero del Papa, y la diputada electa Dina Rezinovsky, macrista y evangélica. Esa presión, más la de otros celestes como el senador Pinedo y la ministra Stanley llevaron al decreto derogatorio de Macri y a la renuncia de Rubinstein.
Otro ejemplo de esa injerencia retrógrada fue cuando el dirigente peronista y católico Eduardo Valdés, ex embajador argentino en el Vaticano, sugirió que el Papa «va a entender» una posible ley de aborto. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) lo cruzó diciendo que nadie habla por el Papa y ratificando su cruzada anti-aborto.
Basta de curas pedófilos
En estos días, la dura condena a 42 y 45 años de cárcel a dos curas del Instituto Próvolo de Mendoza por abusar sexualmente de niñes con sordera confirma la complicidad de la Iglesia con los abusadores. El Vaticano no los penaliza mediante su proceso canónico, sino que los protege: «No hemos podido proceder en el proceso canónico porque nunca tuvimos más información que la de los medios, ya que las autoridades judiciales argentinas no nos dieron acceso a las actas y pruebas del proceso civil». Pero la justicia mendocina lo refutó: «Está muy mal lo que dicen. Primero, hablan de justicia civil y dictamos una condena penal. Segundo, deberían mostrar los pedidos de información. Tercero, dijeron que no van a iniciar el proceso hasta que haya sentencia firme. Ahí está el secreto: sentencia firme en dónde; puede ser en la Corte provincial, en la nacional o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son unos hipócritas». Y el abogado de las víctimas agregó: «Son cómplices ocultando pruebas que están obligados a dar. Estamos cansados de su cinismo»(1).
Insistimos: como en una institución toda de varones, jerárquica y misógina como la Iglesia Católica las conductas de pedofilia son un hábito estructural, hay que prohibir por ley a los curas estar a solas con niñes en lugares cerrados.
Basta de cobrar del Estado
Al revés de lo que prometió el jefe de gabinete macrista Peña, de reducir los subsidios para los sueldos y jubilaciones del clero, se aumentan: los 181 millones de pesos que la Iglesia recibió en 2019 pasan a 241 millones en 2020. Esa plata va a pagar los sueldos y jubilaciones de 153 obispos y arzobispos, 640 curas y las becas de 1.200 seminaristas. ¿Por qué le seguimos pagando la jubilación al dinosaurio Aguer, que propuso «excomulgar al presidente que legalice el aborto»? ¡Que se vayan a trabajar!
Pero el principal monto que la Iglesia Católica recibe del Estado es en subsidios a sus colegios, igual que los de las demás religiones. La cifra total supera los 60.000 millones de pesos por año, que pagan las provincias. Son rápidos para pedir plata, pero todos incumplen la Ley de Educación Sexual Integral. ¡Quien quiera un colegio religioso, que se lo pague!
Además, ¿cómo es que un profesorado estatal como el Instituto de Formación Superior de Aguilares, Tucumán, los curas les impidan rendir finales a docentes por faltar a una misa de egresados? ¿Cómo es que en esa provincia aún sigan dando religión católica como materia en la escuela pública, que se supone es laica?
Hay que anular todos estos subsidios derogando las leyes que los otorgan(2), las exenciones fiscales y demás privilegios de la Iglesia Católica. También hay que reformar el Código Civil para que deje de ser considerada como persona jurídica pública, anular el Concordato Argentina-Vaticano (Ley 17.032) que antepone el derecho canónico a la legislación nacional y revertir la cesión gratuita de inmuebles. En fin: ¡Iglesia y Estado, asuntos separados!
Pablo Vasco
1 En la web totalnews.com.ar, 26/11/19.
2 Leyes 21.540, 21.950, 22.162, 22.430, 22.950 y 24.483, casi todas de dictaduras militares.
