Larreta fortalece sus dispositivos represivos, lo mismo que los demás gobernadores. Alberto no se queda atrás, patrullando las calles y las redes sociales. Para qué lo hacen. Nuestra respuesta.

Escribe: Pablo Vasco, CADHU-MST

Horacio Rodríguez Larreta no sólo compra barbijos vencidos con sobreprecios y entrega viandas escolares penosas. Hace un par de semanas gastó más de 52 palos de dinero público para comprar equipamiento antidisturbios: municiones y granadas de gas lacrimógeno. Al mismo tiempo, puso en pie un nuevo cuerpo policial de Despliegue e Intervención Rápida (DIR), con 700 efectivos.

El jefe de gobierno porteño sigue así el ejemplo de su jefe político, Mauricio Macri, que en 2017 como presidente montó una Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) para control de droga en fronteras, de recursos naturales y “extremismo” mapuche. Por cierto, en la CABA no hay nada de eso. ¿El argumento de Larreta, entonces? “Situaciones sociales complicadas”. Más claro, agua: futuras protestas sociales.

A nivel país, lo mismo

Los gobernadores, cada uno según las finanzas de sus provincias, van en el mismo sentido autoritario y represivo del macrista Larreta. Pero fíjense que esa misma política la está aplicando también el presidente Alberto Fernández. Lo hace con un discurso mucho menos frontal que el de los derechistas de Cambiemos, por supuesto, pero lo hace.

Con la cuarentena, desplegó fuerzas policiales y de seguridad por todos lados. Al Ejército lo puso a repartir comida en barrios vulnerables del conurbano bonaerense. Montó un servicio de ciberpatrullaje para monitorear las redes sociales. Y como si eso fuera poco, con la excusa de hacer barbijos metió a militares nada menos que en la ESMA, sitio en donde funcionó el mayor centro clandestino de detención, tortura y asesinato durante la dictadura genocida. ¿Se acuerdan de la “vuelta de página”?

¿La pandemia lo obligó sí o sí? ¿No había otra que hacer eso? Para nada. El pueblo, sin ninguna avivada argenta, cumple la cuarentena como un duque: todos los gobernantes lo reconocen. Además, el control de circulación lo pueden hacer los cuerpos de Tránsito e incluso personal judicial. Entregar comida lo puede hacer Defensa Civil, los Cascos Blancos o, mejor aún, los movimientos sociales. Y los milicos tienen predios propios de sobra como para meterlos justo en donde su institución violó los derechos humanos.

Una sola y misma razón

Desde ya, la cana no nos cuida. Se cuentan por centenares los abusos. Y por las redes circulan los vídeos y denuncias. “Suicidan” a un pibe y una mujer en comisarías de San Luis. Encierran a jóvenes en corrales en plazas, en Jujuy. Le afanan la bici a una madre que vende pan para alimentar a sus hijos, en San Juan. Detienen a docentes y personal de salud, en Chubut. También a abogados, en Córdoba. Y humillan y abusan en todo el país, a mujeres, chicos, gente mayor. Cagan a palos a un pibe que va a comprar pan, o hace delivery o saca a pasear el perro… ¡Cualquiera!

Larreta, Fernández y compañía despliegan canas y militares como dueños de las calles. Alberto les dice “estamos en deuda con ustedes” y Larreta les dice en un vídeo que son los “Héroes de Siempre”. Pero ojo: no escribas ni en joda la palabra saqueo en tu red porque te abren una causa penal. La razón es simple: quieren fortalecer todo el aparato represivo, reconciliarlo con la población, para mañana tenerlo disponible para reprimir cuando crezca la protesta social. Ya los vimos apalear a los obreros despedidos del frigorífico Penta. ¿O acaso alguien duda que con los despidos, las rebajas salariales y la malaria brutal que se viene va a haber calma y alegría? Larreta y Alberto ya eligieron de qué lado de la mecha van a estar.

Ni deuda ni héroes: no a la represión

Aunque a quienes simpatizan con el gobierno nacional les cueste asumirlo, los hechos están marcando un rumbo claro. Vamos hacia una perspectiva de contradicciones sociales y políticas crecientes, porque ya empezó la pulseada para ver quién paga los platos rotos de la crisis, si la clase capitalista o la clase trabajadora y el pueblo. Y es una tendencia mundial: la agudización de la famosa lucha de clases, que le dicen.

Desde el CADHU y el MST, como integrantes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, venimos denunciando esta avanzada gubernamental de autoritarismo y recorte a los derechos democráticos. En relación con la inseguridad la cana actual es parte del problema, no de la solución. No hay red de narcotráfico, prostíbulo o desarmadero de autos robados que pueda funcionar un minuto sin su protección o su complicidad.

Queremos una seguridad democrática y preventiva, no represiva. Con depuración de todo jefe y agente vinculado a hechos de represión o corrupción. Con elección de los comisarios no a dedo desde arriba sino por voto popular, con cargos revocables por mal desempeño y controlados por los organismos de derechos humanos. Una policía que tenga prohibido reprimir las protestas populares y cuyos agentes tengan derecho a la sindicalización. Ésas son las principales propuestas socialistas, como parte de nuestra lucha por cambios sociales de fondo. Nosotres también elegimos de qué lado de la mecha estamos.

De prisiones y contagios

En todo el país hay reclamos en penales.Es que a la pésima situación de higiene y alimentación se suma otro factor habitual, pero que en pandemia se torna mortal: la sobrepoblación. Por eso reclaman prisión domiciliaria, excarcelaciones anticipadas y salidas transitorias para algunas personas detenidas. Lo mismo piden el tribunal de Casación, la CIDH y organismos de derechos humanos.

Por la protesta en Devoto, y al costo de un preso asesinado por la represión en Corrientes y otro en Florencio Varela, se formó una comisión mixta detenidos-gobierno para evaluar las condiciones de detención y las posibles salidas al conflicto.

En el sistema capitalista, las cárceles son parte del aparato represivo del Estado para el control y disciplinamiento social. No sirven para verdadero castigo: los grandes delincuentes, los de guante blanco, nunca van presos. Tampoco para reinserción social: se logra pocas.

veces. Y tampoco sirven para ejemplificar: los delitos siguen, ya que su causa es la desigualdad social propia del capitalismo. Pero aun sin encarar ese debate de fondo, la Constitución nacional dispone en

su art. 18 que «las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo»…

Casi grotesco, ¿no? Ni seguras, ni limpias ni sanas y es obvio que el hacinamiento podría causar un desastre sanitario masivo.

Para desmentir a la derecha pro mano dura, que genera confusiones y dudas en gente honesta, nosotros solo proponemos permisos para detenidos de grupos de riesgo, mujeres embarazadas y/o con hijos, personas con salidas transitorias otorgadas, al término de libertad condicional, con condenas menores a tres años (delitos leves) y menores irregularmente condenados. O sea, ni violadores ni asesinos ni genocidas. Nadie pierde sus derechos por estar preso. El reclamo es legítimo.