Antes de comenzar la negociación oficial con el FMI y para congraciarse con Kristalina Georgieva, jefa del organismo, Guzmán presentó el 15 de septiembre en el Congreso Nacional el proyecto de Presupuesto. Nada de progresismo. Más ajuste a la baja en inversión y gasto social y mayor carga impositiva para los sectores populares más desprotegidos. La propuesta de la izquierda.
Escribe: Carlos Carcione
El martes 15 se presentó el proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional en la Cámara de Diputados. En los últimos días trascendieron datos parciales de un borrador filtrado por el Ministerio de Economía encabezado por Martín Guzmán. Las metas que se dieron a conocer son generales y solo refieren a números de la economía macro. De todas formas, leyendo entre líneas se puede interpretar hacia dónde va el conjunto del proyecto. La reducción del déficit fiscal a la mitad de lo que sería este año, representa además de una exigencia clásica del FMI para cualquier negociación, una reducción drástica del gasto social. Por eso no es de extrañar que ya desde los borradores del proyecto filtrado se plantea la eliminación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), sin ninguna mención de un salario universal que cubra a los 9 millones de trabajadores a los que la pandemia más duro castigó. A quienes recibieron ese ingreso, totalmente insuficiente y tardío, el proyecto de Presupuesto no los contempla.
Por otra parte la supuesta duplicación de las partidas destinadas a obras públicas que se anuncia en relación al presupuesto de 2020 que, hay que recordar, es el mismo que el de 2019, es engañosa. La ley de referencia es la de un año que tuvo una inflación del 54%, la más alta desde 1991 y que entre otros ajustes contemplaba la práctica eliminación de la obra pública, por eso esta duplicación habría que calcularla desde porcentajes de inversiones en obras muy ajustados a la baja. De igual manera, el pronóstico de una inflación del 28% para el periodo 2021 hace recordar a las predicciones del gobierno Macri, que terminaban más que duplicando sus vaticinios optimistas. Pero estos pronósticos fallidos de inflación son funcionales para presionar en las paritarias, presionando en negociaciones salariales por debajo de la inflación real que finalmente termina produciéndose, lo que reduce la capacidad adquisitiva de los salarios. Contempla además, sobre la base de un discurso de impulso a la producción, amplios subsidios a las grandes empresas para apoyar las “exportaciones”, un ejemplo de ello es el programa “Barril Criollo” para la extracción de petróleo para sostener localmente un precio que internacionalmente ha declinado, o acuerdos de facilidades con inversión estatal incluida para la producción privada de gas para la exportación.
El ajuste también puede verse en lo que hace a las jubilaciones, pensiones, salarios familiares y otros planes sociales. Más allá de la eliminación del IFE y la no implementación de un salario universal básico, las modificaciones del cálculo para las jubilaciones han provocado una pérdida importante de estas prestaciones a la baja que está poniendo en riesgo de subsistencia a los jubilados y los beneficiarios de ayudas sociales. En fin, desde el punto de vista del gasto y la inversión social es un claro presupuesto de ajuste. Pero el ajuste no es solo desde el lado del gasto, también ocurre lo mismo desde la obtención de los recursos.
Se profundiza la desigualdad en la recaudación
Al contrario del discurso del presidente Fernández de que él busca reducir la desigualdad, un primer análisis de las fuentes de donde se obtendrían los ingresos demuestra que se profundiza la desigualdad que se dice combatir. Así, la estructura de la recaudación impositiva, al contrario de volverse más progresiva, se consolida como una de las más regresivas, incluso manteniendo algunas reducciones en las alícuotas para empresas aplicadas a finales de 2017 por iniciativa del macrismo. En este sentido, la principal fuente de ingresos continúa siendo el IVA que recae sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad. Este impuesto explica casi el 30% de la recaudación total. Otra fuente fundamental es el impuesto a las ganancias que desde 2000 fue extendido a gran parte de la fuerza laboral del país, gravando salarios y se mantiene. Mientras tanto, desde el 2020 fue reducido para las empresas por la Ley 27.430 de finales de 2017 propuesta por Macri y que no es revisada en este proyecto, mientras que seguirá sin haber un verdadero impuesto a la riqueza. Entre estos dos impuestos representan cerca del 40% de la recaudación total.
Pero por otra parte, a pesar de que los efectos de la pandemia se seguirán sintiendo el año próximo, no hay ningún impuesto a la riqueza. Ya que lo se ha comenzado a tratar en comisión en el parlamento es un aporte extraordinario por única vez sobre 12.000 personas que tienen una riqueza superior a los 300 millones de pesos.
Así mientras para el IVA se espera un incremento de su recaudación en un 47,4%, para Ganancias un aumento de 38,8% y para las contribuciones a la seguridad social (otro impuesto que pagan los trabajadores) se estima que crecerá un 40%. Entre tanto uno de los pocos impuestos que gravan el patrimonio de las personas con más poder adquisitivo, Bienes Personales, aumentará su recaudación en apenas un 13%, es decir que se licua su aporte comparado con la inflación proyectada.
En conclusión este presupuesto trae más ajuste a la baja en el gasto y la inversión social, mayor carga impositiva para los sectores populares y asalariados y mantiene privilegios para las empresas y los más ricos.
La propuesta de la Izquierda
La decisión del gobierno de Fernández de cumplir con los pagos de una deuda odiosa y fraudulenta condiciona el presupuesto de un plan económico que sólo apunta a la exportación para asegurar los dólares con los que pagar esa deuda. Por eso, no contempla una política para resolver a los más de 6 millones de trabajadores que han sido perjudicados en sus trabajos por la pandemia. Nuestra propuesta es opuesta por el vértice a esta política: la inversión social debe estar orientada para resolver el problema del trabajo y garantizar las necesidades básicas de la mayoría de la población. Algunas propuestas desde la izquierda son:
La inversión necesaria pasa en primer lugar en un verdadero plan de obras públicas, en especial de viviendas y de infraestructura necesaria para garantizar las condiciones de salubridad para la población.
En segundo lugar asegurar un salario universal a nivel de la canasta básica para los 6 millones de trabajadores con problemas laborales producto de la pandemia. En tercer lugar igual trato para los jubilados y los salarios familiares.
Las prioridades también deben invertirse desde el punto de vista de los ingresos. Por eso lo que hace falta es una verdadera reforma tributaria, que se ordene por la aplicación de un fuerte impuesto a la riqueza de las empresas. En ese sentido el proyecto presentado por la izquierda permitiría recaudar 15.000 millones de dólares. Como ejemplo de dónde se sacarían estos recursos, se puede señalar que solo en el 2019, cuarenta y un empresas facturaron 3,7 billones de pesos, o lo que es lo mismo el triple del presupuesto de salud y educación.
Para ordenar un plan de mediano plazo orientado a resolver los problemas estructurales de los trabajadores y el país, es necesario desconocer esa deuda externa, fraudulenta y odiosa.
Mientras tanto, cada vez choca más de frente el discurso del gobierno con una realidad que de progresista no tiene nada. A la hora del presupuesto, los números y la letra la pone Guzmán, pero la música la elabora Kristalina.
