Según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, cada año se realizan al menos 354.627 abortos inseguros en nuestro país: 29.000 por mes, casi mil por día, más de uno por hora. Y se estima que cada año mueren unas 200 mujeres, en su mayoría jóvenes y pobres. No va más: el derecho al aborto debe ser ley cuanto antes.

Como era una deuda, el ministro de Salud Ginés González García restableció el protocolo nacional de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que Macri había derogado. Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva, dijo tener ahora la herramienta para garantizar el acceso a ese derecho en todo el país, junto al plan nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) y la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Y planteó: «Por supuesto, que se pueda aprobar la ley [de aborto], pero hoy el objetivo es consolidar servicios que brinden acceso a la práctica de ILE conforme a los estándares nacionales, con la normativa que tenemos y con calidad médica».

Isla vuelve al cargo que ocupó de 2005 a 2007. En ese período se aprobó la Ley 26.150 de ESI, que se reglamentó dos años después. La aplicación efectiva de esa ley, según informó meses atrás el Ministerio de Educación, sigue pendiente. La mayoría de los colegios que la dan, lo hacen con un enfoque biologicista. Y sólo una minoría de escuelas aborda la prevención del abuso sexual y del embarazo no deseado y el aborto. Tucumán, por ejemplo, es el colmo del atraso: la escuela pública no sólo niega la ESI, sino que imparte religión.

Una primera medida elemental debe ser anular los subsidios del Estado a todo colegio religioso o privado que no dicte ESI como debe ser: con un criterio integral, científico, moderno y sin dogmas.

Por la legalización del aborto

En 2017, el programa nacional de ESI se incluyó en el plan nacional de Prevención del ENIA, creado ese año mediante la Resolución 322/17. Sería una acción intersectorial coordinada por la SENNAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) en la que participan los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social. El programa se destina sobre todo en las provincias del noreste y noroeste. Pero las cifras de ENIA no bajaron. Al revés: en el norte, durante 2019, subieron con respecto a 2017.

En el país, cada año unas 3.000 menores de 10 a 14 años son niñas-madres. Las provincias con mayor índice de embarazo y parto infantil son Tucumán, Salta, Misiones y Santiago del Estero. Se estima que más del 80% de esos embarazos son producto de abusos sexuales, en su mayoría cometidos en el ámbito intrafamiliar o en círculos cercanos: una aberración.

¿Más prevención del ENIA? Muy bien. ¿Más ESI? Fenómeno. ¿Protocolo de ILE? Mejor aún. Pero ninguno de esos dispositivos sustituye la mayor de las necesidades para mujeres menores y mayores de edad: la legalización del derecho al aborto.

No a un proyecto verde-celeste

La ministra nacional de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta dijo la semana pasada en un reportaje: «La despenalización no alcanza, porque el aborto es un problema de salud pública y despenalizar no garantiza el acceso a la salud»(1).

Es así. Como lo venimos sosteniendo desde siempre y lo sostiene la marea verde, despenalizar no evita las 200 muertes anuales por aborto séptico y por eso hay que legalizar el aborto para que se pueda realizar en forma gratuita y segura en el sistema público de salud. Pero la presión de los antiderechos existe. La Iglesia Católica y los evangelistas siguen su campaña contra la ley de aborto. Y AF viaja a Roma en febrero a reunirse con el Papa…

El problema es que un sector de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto está dispuesto a aceptar lo que haga el presidente. Es decir, aceptan cambios que desnaturalizan la esencia del proyecto de ley de aborto de la propia Campaña, que en junio de 2018 logramos que Diputados aprobara.

Y lo último que adelantó Alberto Fernández acerca del proyecto que él va a enviar al Congreso es francamente un desastre: «Tenemos que terminar con la lógica del Boca-River, del que dice que el pañuelo verde es progresista y el celeste es un retrógrado… En el próximo proyecto tenemos que garantizarle a todos, todo. Tenemos que garantizarle a la mujer que quiera abortar, la posibilidad de abortar, y tenemos que garantizar a la mujer que quiere tenerlo, que pueda tenerlo»(2).

Primero, presidente, claro que el pañuelo verde es progresista y el celeste es retrógrado: el verde acepta derechos, no impone, mientras que el celeste impone el embarazo y el parto forzados, a veces hasta en casos de violación. Segundo, no es una cuestión de todos sino de todas y todes porque estamos hablando de derechos de las mujeres y demás personas con capacidad de gestar. Pero tercero y principal: ¿cómo es esto de que sería un proyecto de ley verde-celeste? ¿O acaso acá el derecho a parir no está garantizado ya por la Constitución y las leyes? ¡Lo que todavía en el siglo XXI en la Argentina sigue siendo ilegal es el derecho a decidir, el derecho al aborto!

Defendamos el proyecto de la Campaña

El proyecto de ley de IVE de la Campaña es colectivo, recoge lo mejor de lo legislado en otros países, es el que reclama la marea verde y es la base de la ley que ya se aprobó en Diputados. Si AF de verdad quiere reconocer ese derecho, que lo presente sin recortes, sin límites, gratuito, libre y seguro.

Basta de posturas capituladoras. Vayamos por la legalización e impulsemos un gran pañuelazo federal el 19F. Desde Juntas y a la Izquierda, Libre Diversidad y el MST seguiremos movilizades y luchando hasta que sea ley.

Andrea Lanzette

1 La Nación, 15/1/20.
2 Radio Continental, 31/12/19.