MST - Movimiento Socialista de los Trabajadores Lunes 27 de Agosto, actualizado hace 4 hs.

Impuestos: ¿quién paga la crisis?

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El reciente tironeo entre la Nación y la CABA por los fondos de la coparticipación federal y la suba de impuestos dispuesta por Kicillof, así como la ley de «emergencia económica» de Alberto Fernández, reabrieron el debate sobre la estructura impositiva nacional. ¿Cuáles son los principales impuestos, qué sectores los pagan y cuánto tributan? ¿Es un esquema justo o injusto? ¿Cómo debería ser un sistema fiscal realmente progresivo?

Por razones de espacio no haremos aquí la historia del complicado sistema fiscal argentino, que está signado desde su origen no sólo por el carácter capitalista dependiente de nuestra economía sino también por la puja Nación-provincias. Pero entender el esquema tributario actual requiere al menos un vistazo a los importantes cambios ocurridos desde 1988.

En ese año, la Ley 23.548 dispuso un régimen transitorio de coparticipación de los impuestos nacionales, que centralmente son al Valor Agregado (IVA), a las Ganancias y a los Combustibles: el 42,3% lo retiene la Nación, el 56,7% se distribuye entre todas las provincias(1) y el 1% restante va como aportes al Tesoro nacional para «situaciones de emergencia» (los famosos ATN, que la Rosada siempre repartió a tal o cual gobernación políticamente afín). Los derechos de importación y exportación, llamados aranceles o retenciones, los cobra la Nación. Y las provincias recaudan los impuestos a los Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor, de Sellos y regalías petroleras y mineras.

Pero en julio de 1989 asumió la presidencia del país Carlos Saúl Menem, privatizador y entreguista de marca mayor. A partir de 1990, la Ley transitoria 23.548 se complementó y modificó por sucesivas leyes, DNU, decretos y pactos fiscales de coparticipación, siempre discrecionales.

En 1991, obedeciendo la imposición imperialista del Plan Brady, y como parte de su reforma neoliberal del Estado, Menem transfirió a las provincias los servicios de salud, educación y transporte públicos que estaban a cargo de la Nación. El efecto negativo de la descentralización menemista fue doble: por un lado, provocó la fragmentación y desguace de todos esos sistemas, cuya necesaria unidad no recuperó ninguno de los gobiernos posteriores; al mismo tiempo, causó mayores problemas de financiamiento al no transferir a las provincias los fondos suficientes para sostener los servicios que les delegó el Estado nacional.

En 1992, entre muchas otras empresas públicas, YPF y Gas del Estado fueron privatizadas. Y la reforma constitucional de 1994 incluyó la provincialización de los hidrocarburos, que al igual que el Pacto Federal Minero de 1993 facilitó el saqueo y la entrega de esos recursos no renovables a las corporaciones. Según esa misma reforma, a fin de 1996 se debía fijar la ley definitiva de coparticipación, pero como el Senado no hizo el proyecto, ese desequilibrio fiscal se mantiene.

La injusticia del sistema actual

Con pocas variaciones de año a año, la composición de la recaudación de la AFIP confirma la certeza de todos los especialistas: que el sistema fiscal argentino tiene una orientación muy regresiva. O sea que acá tributamos más los que menos tenemos, cuando el principio ordenador debería ser exactamente al revés: que quien más tiene, más pague.
Según el informe anual 2019 de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal del propio Ministerio de Hacienda de la Nación, de cada 10 pesos que recauda la AFIP para el erario público, 3 pesos provienen del IVA (que mayormente recae sobre el pueblo trabajador), 2,40 pesos vienen de la seguridad social (1,6 peso es la contribución patronal y 80 centavos es el aporte del trabajador/a), 2,20 pesos vienen del Impuesto a las Ganancias (que incluye el impuesto al salario(2), 1 peso sale de las retenciones (exportaciones e importaciones), 70 centavos vienen del impuesto al cheque (que es distorsivo), 30 centavos aporta el Impuesto a los Combustibles y apenas unos miserables 6 centavos el Impuesto a los Bienes Personales, o sea a la riqueza (ver diagrama).

No hace falta ser un economista graduado en Harvard para darse cuenta que, tal como lo confirman todos los datos oficiales, es mucho más lo que tributa un impuesto al consumo, el más regresivo de todos, como es el caso del IVA(3), que la magra suma que tributan las fortunas y bienes suntuarios (propiedades, títulos y bonos, autos y motos de lujo, yates, aeronaves y demás patrimonio en el país y en el exterior). Dicho de otro modo, al presupuesto del Estado argentino lo venimos sosteniendo más la clase trabajadora y los sectores medios con nuestro esfuerzo cotidiano que las corporaciones, los bancos, los grandes empresarios y demás sectores privilegiados, de mayor capacidad contributiva. Es en este contexto de inequidad fiscal histórica que se producen los actuales roces por la coparticipación federal.

A este esquema impositivo tan injusto corresponde agregarle que en nuestro país se exime de impuestos a sectores patronales y clericales(4), a la vez que existen niveles muy altos de elusión y de evasión, que algunos estiman en hasta el 40% de lo que correspondería pagar. Sin embargo, en este último punto hay una «sutil» diferencia. Porque cuando vos vas al chino o al supermercado a comprar un paquete de fideos o una lata de tomates, no podés evadir ni eludir que en el precio total no te desglosen el IVA y te lo cobren. En cambio los que sí eluden, evaden y joden al fisco (y por ende a todo el pueblo) son las corporaciones extractivistas que pagan menos retenciones por exportar, los bancos y las grandes empresas que pagan menos Impuesto a las Ganancias, y los millonarios que pagan menos Impuesto a los Bienes Personales y a los productos suntuarios.

Lo que hizo Alberto…

En el programa de C5N con el Gato Sylvestre a un mes de gobierno, Alberto Fernández repitió su discurso: «El ajuste no lo pueden y no lo van a pagar los débiles, los sectores más vulnerables». Su frase esconde una doble trampa: no dice que el ajuste lo van a pagar los poderosos y además entre los «débiles» y «vulnerables» no incluye a la gran mayoría de trabajadores, jubilados ni beneficiarios de planes sociales.

Con respecto a los impuestos, todas las medidas que tomó son regresivas:
Con la excusa de que desfinanciaba a las provincias, derogó la anulación del IVA a productos de la canasta básica.
Con la excusa de la «solidaridad social», dispuso un impuesto del 30% sobre el dólar, perjudicando a trabajadores y sectores medios que ahorran o viajan al exterior.
En cuanto a las retenciones al campo, como lo reconocen medios de prensa afines al gobierno, «sólo actualizó el monto de las retenciones al mismo nivel que el dispuesto inicialmente por Macri»(5).
Y con ninguna excusa, les bajó las retenciones a las corporaciones petroleras del 12 al 8% y también a la renta financiera. Y a los bancos, que se la llevaron y se la siguen llevando con pala, ni siquiera los afectó.
Por más que los funcionarios, periodistas amigos y demás propagandistas del gobierno albertista se esfuercen en demostrar que sus medidas son «progresivas» y apuntan a la «redistribución social», lo cierto es lo contrario.

Pablo Vasco

1 En base a porcentajes fijos, en vez de parámetros objetivos: cantidad de población, servicios y funciones a cargo de la Nación o de la provincia, compensación de las desigualdades.
2 En enero de 2020, una trabajadora o un trabajador soltero y sin cargas de familia que gane $ 66.580 de sueldo bruto ya paga Ganancias. Se estima que dicho impuesto actualmente afecta a unx de cada cinco trabajadorxs.
3 Los impuestos más injustos son los que gravan el consumo, ya que las personas de bajos ingresos que consumen todo su salario para vivir pagan impuesto sobre todos sus ingresos; mientras que las personas de altos ingresos, y que por lo tanto tienen capacidad de ahorro, tributan sólo sobre una parte de su ingreso que es el que consumen.
4 Es lo que en economía se denomina gasto fiscal: o sea, lo que el Estado deja de recaudar y esos sectores se ahorran de pagar. Los datos sobre los montos de gasto fiscal son casi un «secreto de Estado» y no se informan en las estadísticas oficiales, como es obligación.
5 Aumentos de impuestos: ¿quiénes deben pagar el desastre macrista?, nota de Alfredo Zaiat en Página 12 del 12/1/20.