En la coalición de gobierno, y también fuera de ella, cursa una polémica sobre si en nuestro país hay o no presas y presos políticos. El tema no es menor, ya que hace a la vigencia de los derechos democráticos, libertades y garantías, y a la vez se vincula con el rol de esta justicia, los anuncios de reforma judicial y otros proyectos. Nuestra opinión.

Según el presidente, son meras “detenciones arbitrarias por parte de la justicia”. Otros funcionarios más bien del ala kirchnerista, en cambio, afirman que se trata de “presas y presos políticos”. Y algunos otros, como Raúl Zaffaroni, actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostienen que más allá del debate semántico tales personas merecen la libertad.

Bajo la dictadura era más simple aplicar la categoría de preso político: por decreto, había “detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”, en su mayoría bajo la excusa de la “seguridad nacional”, sin intervención de la justicia. Desde la vuelta de la democracia burguesa, la cuestión se complica. Como es obvio, ningún gobernante que se diga democrático va a reconocer “yo mandé a detener a tal persona por cuestiones políticas”. Veamos, entonces:

Por un lado, la justicia de este sistema capitalista, como parte del poder y con su mirada de clase, juzga y castiga con multas, cárcel y otras penas a quienes transgreden sus normas: es lo que llamamos criminalización de la protesta social. Hoy hay unos 5.000 delegados gremiales y activistas de muy diversos movimientos sociales bajo proceso penal por cortes de rutas o calles, acampes, tomas u otras medidas de lucha. Si están detenidos, los consideramos presos políticos y merecen estar libres y ser anuladas sus causas.

Por otro lado, altos funcionarios políticos condenados por delitos de corrupción utilizan la confusión para victimizarse: se autodefinen como “presos políticos” con tal de eludir el castigo que les corresponde. En estos casos, como esta justicia actúa según el gobierno de turno, la única salida imparcial es formar una comisión investigadora independiente: una CONADEP de la corrupción. Si aún no se dictó condena y no hay riesgo de fuga ni de entorpecer la causa, no corresponde ninguna detención arbitraria y deben seguir libres mientras el proceso sigue.

En algunos casos se pueden dar distintas combinaciones de ambas circunstancias. Pero siempre predomina una y eso debe ser lo determinante para reclamar o no su libertad, aunque sigan procesos penales por motivos ajenos a las luchas sociales.

Por supuesto estas consideraciones valen para toda persona detenida, coincidamos o no con su política y/o con su metodología. En el caso de la dirigente jujeña Milagro Sala, fue detenida en el marco de un acampe de varios movimientos piqueteros. Es decir, es claramente una persecución por razones políticas y por eso reclamamos su libertad. Y esta demanda es independiente de las acusaciones posteriores por hechos de corrupción, que a su vez pueden ser reales o montados. Lo mismo en el caso de Luis D’Elía, preso por la movilización y toma de una comisaría porteña ante el asesinato de un referente de su movimiento, a manos de un sicario, por denunciar a una banda de narcos con participación policial. Y tuvimos los casos de Daniel Ruiz y César Arakaki, injustamente detenidos y procesados por participar de la movilización a Congreso contra la reforma jubilatoria en diciembre de 2017.

No es el caso de detenciones como las del ex ministro Julio De Vido, el ex vicepresidente Amado Boudou y otros ex funcionarios. En casos así correspondería, como dijimos antes, constituir una comisión investigadora independiente para ir a fondo contra toda la corrupción y terminar con la impunidad, tanto del gobierno actual como del de Macri y todos los anteriores.

De molestias, lawfare y proyectos

AF dijo: “Me molesta que me digan que tengo presos políticos porque no los tengo… Tenemos que ser prudentes porque en el mundo escuchan lo que discutimos acá”. Primero, es bastante servil: pide “prudencia” porque al FMI y demás buitres a veces les cae mal pactar con gobernantes autoritarios. Pero segundo y principal, si bien no tiene presos políticos en el sentido que no fueron detenidos bajo su gobierno, los mantiene entre rejas.

Por esa razón de fondo el pasado lunes 10F, los once organismos de derechos humanos que integramos el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia1 entregamos en la Casa Rosada un documento con nuestras diez exigencias al gobierno nacional. Su segundo punto expresa: “Exigimos la inmediata libertad de lxs presxs políticxs, frente a quienes niegan su existencia, así como el cierre de las causas contra lxs luchadorxs populares”.

Como su postura antidemocrática genera rechazo en muchos ámbitos, AF viene promoviendo una “reforma integral” en nombre de evitar el uso de la justicia para persecución política: el llamado lawfare. El 1º de marzo anunciaría proyectos más concretos, que se están cocinando bajo la batuta de su secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y su ministra de Justicia, Marcela Losardo.

El problema es que esa reforma no sería más que tunear el fallido intento de CFK en 2013, que planteaba una “democratización” tramposa: elegir por voto popular al Consejo de la Magistratura, cuando en realidad la única forma genuina de democratizar es elegir por voto popular directo a todos los jueces y fiscales, en elecciones separadas de los comicios políticos, desde el último tribunal hasta la Corte Suprema, con mandatos limitados y revocables en caso de mal desempeño. Mientras haya Consejos de la Magistratura, en donde se tejen los pactos políticos para designar y remover a los jueces, no habrá una justicia realmente independiente.

A su vez, el viernes 14 AF mandó al Congreso su proyecto de reforma al régimen jubilatorio de los jueces y diplomáticos: sube la edad jubilatoria de 60 a 65 años, aumenta un 7% el descuento al salario y no cobrarán el 82% móvil del último salario sino sobre el promedio de los últimos 10 años. Que los jueces tienen privilegios es sabido. Pero el proyecto está mal: nivela para abajo y de paso mete una cuña para subir la edad jubilatoria en general como exige el FMI. Lo que hace falta es otra cosa: rebajar sus salarios a lo que gana un director de escuela de doble turno con 10 años de antigüedad, pero respetar el 82% móvil real sobre el último haber, por supuesto también para toda persona que se jubile. Asimismo, como no pocos jueces se jubilarán ahora para no perder plata, el gobierno aprovechará para ocupar esas vacantes con magistrados afines. La “independencia de la justicia”, te la debo.

En síntesis, libertad a las presas y presos políticos, CONADEP de la corrupción, respeto al 82% móvil para todes y democratización efectiva del sistema judicial mediante la elección de los jueces por voto popular y los juicios por jurados populares. Lo demás es doble discurso.

Pablo Vasco, miembro, del CADHU y del EMVJ

1. AEDD (Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos), APEL (Asociación de Profesionales En Lucha), CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo), CADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos), CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), CMM (Colectivo Memoria Militante), CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), EMCF (Encuentro Militante Cachito Fukman), Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, H.I.J.O.S Zona Oeste y SERPAJ (Servicio Paz y Justicia).