En su discurso inicial al Congreso, AF abordó ambos temas y anticipó reformas. Pero salvo anular los fondos reservados de la AFI, no hizo otros anuncios muy concretos. Los debates sobre lo que dijo y las medidas que prepara el gobierno.

Empecemos por el tema justicia. “Una democracia sin justicia realmente independiente no es democracia… Sin una justicia independiente del poder político, no hay república ni democracia: sólo existe una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten”, dijo AF. Y luego adelantó: “En los próximos días vamos a enviar al Parlamento un conjunto de leyes que consagren una integral reforma del sistema federal de justicia”.

Según parece, la reforma judicial iría al Congreso en febrero, a sesiones extraordinarias. Habrá que ver la letra grande y chica del proyecto. Como AF centró sus críticas en los jueces federales de Comodoro Py, parecía amagar con algún juicio político. Pero su mano derecha, Santiago Cafiero, lo desmintió. Queda entonces lo que adelantó la ministra de Justicia, Marcela Losardo: aplicar el sistema acusatorio, “mejorar” la ley del arrepentido, reorganizar el sistema federal y, se supone, traspasar las escuchas telefónicas.

El sistema acusatorio es básico: que quien dirija la investigación en las causas sea el o la fiscal, no el juez o jueza. Pero ley sobre eso ya hay. Las escuchas sólo volverían a cambiar de mano: Macri se las quitó a la procuradora kirchnerista Gils Carbó y se las pasó a la Corte, que las delegó en un juez de cámara; ahora volverían al flamante procurador Rafecas, amigo de Alberto. Y la ley del arrepentido, que es canjear el buchoneo por reducir la pena, no hay que “mejorarla” sino derogarla. Así, el único cambio real sería repartir las causas penales en todo el sistema federal y no sólo en Comodoro Py, para diluir el poder de esos jueces…

Si esa es la reforma “integral”, no habrá “justicia realmente independiente” que prometió AF. La justicia actual es dependiente, funcional y adicta al poder político porque a los jueces los nombran los Consejos de la Magistratura, cuya integración está supeditada al poder político nacional o provincial, y se remueven por un jury similar. Ese mecanismo indirecto, sujeto a la rosca y los pactos políticos, es lo que hay que cambiar de raíz.

Junto a implementar los juicios por jurados populares con vecinxs sorteadxs del padrón electoral, la única democratización real del Poder Judicial (que es el único de los tres poderes republicanos no elegido por el pueblo) es que todo juez, fiscal y defensor, desde la Corte al último juzgado, se elijan en forma directa por voto popular, en elecciones en fecha separada de la elección política, por períodos limitados y no vitalicios, sin privilegios y revocables en caso de mal desempeño. Además, así se hace en no pocos países del mundo.

Sin esa reforma “integral”, que desde la izquierda venimos proponiendo desde siempre, la justicia seguirá siendo “una corporación de jueces atentos a satisfacer el deseo del poderoso”, que en este sistema son los capitalistas y sus amigos, “y a castigar sin razón a quienes lo enfrenten”, o sea al activismo social y político. Lo demás es doble discurso.

Basta de “servicios” y aparato represivo

Vamos al tema seguridad, siempre polémico. AF anunció: “He decidido intervenir la Agencia Federal de Inteligencia… Dispondré la derogación del Decreto 656 del 2016, que consagró el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado. Dichos fondos no sólo dejarán de ser secretos, sino que serán reasignados para financiar el presupuesto del plan contra el hambre”.

Desde ya, restarle plata a un aparato de espionaje que no se sabe para qué la usaba y volcarla a combatir el hambre cae bien. La cuestión es si se trata de un cambio estructural o de “reperfilar” para seguir con más de lo mismo.

La AFI es la ex Secretaría de Inteligencia, la ex SIDE, a la que CFK le cambió el nombre tras la muerte del fiscal Nisman. Tiene unos 6.000 agentes: la mitad de planta y la mitad “inorgánicos”. En 2019 tuvo casi $ 3.000 millones de presupuesto, incluidos 900 millones de fondos reservados, cuyo uso es secreto. Y sumando la plata para “inteligencia” de Seguridad (policías) y Defensa (FF.AA.) son $ 7.603 millones. Según versiones, AF dividiría a la AFI en tres: una parte a cargo de la inteligencia en el exterior, otra del narcotráfico y otra de la seguridad interior; estas dos últimas áreas pasarían al Ministerio de Seguridad, que integraría un Consejo junto con Defensa y la AFI remanente.

Pero por más que les saquen unos mangos, los repartan o los vuelvan a bautizar, los “servicios” serán siempre lo mismo: un aparato secreto cuyo objetivo esencial es espiar a luchadorxs y opositores. La única forma de concretar, como dijo AF, “nunca más al Estado secreto, nunca más a los sótanos de la democracia” sería disolver todos los “servicios” y abrir sus archivos. Y si hay que investigar a los narcos, que lo haga la justicia.

Por razones de espacio, no analizaremos aquí el tema FF.AA. Pero si según AF “estamos orgullosos como sociedad de tener hoy Fuerzas Armadas comprometidas con la democracia”, que hable a título personal porque está muy lejos de ser así. Menos aún con genocidas como Milani impunes.

Lo que AF sí dijo en el Congreso, y que contrastó con la nefasta doctrina Chocobar que defendían Macri y Bullrich, es que “debemos escapar de la lógica del gatillo fácil y de justificar las muertes por la espalda”. Ya la nueva ministra de Seguridad Frederic agregó que se van a derogar el protocolo de uso de armas de fuego, el programa de “identificación” en trenes y la portación de armas fuera del horario de servicio. Esperamos que lo concrete, pero falta mucho más. A las picanas Taser no las debe usar el grupo GEOF, como dijo ella, sino prohibirlas. El protocolo macrista para las marchas y el “servicio cívico voluntario” de Gendarmería no hay que “revisarlos”, como dijo, sino derogarlos. Y lo mismo las leyes “antiterroristas” y los proyectos para subir las penas y bajar la edad de imputabilidad, en el camino de desmantelar todo el aparato represivo.

Según dijo AF, va a “enviar al Parlamento y someter al debate de la sociedad civil… una propuesta de transformación y coordinación estructural de toda la política de seguridad ciudadana y prevención de la violencia”. Si no incluye depurar las policías y fuerzas de seguridad de todo agente involucrado en hechos represivos, prohibir la represión a las luchas sociales, elegir lxs comisarixs por voto popular y con cargo revocable, el control de los organismos de derechos humanos sobre el accionar policial y el derecho de los agentes a sindicalizarse, no será la “transformación estructural” de la seguridad que prometió.

Pablo Vasco,CADHU-MST