En el top ten. La continuidad de la pandemia sigue dominando gran parte de la situación nacional. A punto de superar el medio millón de contagios y acercándose a las 10.000 muertes, Argentina es el cuarto país del mundo en casos diarios registrados de Covid-19 y se encuentra entre los 10 países con más contagios en el mundo. En este marco, el sistema de salud está al borde de la saturación en el AMBA y en varias provincias por falta de recursos y personal. Sin embargo, la respuesta del gobierno es seguir flexibilizando la cuarentena ante la presión de los capitalistas, que buscan recuperar ganancias, y la desesperación de miles de trabajadores informales a los que las medidas del gobierno no llegan, o lo hacen de manera insuficiente. Los más de 160 días de cuarentena no fueron utilizados para fortalecer la salud pública avanzando hacia un sistema único y cuando estamos en el pico de contagios cada día se libera más. Al mismo tiempo la falta o insuficiencia de las medidas sociales necesarias llevaron a más de 2 millones los despidos y suspensiones, y a un aumento del 50% en la tasa de desempleo en los últimos meses.

Otra vez la deuda. En lugar de volcar todos los recursos para responder a la crisis sanitaria y social el gobierno se apresta a comenzar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Después de ceder a la mayoría de los requerimientos de los bonistas privados, ahora, viene el turno del organismo presidido por Cristalina Giorgeva. Alberto Fernández y Guzmán se aprestan a convalidar el fraude macrista, uno de los mayores de nuestra historia, que sólo benefició a los grandes capitalistas que se fugaron íntegramente el préstamo del FMI. Una verdadera estafa y un cachetazo a quienes tenían alguna expectativa en que Alberto investigue este desfalco al país. Y, por supuesto, a seguir pagando toda la deuda odiosa y fraudulenta acumulada de anteriores gobiernos. Las consecuencias recaerán nuevamente sobre el pueblo trabajador, que pagará la fiesta de los de arriba con mayor ajuste y con la reforma laboral y jubilatoria exigida por el Fondo que probablemente sea parte del “nuevo programa” que reclama el ministro de economía.

Retomar la iniciativa. La profundización de la crisis despertó a una derecha reaccionaria que a fuerza de banderazos se fue envalentonando más en la medida que el gobierno, en lugar de enfrentarla, reculaba en cada medida que afectara (aunque tibiamente) los intereses patronales. Ahora Alberto Fernández intenta retomar algo de iniciativa con algunas medidas de tinte progresista que además de limitadas e insuficientes no solucionan los problemas del pueblo trabajador. Pese a definirse como un liberal, Alberto pretende no dejar de lado un perfil progre e intentar calmar las agitadas aguas internas en la coalición gobernante, que expresa el descontento que recorre por abajo a miles que se desencantan con el Frente de Todos. Es el sentido del DNU sobre las telecomunicaciones, que sirvió mucho para que la militancia del FDT pueda tener un eje de campaña, pero muy poco para los sectores populares que necesitamos no sólo el congelamiento de las tarifas por tres meses, sino que se retrotraigan míninamente a los valores de 2019. Por otro lado, apareció finalmente el tantas veces anunciado impuesto a la riqueza, en realidad un “Aporte solidario”. Muy lejos del proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad, que buscaba que los sectores concentrados de la economía sean quienes paguen la crisis, el proyecto oficial sólo alcanza a 12 mil personas que acumulan más de $200 millones, dejando por fuera a grandes empresas que sólo durante 2019 facturaron $3.7 billones de pesos. Una recaudación tres veces menor al planteado por la izquierda, por única vez y cuyo destino va en gran parte no a solucionar las crisis sino a beneficios a patronales.

No tapar el bosque (ni el fuego). Lo que no se modifica es la hoja de ruta trazada por Fernández y su gabinete. Mientras los bosques nativos cordobeses y los humedales del litoral arden en llamas para favorecer al agronegocio y al capital inmobiliario, el gobierno guarda un cómplice silencio y vuelve a ratificar su modelo extractivista. Como lo detalló el ministro de producción Matías Kulfas en su reunión con el Council of the Americas el modelo para la pospandemia está al servicio de juntar los dólares necesarios para hacer frente a los pagos de la deuda. Alberto Fernández lo ratificó el lunes: “necesitamos crecer, exportar, acumular reservas y luego pagar” dijo. El plan 2020-2030 que profundiza el agronegocio, el acuerdo con China para transformarnos en factoría porcina, la nueva ofensiva mega minera en Chubut son parte de un modelo al servicio de las corporaciones y de ataque a las condiciones de vida de los pueblos. Mientras tanto, siguen discutiendo con el G6 la “modernización de las relaciones laborales” y hasta los movimientos sociales afines al gobierno presentan proyectos de reactivación junto a lo peor de la burocracia sindical basados en mayor precarización laboral. Como no puede ser de otra manera, un plan que va contra los intereses populares no pasa sólo con doble discurso. El protagonismo dado por el gobierno a las fuerzas de seguridad del Estado, los discursos de reconciliación y el cada vez más indignante sostenimiento de Berni muestran que se preparan para responder con represión a la resistencia que seguramente provocarán sus planes. Mientras se esperan definiciones en el caso Facundo, la movilización se incuba y el reclamo de una comisión investigadora independiente se impone.

Pelear por otra salida. Desde el MST en el Frente de Izquierda Unidad sostenemos que es necesaria otra hoja de ruta, con medidas de fondo en favor del pueblo trabajador, que sólo pueden tomarse afectando los intereses de los capitalistas y especuladores. Si las telecomunicaciones son servicios públicos, entonces hay que reestatizar las empresas con control de sus trabajadores y usuarios. Si hay emergencia sanitaria se debe avanzar hacia un sistema único de salud universal, público y gratuito e incorporar el personal y la infraestructura necesarios. Si la prioridad es la vida hay que terminar con el modelo extractivista y planificar democráticamente un modelo en beneficio de las mayorías populares y el ambiente. Si hacen falta recursos para llevar adelante estas medidas hay que gravar en serio a las grandes fortunas como primer paso de una reforma tributaria progresiva donde paguen más quienes más tienen, dejar de pagar la deuda y nacionalizar la banca para impedir que se sigan fugando capitales. Junto con apoyar las luchas en curso para que triunfen e impulsar el surgimiento de una nueva dirección sindical democrática y combativa opuesta a la burocracia, es necesario que la izquierda se postule como un actor de peso en la realidad, mostrando que frente al gobierno y la derecha hay otra alternativa para quienes pelean por un país donde la prioridad sean las necesidades populares y no las ganancias capitalistas.