Durante la campaña electoral Alberto Fernández dijo que “entre los jubilados y los bancos elegía a los jubilados”. El anuncio realizado el viernes pasado muestra otra cosa: más allá de apelaciones a la “equidad” y la “solidaridad” la medida del gobierno es un ajuste al servicio del FMI.

Por la ley de movilidad correspondía un aumento general de todas las jubilaciones de un 11,56%. El decreto de Fernández otorga $1.500 de suma fija más un 2,3%. En concreto para la jubilación mínima significa un 12,75%. Esta mejora que es presentada como demostración de las buenas intenciones del gobierno significa un plus de… ¡$197! Según la Defensoría de la Tercera Edad la canasta básica de unx jubilax es de aproximadamente $40 mil. Es decir, alrededor de 4 millones de jubiladxs que cobran la mínima, quienes serían lxs grandes beneficiadxs por la medida, llegarán a poco más de $15.800. Menos de la mitad de lo mínimo necesario para vivir.

Mientras tanto, a cerca de 2 millones que cobran más que el haber mínimo, y sin embargo no llegan a cubrir el costo de la canasta o apenas lo superan, se les reduce el porcentaje de aumento respecto a la ley de movilidad (ver recuadro) ¡No hay manera de disfrazar semejante ajuste de medida progresista!

¿Solidaridad y equidad?

El jefe de gabinete Santiago Cafiero declaró que “Es un poco la idea que tenemos nosotros: achatar la pirámide, tratando de ir generando equidad y levantando la vara. Que la base sea la que tenga más aumento”. “Queremos tener una política donde haya cierta equidad entre las jubilaciones. El mundo está yendo hacia eso (un achatamiento). A entender que no puede haber un jubilado de 300 mil pesos y otro de 14 mil pesos”(1). Con frases por el estilo pretenden maquillar como acto de justicia el ataque contra un sector que viene siendo golpeado desde hace décadas. Lxs jubiladxs que ganan más de $200 mil son apenas 8 mil. Es más, según datos de la ANSES sólo 308.574 pasivxs están arriba de los $50 mil, el 9,5% del total. Hay una intención de generar en la conciencia colectiva la idea de que quienes reciben una remuneración que alcanza para cubrir los bienes necesarios son privilegiadxs que deben ser solidarixs con lxs que menos tienen.

Como si cobrar $20 mil o $40 mil fuese un privilegio, después de aportar durante toda la vida laboral una parte proporcional del salario. Es la misma línea que siguen lxs gobernadorxs para ofrecer aumentos con suma fija y achatar las escalas salariales. Buscan consenso social para hacer pasar el ajuste. Privilegios tiene la renta financiera a quien le eliminaron impuestos, las mineras y petroleras a quienes les bajaron las retenciones, los especuladores a los que se les paga toda la estafa de la deuda. Ajuste para lxs de abajo, privilegios para lxs de arriba. La misma receta con otro nombre.

La maniobra discursiva de la “solidaridad” no se sostiene desde ningún punto de vista. Ni siquiera se trata de una “redistribución” de la masa total de las jubilaciones para llegar a quienes menos tienen, tal como pregonan. La medida significa un ajuste fiscal cercano a los $5 mil millones mensuales y sintoniza con el objetivo declarado por funcionarios de que la nueva ley de movilidad que preparan permita un ahorro del orden de los $100 mil millones en el año, a tono con las exigencias del FMI de recorte del “gasto social”.

Ataque global a las jubilaciones

El marco general es la exigencia del FMI de liquidar los sistemas jubilatorios como parte de las recetas para hacer frente a la crisis capitalista mundial. Estas recetas exigidas en Argentina, Francia o Grecia incluyen entre otros puntos:
1) Reducir el importe inicial de las futuras nuevas jubilaciones, bajando un 20% la tasa de sustitución, es decir el porcentaje con respecto al salario en actividad, que hoy promedia un 50%;
2) Aumentar la edad jubilatoria. El ministro Moroni reconoció las intensiones del gobierno “no es un disparate que una mujer se jubile a los 65 años”;
3) Liquidar los regímenes especiales que tienen ciertas actividades que se jubilan con el 82% o 85% del salario, como docentes, docentes universitarios, investigadores científicos, Luz y Fuerza y otros sectores producto de la lucha y de un mayor aporte durante los años trabajados; 4) eliminar la Pensión por viudez para los cónyuges que trabajan o están jubiladxs; 5) Restablecer algún tipo de  sistema privado de capitalización.

La lucha de diciembre de 2017 frenó ese plan pretendido por Macri, pero el intento de avanzar en una reforma más estructural a tono con las exigencias del FMI es un objetivo global de la burguesía, una “política de Estado” que dependerá fundamentalmente de la movilización del movimiento de masas que puedan o no llevarla adelante.

El robo del siglo

El argumento esgrimido por el Fondo y los organismos internacionales para impulsar las reformas jubilatorias es que no hay plata para sostener el sistema previsional, que éste se lleva gran parte del presupuesto y que no es sostenible porque la gente cada vez vive más años. La realidad es que durante décadas se ha desfinanciado y vaciado el sistema. Los distintos gobiernos capitalistas han metido la mano en la caja de la Seguridad Social para pagar deuda y beneficiar a las patronales.
Tomando sólo las últimas tres décadas señalemos que:

Menem y Cavallo redujeron las contribuciones patronales del 33% al 17%, con lo que “a partir de 1994 el Estado dejó de recaudar 47.939 millones de pesos. Si se actualiza dicho monto por la inflación (al año 2005), el monto total acumulado no ingresado a la Seguridad Social rondaría los $80.000 millones (aproximadamente 25.000 millones de dólares). De ese total, en 2005 más de la mitad correspondía al sistema jubilatorio, mientras que el resto se repartía entre asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo, PAMI y Obras Sociales, según datos de la Secretaría de Seguridad Social” (2). Estas contribuciones nunca volvieron al nivel previo a los ´90 y Macri realizó un nuevo recorte.
La estafa de las AFJP implicó el desfinanciamiento de la ANSES en favor de los bancos y el capital financiero.

La creciente desocupación y precarización laboral, que abarca un 40% de lxs trabajadores significa una enorme evasión al sistema previsional.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES creado a partir de la reestatización de las AFJP fue utilizado en gran parte para subsidios a las patronales y pagos de la deuda. El “desendeudamiento” kirchnerista significó en los hechos cancelar deuda con los acreedores privados a costa del endeudamiento con entidades nacionales, entre ellas la ANSES. Una enorme transferencia de fondos del sistema de previsión hacia los especuladores. También entonces eligieron a los bancos por sobre lxs jubiladxs. Macri por su parte redujo el FGS de 67 mil millones de dólares a 22 mil millones.

Por el 82% móvil

La orientación capitalista para afrontar la crisis y aumentar la tasa de ganancia está dirigida a reemplazar las jubilaciones por un subsidio asistencial a la vejez. La nuestra a defender un derecho que se ha obtenido con la lucha de varias generaciones. La jubilación implica un salario diferido por el cual lxs trabajadorxs aportamos durante toda nuestra vida laboral en relación al salario percibido, por lo tanto debe ser lo más cercano al salario de actividad, por eso el reclamo del 82% móvil es una tarea de primer orden.

Es posible si se toman medidas de fondo, por ejemplo: 1) reestablecer las contribuciones patronales a los niveles previos a 1994; 2) terminar con toda forma de precarización laboral, que es la que favorece la evasión; 3) control de la ANSES por parte de jubiladxs y trabajadorxs; 4) devolución inmediata de lo sustraído al Fondo de Garantía de Sustentabilidad; 5) suspender los pagos de la deuda externa. Porque la deuda que hay que pagar urgente es con lxs jubiladxs, no con los bancos y especuladores.

Emilio Poliak

1. Perfil, 20 de enero 2020
2. Página/12, 01 de abril de 2018