Nuevamente aparece otra ley para «regular» los alquileres que deja intactos los problemas de fondo. Supuestamente, es para favorecer a los inquilinos. Sin embargo, lo que garantiza esta ley es la tasa de rentabilidad del negocio inmobiliario.

Con sólo el dato de que una de cada tres familias tiene problemas de vivienda en la Argentina podemos tener magnitud del problema habitacional. Y si tenemos en cuenta que esta proporción del 33% se mantiene desde hace más de un siglo, podemos afirmar categóricamente que nunca hubo una política para acabar con este flagelo insoportable para el desarrollo humano y económico del país.

Esta presión del déficit habitacional es una política deliberada que busca una sobredemanda que eleva artificialmente los precios de las viviendas y sus alquileres. Genera una situación de vulnerabilidad mayor para les trabajadores y sectores populares, que en la mayor parte de los casos destinan más de un 40% de sus ingresos a la vivienda. Y a la vez, habilita a los capitalistas inmobiliarios a exigir todo tipo de garantías además de sobrevaluar los precios de los alquileres.

Si tenemos en cuenta que el promedio de alquiler es de 12.500 pesos y el salario mínimo es de 15.625, tenemos que los gastos de alquiler representan el 80% del ingreso de más del 50% de la población activa. Es decir, una situación crítica total.

El negocio inmobiliario, además de cementar en forma indiscriminada las ciudades y sin ningún tipo de planificación, lo que altera y profundiza el deterioro ambiental y del hábitat por reducción de los espacios verdes, aprovecha este desfasaje estructural como medio de enriquecimiento y refugio predilecto de capitales especulativos.

A todo este panorama le debemos agregar el hecho de que existen viviendas ociosas en alta magnitud, producto de la especulación inmobiliaria. Por ejemplo, según el Instituto de la Vivienda porteño, el IVC, en la Ciudad de Buenos Aires hay 138.328 viviendas ociosas: ¡es casi la mitad del déficit habitacional en ese distrito!

¿Qué cambia con esta ley?

Como la situación de los inquilinos es tan desfavorable, siempre aparece una legislación nueva que solo es un aditamento para que todo se mantenga igual. ¿Por qué pasa esto? Porque el problema es tan real que los políticos del régimen necesitan fuegos de artificio para engañar con algunas concesiones insignificantes, pero sin modificar la tendencia general. En este sentido, un dato empírico lo muestra con claridad: entre 1921 y 1995 se dictaron al menos cien normativas con respecto a los alquileres. Como decíamos al principio, desde hace más de un siglo que la situación macro del déficit habitacional es la misma. Más claro, echale agua.

En este contexto obtuvo media sanción el nuevo proyecto de ley. Nada nuevo bajo el sol. No obstante, en esta oportunidad es tan poco el margen de concesiones para los inquilinos que hasta sectores de las inmobiliarias salen a festejarla y estudios pormenorizados alertan que es posible que con las nuevas modificaciones terminen perdiendo las y los inquilinos. Veámoslo en más detalle.

La ley tiene como punto principal la adecuación de un aumento del alquiler con un índice combinado, que tomaría el salario y la inflación para calcularlo. De esta manera está claro que los inquilinos, que en más del 90% de los casos viven de un sueldo o una jubilación, siempre tendrán un aumento del alquiler mayor que el de su ingreso. ¿Por qué hacen esto? Porque el problema de los últimos años es que al deteriorarse el salario los alquileres terminaron aumentando menos que la inflación, lo que empezó a ser menos atractivo para los propietarios especuladores. Con esta nueva ley se garantizan un aumento mayor al de los ingresos de sus inquilinos. Esta legislación viene a mantener la tasa de rentabilidad de las propiedades para los parásitos inmobiliarios a costa de quienes alquilan. Es debido a este cambio que la ley extiende a tres años la duración de los contratos.

El otro tema que vuelve a aparecer, y es un retroceso, es que esta nueva ley establece que las comisiones deben ser divididas entre el propietario y el inquilino. O sea, los gastos los pagan ambas partes, pero las ganancias se las lleva uno solo.

Nuestras propuestas

Tal como lo plantea el proyecto de Ley de Alquiler Social que presentó nuestro dirigente Alejandro Bodart cuando fue legislador porteño (Exp. Nº 716/2015), los puntos clave de una política de alquileres con sentido popular deben ser los siguientes:
1. Declarar la emergencia habitacional y crear un impuesto creciente para las viviendas ociosas, como presión para volcarlas al mercado de alquileres y de ese modo bajar los precios.
2. Otorgamiento de garantía en forma gratuita por parte del Estado, con sus propios inmuebles.
3. Subsidio al alquiler para vivienda, de carácter parcial y transitorio, a cargo del Estado. Serán beneficiarias las familias o personas con bajos ingresos o en situación de emergencia habitacional.
4. Promover un plan de créditos públicos a tasa cero para permitir el acceso a la vivienda propia.
5. Aumento salarial de emergencia y tope al valor de los alquileres para que no superen más del 20% del ingreso familiar.
6. Prohibir la cementación indiscriminada y especulativa, auditoría social de su impacto ambiental, obligación a las constructoras de realizar las obras de remediación y altas multas por el daño producido.
7. Destinar dichos fondos y partidas especiales a un verdadero plan de viviendas populares, lo que además de disminuir el déficit habitacional crearía miles de puestos de trabajo en la construcción y sus industrias auxiliares.

César Latorre