El ingreso del Coronavirus a la Argentina, generó un cimbronazo en el gobierno por su reacción tardía. En medio de una gran conmoción social, pusieron compulsivamente al país en cuarentena, prohibicionismo incluido, pero con muy insuficientes acciones de respuesta sanitaria. Y con medidas de «salvataje» destinadas más a los empresarios que al pueblo, mientras la crisis se agrava y el ajuste castiga. Desde la izquierda seguimos reclamando un verdadero programa de emergencia para combatir tanto al virus como la crisis social.

Escribe: Guillermo Pacagnini

Después de negacionismo inicial de Fernández y el ministro Ginés, la pandemia copó la escena central y se transformó en la preocupación excluyente de la gente. La curva epidémica crece a la par de un gran debate colectivo de qué hacer. Detrás de la virosis, se acelera la crisis económica y se desnuda la debacle del sistema de salud, una sinergia nefasta para el pueblo. Frente a tamaña conmoción, se van delineando dos políticas, la del gobierno -apoyada por el macrismo, la burocracia sindical y las patronales- y la que venimos planteando desde la izquierda y algunos sectores sindicales y académicos combativos.

¿Disciplinamiento social o ampliación de derechos?

En lugar de ampliar derechos y apelar a la población para elaborar un programa de contingencia democráticamente planificado, el gobierno impone el aislamiento social al estilo de las epidemias de la era precientífica, transfiere la responsabilidad estatal a la individual, fomenta el prohibicionismo y el recorte de derechos y «baja línea» burocráticamente. Por eso ha venido negando la conformación de comités de emergencia con participación de lxs trabajadores y expertos. Y, utilizando la contingencia del virus, decreta la suspensión de asambleas, movilizaciones y otras expresiones de reclamo. Una política para convencer colectivamente que hay que poner también a los reclamos en cuarentena. Ello, no solamente obra en beneficio de las patronales y es funcional al ajuste en curso, sino que amordaza la posibilidad de exigir medidas de protección y un verdadero programa de emergencia para combatir esta y las demás epidemias.

¿Asistencialismo primitivo o políticas públicas?

La pandemia ha puesto más en evidencia la severa crisis del sistema de salud. Problemas estructurales que desnuda que hace décadas que la salud es variable de ajuste. Se evidencia su fragmentación en diversidad de jurisdicciones y subsectores, que se hizo concientemente años atrás para propiciar el arancelamiento y la privatización y que ahora impide una respuesta nacional unificada. También su desfinanciamiento presupuestario, habida cuenta que no hay insumos ni infraestructura para combatir la contingencia. Las corporaciones privadas siguen lucrando con la salud de la gente sin control, mientras es escasa la producción pública, pese a la capacidad instalada ociosa de más de 40 establecimientos que ya mismo podrían producir desde alcohol gel hasta insumos más complejos. Los presupuestos están prorrogados a la espera de las negociaciones por la deuda usuraria. La desjerarquización de lxs trabajadorxs del sector, que son el insumo clave para atacar la contingencia, es la otra muestra de la crisis del sistema. Por la falta de designaciones, los salarios de hambre y las condiciones laborales con desgaste prematuro. Para colmo, así como están convocados a full para los operativos sanitarios, se vulneran sus derechos aumentando su exposición al riesgo, cercenando las licencias de los grupos vulnerables. Sin fortalecimiento del sistema, las medidas asistencialistas serán aisladas y parciales. Por eso reclamamos una verdadera emergencia, con un shock de inversión pública y control por parte de trabajadorxs y usuarios.

¿Salvataje a los empresarios o al pueblo?

Además de las normas aislacionistas y tendientes a disminuir la actividad general, se han dispuesto algunas medidas económicas de salvataje «compensación frente a la crisis» provocada por el Coronavirus. Acá también se evidencian dos políticas. La del gobierno que más que contención social, es salvataje empresarial. Concordante con el parate nacional dictado por Fernández que también encubre el agravamiento de la recesión con su secuela de despidos y suspensiones. Se dispusieron medidas propatronales como la ampliación del fondo de desempleo, exención de aportes patronales, una clara estimulación al «Plan Repro» que financia suspensiones y despidos y créditos y subsidios, acelerar el reintegro a las exportaciones industriales, entre otras disposiciones para garantizar la rentabilidad empresarial. Pero nada para el salario devaluado de la clase obrera, un bono miseria para los desocupados y nada del aumento del presupuesto de salud que se necesita. Nada de la garantía para las licencias laborales con plenos derechos, nada de prohibir despidos y suspensiones, nada de subsidio especial para las y los trabajadores precarizados, autónomos y monotributistas y la exención de pago de alquileres y servicios básicos, así como medidas reales para controlar el alza de precios y el desabastecimiento.

La emergencia que hace falta

Un programa de emergencia para responder al Coronavirus y demás epidemias debe tener como eje fortalecer el sistema de salud y garantizar medidas de contingencia social que sean los primeros pasos de un plan obrero y popular.

Disponer una partida de emergencia que implique un drástico aumento del presupuesto de salud en todas las jurisdicciones. Disponer para la contingencia un fondo nacional común a manejar por un comité de emergencia con participación de lxs trabajadorxs. Todas las partidas deben ser puestas bajo control social, para evitar desvío de fondos.

Nombramiento de recurso humano del equipo salud de dependencia nacional, provincial y municipal, con plenos derechos laborales (planta permanente) para cubrir todas las vacantes y garantizar los planteles necesarios, el pase a planta del personal que ya revista en condiciones precarias y la movilización del personal de contingencia que sea necesario. Disponer un inmediato aumento salarial con cláusula gatillo de actualización automática.

Declarar de utilidad pública todos los medicamentos e insumos necesarios para prevenir y tratar las patologías emergentes, con derecho a expropiación de los mismos a los laboratorios y empresas que lucran con la salud de la gente aumentando sideralmente sus precios. Distribución masiva y gratuita a través del sistema público de salud. Aplicación de la Ley de Abastecimiento si se comprueba acaparamiento. Implementar la producción pública de alcohol gel, medicamentos y demás insumos.

Declarar de utilidad pública la infraestructura y capacidad instalada, incluyendo todas las camas de los establecimientos privados de salud que sean necesarias, con su integración al sistema público mientras dure la emergencia.

Puesta en marcha de comités de emergencia central y regionales, con participación decisiva de los trabajadores de la salud a través de sus organizaciones representativas, así como de las organizaciones comunitarias y universidades nacionales. Para ejercer el control presupuestario y la planificación efectiva de las acciones.

Garantizar el cobro del salario completo de todxs lxs trabajadorxs licenciados por la pandemia. Prohibición de despidos y suspensiones. Subsidio especial para las y los trabajadores precarizados, autónomos y monotributistas.

Eliminación del IVA en los productos de la canasta familiar, control popular de precios, aplicación de la Ley de Abastecimiento para combatir el acaparamiento, distribución de comida y elementos de higiene en los barrios populares, entre otras premisas. Exención de pago de alquileres y servicios básicos.

Implementación de un programa de investigación a cargo del CONICET y las universidades nacionales, para el estudio y la producción de vacunas y eventuales tratamientos.

Obtener los recursos para financiar la emergencia de la suspensión de todo pago de la deuda externa en todas las jurisdicciones y aplicando un impuesto extraordinario a las corporaciones urbanas y rurales, entidades bancarias, multinacionales farmacéuticas y grandes fortunas del país.