En la última semana, el tema aborto volvió a ser eje de debates públicos e incluso tapa de los diarios por dos hechos: el protocolo de aborto no punible que Macri vetó y el anuncio de Alberto Fernández de que presentará su proyecto de ley de aborto. Nuestras opiniones al respecto.

El 8 de agosto de 2018, con más de un millón de mujeres movilizadas ante el Congreso, un puñado de senadores dinosaurios votó en contra de la ley de aborto y nos negó el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Algunas corrientes hablaron de derrota, otras afirmamos que la marea verde hizo historia y nada será como antes.

A su vez, con la fuerza de nuestra lucha venimos denunciando el incumplimiento de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) para los casos de aborto no punible (ANP), desde las instituciones de salud hasta los gobiernos provinciales. Hay varias provincias que no adhirieron al protocolo nacional de 2015 y algunas como Mendoza ni siquiera cuentan con una guía oficial.

La fallida actualización 2019 del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la ILE dictada por la Secretaría de Salud tenía dos mejoras: 1) mientras que el ex ministro Ginés González García sólo publicó el anterior protocolo en la web ministerial, al ser publicado éste en el Boletín Oficial tenía más peso para presionar a las provincias; 2) sus cambios recogen los avances que las feministas pusimos en agenda durante estos dos años:

• Causal por la salud integral. Refuerza la definición de la OMS e incluye un apartado que explica su alcance. Desde la Ley de Salud Mental, define salud como «un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de derechos humanos y sociales de todas las personas».
• Consentimiento en la niñez. Las pibas somos sujetos de derecho, y sumando los cambios al Código Civil expresa: «Entre los 13 y 16 años las personas adolescentes pueden dar su consentimiento autónomamente para las prácticas de ILE cuando ésta no implique un riesgo grave para su salud o su vida», lo que acompaña con un formulario oficial.
• Plazos. En base al considerando 25 del fallo FAL de la Corte Suprema, expresa: «El plazo entre la solicitud de la práctica y su realización no debería ser mayor a 10 días corridos». El protocolo de 2015 no establecía plazos.
• Objeción de conciencia. En un apartado aclara la imposibilidad de alegarla en forma institucional, porque nunca puede ir en detrimento del derecho humano de acceso a la salud y además sólo se puede alegar sobre la interrupción y no sobre el acompañamiento a la salud integral.
• Misoprostol y mifepristona. El protocolo 2019 aclara que incorporar esa combinación medicamentosa aumenta la eficacia y disminuye los efectos secundarios. Es una presión positiva para que la ANMAT apruebe la mifepristona, cuya producción, igual que la del misoprostol, debería ser pública (estatal).

Pero en fin, por presiones anti-derechos Macri lo derogó, Rubinstein renunció y hemos presentado un amparo.

¿Qué será el proyecto?

La otra noticia importante fue que AF presentará su proyecto de ley de aborto. Aun cuando su decisión refleja la presión de la marea verde, surgen al menos tres preguntas. La primera es por qué ningunea al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, presentado por octava vez este año, que es fruto del debate colectivo y apoyan más de 700 organizaciones y activistas independientes. Si es para darle fuerza política porque viene del Poder Ejecutivo, podría ser. Pero entonces, AF debió haber hecho suyo el de la Campaña, que es integral y correcto.

Y ahí viene la segunda pregunta: ¿qué tiene de distinto el proyecto de AF? ¿No será que incluye alguna limitación sobre plazos, requisitos, objeción de conciencia u otras? No lo sabemos porque aún no se conoce, pero es preocupante porque AF todo el tiempo habló de «despenalizar y después legalizar». Sería inaceptable cualquier restricción, porque puede implicar riesgo de vida y de salud para las mujeres, niñas y demás personas con capacidad de gestar. La Campaña, que sacó un ambiguo comunicado de festejo, le solicitó una reunión a AF para hablar del tema: debería pedirle explicaciones públicas sobre el nuevo texto y aclararle que no vamos a retroceder ni una coma. Esa propuesta vamos a llevar a la próxima plenaria nacional de la Campaña, el 7 y 8D en CABA.

La tercera pregunta es si AF resistirá las presiones del Papa, la Iglesia y los evangélicos, ya que según trascendió hubo una caldeada reunión en su departamento en donde se decidió demorar el proyecto. Veremos si es así.

Ante las dudas que se abren, no caben excusas posibilistas sobre si habría votos suficientes para aprobar la ley de aborto en Diputados y no los habría en el Senado. Tanto el macrismo como el Frente de Todos metieron celestes en sus listas. Pero cuando hay orden política, los números cambian. Así hizo Alfonsín cuando se aprobó la ley de divorcio y así hicieron Néstor y Cristina cuando se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Si hay decisión política y movilización, todo es posible. Por eso, así como no aceptamos la «objeción de conciencia» para negar la ILE, no aceptamos la «libertad de conciencia» en el Congreso: el aborto es un tema de salud pública, como reconoció el propio AF, y por eso hay que legalizarlo sí o sí.

El movimiento feminista enfrenta el desafío de seguir alerta, organizándonos en asambleas y espacios colectivos para sostener con firmeza la lucha por nuestros derechos. Ninguna agrupación o sector puede negar los años de construcción colectiva, que crecieron en participación, reivindicaciones y luchas desde el Ni Una Menos, con la marea verde juvenil que ganó consenso social y que se expresa en cada oportunidad. Nuestra única garantía de victoria sigue siendo la movilización en las calles.

Protocolo de ILE: Cele Fierro y Ripoll presentaron amparo

El 26N, Cele Fierro y Vilma Ripoll presentaron un amparo colectivo contra el Decreto 785/19 que derogó la Resolución 3158/19 de Salud con el protocolo de ILE. El amparo, que patrocinaron nuestras abogadas Mariana Chiacchio y Claudia Leaños Parada (CADHU), recayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4, a cargo de la jueza Rita Ailán. Cele declaró: «El decreto macrista es una nueva acción antiderechos, que perjudica a las mujeres, niñas y demás personas gestantes. Como parte de nuestra lucha por el aborto legal, pedimos que la justicia declare inconstitucional al decreto para que así vuelva a tener vigencia el protocolo, que mejora el de 2015. No queremos más injerencia oficial ni clerical reaccionaria sobre nuestros cuerpos, sino el elemental derecho democrático a decidir».

Jeanette Cisneros