A dos semanas de la asunción del Frente de Todos, el pacto social sigue apareciendo como un eje articulador de la política del nuevo gobierno. Más allá de su viabilidad en medio de la crisis actual, sólo prometen migajas para pasar el verano. La burocracia sindical plantea tregua para garantizar el ajuste derivado de los acuerdos con el FMI. Hay que rechazar el pacto con las patronales y llevar los reclamos a las calles.
Pese a que no lo dejamos aplicar a fondo su programa de reformas reaccionarias y se retira derrotado, Macri deja secuelas de su ajuste en las y los trabajadores y sectores populares. Despidos, suspensiones, devaluación salarial, precios remarcados, pobreza creciente. Hay malhumor social y clima de reclamo y al mismo tiempo ciertas expectativas de que con la asunción del Frente de Todos vendrán medidas para «poner plata en los bolsillos» y encender la economía que lleva años de estancamiento e inflación. A la par que se reúne con el embajador yanqui, ratifica su alianza con los empresarios de la UIA y hace profesión de fe de que va a respetar el acuerdo con el Fondo, Alberto F. ensaya un doble discurso con algunos anuncios veraniegos para empezar con cierto respaldo su gestión.
Migajas en los bolsillos
A los ensayos del pacto social patronal-sindical, la semana pasada Alberto le sumó la puesta en escena de un «Consejo Federal Argentina Contra el Hambre». Para mostrar su necesidad de consensos, montó un amplio arco que va desde Daniel Arroyo, probable titular de Desarrollo Social; Funes de Rioja de la UIA, pasando por la burocracia sindical a pleno, ONGs, la Iglesia y el toque farandulesco de Tinelli, una suerte de ministro sin cartera. Abundó lo gestual, pero faltaron propuestas concretas del programa para revitalizar el consumo que vienen publicitando.
La precaria receta anticrisis sólo serían migajas en los bolsillos populares para tratar de sortear un verano caliente e iniciar el año político y la nueva gestión con la menor cantidad de sobresaltos. Veamos.
Por un lado, hablan de aumentos de emergencia en salarios mínimos, jubilaciones y planes sociales que podrían consistir en una suma fija. La misma oscilaría entre los 5.000 y 7.000 pesos en salarios y en el haber jubilatorio, más una tarjeta alimentaria que podría ascender, según trascendidos, a $ 6.000 que cubriría a las madres con hijos menores de 6 años que asisten a comedores. Es pura hipocresía que se hable de una canasta básica de alimentos «a precios razonables».
Lo prometido es apenas un parche de fin de año que no compensa ni de lejos la inflación galopante de este año, la pérdida del poder adquisitivo de toda la población trabajadora por la devaluación y está muy lejos de iniciar una «batalla contra el hambre».
Con una pérdida promedio del 20% en el valor salarial, una jubilación mínima de $ 14.000 (línea de indigencia) que cobra el 70% de los abuelos y planes sociales rondando los $ 7.000, los «aumentos» que daría el Frente de Todos son una burla. Seguirán dejando a millones por debajo de la línea de pobreza fijada por el INDEC en 35.647 pesos para una familia tipo (y sin calcular el costo del alquiler de la vivienda).
Mientras tanto, el supuesto acuerdo con los empresarios para congelar los precios de entre 300 y 500 artículos de consumo básico durante seis meses ya tiene el colchón previo de las remarcaciones de estos últimos 15 días, que promedian aumentos del 15%. Además, para el empresariado hay promesas de beneficios impositivos y apoyo crediticio. Como siempre, el «esfuerzo» cae del mismo lado: el nuestro.
Por qué necesitan un acuerdo social
Detrás del barniz del plan social está la estrategia real del próximo gobierno. Alberto Fernández ratificó su compromiso con los industriales, corporaciones extractivistas y patrones del agronegocio y se ha comprometido a abrir la cumbre de la UIA en Parque Norte. Se ha reunido con el embajador norteamericano planteando una «relación madura» y ratificado su compromiso de pagar la deuda, cuando el FMI designa una nueva misión en nuestro país.
Todos ellos saben que se profundiza la crisis capitalista internacional y que serán, a diferencia de los primeros gobiernos de los Kirchner, tiempos de vacas flacas. Para cobrar la deuda, más allá de los términos de renegociación y mantener la tasa de ganancia del establishment, deberá tomar las medidas para que la crisis la sigamos pagando los de abajo. Por ello insisten en las reformas estructurales, laboral, previsional y fiscal, conscientes de que deberán adaptar los tiempos y las formas porque no hay márgenes políticos para ensayos al estilo Macri.
Alberto es consciente de que se vienen tiempos de reclamos y hay un real temor a la epidemia latinoamericana de rebeliones y revoluciones. Para amortiguar todo costo político, el pacto social, tenga la forma que tenga, pasa a ser una política de Estado. Para ello apelarán a la siempre lista dirigencia sindical corrupta, que promete paz social a cambio de mantener sus privilegios. Rechazamos la trampa de estos acuerdos de colaboración de clases, en donde siempre los trabajadores terminan subordinados a los intereses de las corporaciones.
Todavía está por verse si lograrán una pata sindical firme para estas componendas de trastienda. La dirigencia de CGT y CTA no logra la famosa «unidad» por sus propias peleas internas y los movimientos sociales afines al PJ pretenden reconvertirse en una suerte de sindicato para colaborar. Pero, más allá de ello, desde el sindicalismo combativo y los movimientos piqueteros de lucha daremos batalla para movilizar y pelear contra todo ajuste y por recuperar derechos. Mientras las patronales debaten si hay o no que emitir moneda y la burocracia plantea una escandalosa tregua y a lo sumo discute si pedir un bono-miseria o dejarlo librado a la voluntad de las patronales, las y los trabajadores necesitamos preparar los reclamos y la lucha.
Por un programa de emergencia y un plan de lucha
Estamos organizando una nueva reunión de la mesa del Plenario del Sindicalismo Combativo y la convocatoria abierta a una gran Jornada Nacional de Lucha unitaria con cortes y marchas para las próximas semanas. Con una clara premisa: salir a rechazar toda idea de pacto social, apoyar los conflictos y reclamar un aumento general de salarios, jubilaciones y planes sociales actualizados en forma automática para compensar la inflación real. Reclamar retrotraer precios y tarifas para que los aumentos salariales sean reales y para romper el colchón tramposo donde pretenden montar el «acuerdo de precios y salarios». Reclamar paritarias sin techo y un programa de control popular de precios. Romper con el FMI, no pagar un peso e investigando la plata que se llevaron los amigos de Macri con la fuga de capitales. Prohibir por ley los despidos y suspensiones, repartir las horas de trabajo para trabajar todos y nacionalizar bajo control obrero toda empresa que no cumpla. Reestatizar las privatizadas con control social e impulsar una reforma tributaria de signo opuesto a la que piden las patronales; deberán pagar más los que más tienen y anular el IVA y otros impuestos al consumo popular.
Alberto busca un período de gracia, sin protestas; nosotros fomentamos el desarrollo de un plan de lucha. Llamando a todos los sectores sindicales combativos y a los movimientos piqueteros independientes e impulsando la mayor unidad de acción. Convocando asambleas y plenarios y reclamando un paro general. Desde ANCLA y el MST, junto al Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, en todo el país pondremos nuestras fuerzas al servicio de estos objetivos.
Guillermo Pacagnini
