Luego de las idas y vueltas en cuanto a la continuidad o flexibilización de la cuarentena, el pasado viernes, en conferencia de prensa el presidente Alberto Fernández anunció la extensión, y lo presentó como una “cuarentena administrada” donde relega a las provincias las propuestas para la flexibilización. En estas líneas analizaremos el nuevo panorama y las propuestas que consideramos fundamentales para enfrentar a la pandemia, ya que la cuarentena tiene que continuar pero acompañada de asegurar los derechos sanitarios, sociales, económicos y democráticos de toda la población.
Escribe: Cele Fierro
El gobierno intentó con su exposición plantear que priorizan la salud, y por esto amplían la cuarentena hasta el día 26 de abril; hizo falta hacer ese hincapié debido a que luego de la reunión con la UIA, la Cámara de Comercio y la CGT, donde se planteó la necesidad de flexibilizar la medida, por las condiciones económicas, se abrió el debate sobre a quién pretendía beneficiar es flexibilización.
Está claro que si no están garantizadas las condiciones de bioseguridad para les trabajadores que ya hoy realizan tareas esenciales, como son el caso del personal de salud, o por ejemplo como vienen denunciando trabajadores de la alimentación, esa medida solo iba a responder a las necesidades empresariales que ven que por la pandemia pueden perder parte de sus ganancias, sin importarles la salud de sus trabajadores.
Fue tal el cuestionamiento, que el gobierno nacional tuvo que dar marcha atrás parcialmente con esta propuesta, aunque mostró gráficos intentando mostrar los logros del país, habilitó otras actividades, y trasladó a las provincias la propuesta de que sean los ejecutivos provinciales quienes decidan qué actividades habilitar, con la supuesta aprobación de nación, desde la Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional, creada para tal fin, con la coordinación del jefe de Gabinete y que estará integrada por los Ministerios de Salud, del Interior, de Desarrollo Productivo, de Economía, de Trabajo y de Relaciones Exteriores.
La cuarentena como única medida no es la solución
Desde el inicio de la decisión del aislamiento obligatorio planteamos que, como única medida, no era suficiente. La recomendación de especialistas y el ejemplo de otros países de avanzar en la realización de testeos masivos, primero fue rechazada, con el correr de los días se adquirieron reactivos y se empezó a descentralizar, ya que el instituto Malbrán que venía realizando los análisis estaba colapsado, de igual manera no estamos ni cerca en el porcentaje de testeos que haría falta para lograr tener un panorama real del desarrollo del virus en el país.
Uno de los debates abierto post conferencia de prensa, se conoció tras un informe presentado por las autoridades sanitarias de Chile, dado que Fernández en sus gráficos explicativos usó de muestra la realidad que hoy viven países de la región.
En el caso chileno comparó los casos confirmados que ascendían 6.591 con los nacionales que en ese momento llegaban a los 1.975. Con todas las críticas que hemos hecho ante la privatización del sistema de salud en el país trasandino, lo cierto, como plantea el informe, es que se han realizado testeos masivos llegando a los 82 mil, mientras que en nuestro país no llegan a los 20 mil. Este dato tira por tierra el argumento de la cantidad de población, dado que no son porcentajes solamente sino que son números concretos de los exámenes realizados.
Insistimos en este punto, dado que sería junto con la cuarentena una medida concreta que podría permitir detectar más casos, que como se ha comprobado, hay muchos que son asintomáticos, además de realizar a todo el personal de salud. Hoy al no estar garantizada las condiciones de salud de la mayoría de la población, la posibilidad de una apertura de la cuarentena pondría en riesgo la vida de miles de personas.
¿Quiénes deciden las medidas a seguir?
Hoy las decisiones han sido tomadas de forma unilateral por parte del gobierno nacional, utilizando la cuarentena como medida predilecta, definiendo la apertura de actividades con el título de esenciales en las que incluye la megaminería, el agronegocio, ninguna de estas medidas han sido consultadas con les trabajadores, especialmente con los de salud, sino que se ha conformado un grupo de “expertos” que las presiones de los sectores empresariales llegan con mucha más fuerza que los reclamos de les trabajadores.
Trabajadores de la salud vienen insistiendo en la conformación de un comité de crisis donde tengan intervención activa quienes están al frente del combate con la pandemia y esta exigencia se sigue desconociendo. Esa sería una medida necesaria, además de la participación del resto de trabajadores que hoy tienen que llevar adelante actividades y que no cuentan con las condiciones indispensables.
Abriendo el debate democrático con la participación de los verdaderos actores esenciales estaríamos en mejores condiciones para afrontar la crisis socio sanitaria en desarrollo, y que aún no ha llegado al punto máximo como en otros países.
La salud y la vida tienen que ser prioridad
Para que la salud sea la prioridad, como plantea el gobierno no se puede ceder a las presiones corporativas que plantean la disyuntiva entre salud y economía. Y no se puede priorizar la salud y la vida de la mayoría solo discursivamente, se tienen que tomar medidas que vayan contra la lógica empresarial, destinando mayor presupuesto para garantizar las necesidades básicas de la población que hoy, en el medio de la cuarentena, no tienen los recursos para llegar a fin de mes, ni las condiciones sociosanitarias para hacerle frente a la pandemia quedándose en su casa. Que la salud sea prioridad se materializa avanzando en la declaración de la utilidad pública de toda la infraestuctura sanitaria del país, estatizando el sector privado y ponerlo bajo gestión estatal con el control de sus trabajadores.
Seguir pagando la deuda externa es criminal, ahí están los recursos para garantizar un ingreso de emergencia que cubra la canasta familiar para las millones de personas que no pueden salir a trabajar. Que la vida sea prioridad, tomar medidas para que realmente se prohíban los despidos, las suspensiones y las rebajas salariales como ha sido noticia durante todas estas semanas, a pesar de los decretos que las patronales incumplen. Contra estos sectores hay que ir, que los que incumplan tengan grandes multas y la expropiación. Hay que poner toda la industria al servicio de enfrentar la crisis, planteando la reconversión productiva para garantizar los materiales necesarios. Y cobrarle fuertes impuestos a los ricos y las corporaciones. Hoy más que nunca, nuestras vidas valen más que las ganancias capitalistas, y las medidas que planteamos las y los socialistas son las necesarias para enfrentar la pandemia garantizando los derechos de la clase trabajadora y los sectores populares.
