La creación de ministerios de la Mujer a nivel nacional y de algunas provincias por parte de los nuevos gobernantes puede ser una oportunidad de avance, siempre y cuando no se limite a una formalidad de ocasión para tratar de congraciarse con la ola feminista, sino que realmente se provea a las nuevas reparticiones estatales de fondos suficientes, de funcionaries con idoneidad, de políticas públicas efectivas y de participación social.

Este panorama no es lo que parece ocurrir hasta ahora. En el caso de la Nación, por ejemplo, las designaciones de las nuevas funcionarias se restringen al ámbito académico, con escaso o nulo vínculo con la militancia territorial de las organizaciones populares del feminismo y las disidencias, y además con un marcado y unilateral sesgo abolicionista en cuanto a la problemática de la prostitución.

Sobre la desigualdad laboral y el sistema de cuidados, en el mismo reportaje arriba citado la ministra Gómez Alcorta prometió: «Pretendemos que haya más guarderías, que el Estado pueda asegurar cada vez más la educación inicial desde los tres años, repensar las licencias parentales». Pues bien, veremos si destinan presupuesto suficiente para dar un giro cualitativo y qué otras medidas toman.

Y en el caso de la violencia de género, un tema por demás urgente por la continuidad de los femicidios, la capacitación brindada días atrás a los altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente, a tono con la Ley Micaela, fue más una juntada para la foto que un avance real. Es sabido que leyes al respecto ya hay, pero lo que falta son fondos contantes y sonantes para concretar los dispositivos de la Ley 26.485. Y de eso, silencio de radio.

A.L.