La confirmación del proyecto oficial de aborto y los brutales femicidios de la joven Brenda en Catamarca y de la niña Guadalupe en Lobos son temas que concentran la atención en materia de género. Por qué las respuestas del gobierno nacional están muy por detrás de lo que hace falta.

Escribe: Jeanette Cisneros

Llegó el 1ºM y el discurso de apertura de las sesiones, pero los esperados anuncios no estuvieron a la altura de las necesidades.

“Es la primera vez en la historia que un presidente toma posición a favor del derecho al aborto”, celebraron muchas compañeras. Pero en realidad, es que antes de ahora ningún presidente había llegado al gobierno sobre la potencia de una marea verde a la que tuviera que responder de alguna manera. A esa fuerza que tomamos en las calles desde 2015, que se potenció en 2018 cuando conquistamos la media sanción, y que volvió a tener voz este 19F con decenas de miles frente al Congreso y en todo el país, es a lo que tuvo que responder AF con su anuncio. Son estos cinco años de revolución feminista y disidente los que lo obligaron a afirmar que “en el siglo XXI toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos”.

Pero aunque medios, organizaciones y funcionarios afines aseguraron que AF esbozaría los ejes centrales de su proyecto, sólo afirmó generalidades alejadas de la autonomía genuina que necesitamos. Un vago indicio fue al decir que el aborto se garantizaría “en el tiempo inicial del embarazo”. ¿Pero AF respetará las 14 semanas de nuestro proyecto, el de la Campaña por el Derecho al Aborto, o lo limitará a 12 semanas por presión del Papa, la Iglesia y demás dinosaurios?

A su vez, planteó que se “permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”. ¿Pero se refiere a todo el sistema de salud o únicamente al sector público? Ya trascendió, y el ministro nacional de Salud así lo reconoció, que el proyecto oficial de ley incluiría la objeción de conciencia institucional. Es decir, que excluiría a las clínicas privadas, prepagas y obras sociales de garantizar en forma segura y gratuita nuestro derecho a decidir. ¿Acaso nos va a mandar a todas a hacer largas colas en los hospitales públicos, que están en crisis, sin personal ni insumos suficientes y en donde encima regirá la objeción de conciencia personal?

Además, AF va a proponer como ley el “plan de los mil días” para las mujeres que quieran tener hijes. Pero si en su discurso reconoció que “en nuestro país existen ya numerosas políticas públicas para entender estas necesidades” y que “ahora necesitamos una coordinación más efectiva para optimizar sus beneficios”, ¿por qué una ley? ¡Coordine y punto, presidente!

Todos estos obstáculos que devalúan nuestro derecho al aborto no son más que concesiones a los celestes de la Iglesia Católica y sus socios evangélicos. Es falso que este proyecto recortado y engañoso sea “lo posible”: en Diputados está claro que alcanzan los votos y con la fuerza de nuestra movilización verde, más la presión presidencial si es que AF tuviera verdadera voluntad política, bastaría para torcerles la mano a algunos señores feudales del Senado y así conquistar la ley de la Campaña, la que realmente sirve. El problema de fondo es que no la tiene: su decisión es cederle a los antiderechos.

Sobre ESI y violencia de género

“Lanzaremos un contundente programa de educación sexual integral y prevención del embarazo no deseado”, anunció AF en el Congreso. Lo cierto es que no se requiere ningún nuevo programa. Es más: la propia Ley 26.150 de ESI ya se llama programa. Lo que hay que hacer es aplicarla en todo el país sin dar más vueltas y asignarle fondos. Y lo mismo con el plan de prevención del embarazo no deseado (ENIA): ya existe en 12 provincias, pero tampoco funciona por falta de presupuesto. ¡En vez de tanto blablá, presidente, ponga la plata que hace falta y dé la orden política de cumplir las leyes vigentes!

AF también anunció otras “tres cuestiones relevantes”. Una es implementar la Ley Micaela de capacitación en género al personal estatal: o sea, nos anunció algo que es su obligación. Segundo, ratificar en el Congreso el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral: otra obligación. Y tercero, lanzar el plan nacional 2020-2021 de acción contra las violencias por razones de género: otra obligación más. ¿No es un insulto a la inteligencia que un presidente anuncie como grandes medidas lo que simplemente es su deber, cumplir con las leyes y tratados?

En cuanto a violencia de género, su único anuncio concreto fue “relanzar la línea nacional 144 para la atención, contención y asesoramiento telefónico”. Otra burla. Acá el problema no se arregla con teléfonos, sino con asistencia integral gratuita con psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales, casas-refugio y hogares de día, subsidios de reinserción habitacional y laboral para que las mujeres se puedan independizar del violento y rehacer su vida. ¡La Ley 26.485 anti-violencia ya existe, presidente! ¡Ponga plata ya para aplicarla, y que no sea papel mojado!
No hay que dejarse engañar por el doble discurso presidencial, que viene recargado. La única salida es exigir medidas efectivas. A esa lucha te invitamos.