Un gobierno herido. La situación política nacional estuvo marcada por el conflicto de la policía bonaerense. En las páginas de esta edición de Alternativa Socialista profundizamos su significado e implicancias. Sin embargo, para analizar la coyuntura política es necesario partir de este hecho por la significación y las consecuencias que traerá. La huelga policial fue un mazazo no solo para Kicillof sino para el conjunto del gobierno. Desde comienzos de año y sobre todo a partir de la pandemia y el comienzo de la cuarentena, la política de Alberto Fernández fue la de fortalecer el aparato de seguridad y represión del Estado. A las declaraciones tendientes a la reconciliación con las FFAA poco antes de cumplirse un nuevo aniversario del golpe del ’76 le siguió la decisión de darle al ejército y las policías el control del confinamiento y hasta la distribución de alimentos. Todas tareas que podían cumplir organizaciones civiles y sociales. El objetivo, como señalamos en su momento, fue continuar el camino de reconciliación para fortalecer el aparato represivo de manera preventiva ante posibles desbordes sociales fruto de la crisis económica, social y sanitaria a la que el gobierno no da respuestas.
Fortaleciendo el aparato represivo. Con el voto de confianza dado por el gobierno, las fuerzas de seguridad profundizaron su carácter represivo en el marco de una creciente descomposición. Desapariciones forzadas, abusos en los controles, apremios ilegales, aumento de los casos de gatillo fácil y un largo etcétera. El gobierno hizo oídos sordos a las denuncias y cuestionamientos manteniendo firme el apoyo a las fuerzas, cuya expresión más indignante fue el sostenimiento de Berni en el cargo. Si el gobierno venía mostrando una política económica con puntos importantes de continuidad con el macrismo, también en el discurso comenzó a asimilar la retórica de la derecha. Las declaraciones de sus funcionarios sobre las ocupaciones de tierras y las declaraciones de Berni contra los organismos de DDHH dan muestra de ello. A tal punto que hasta sectores del propio FDT tuvieron que salir a criticar, mostrando nuevamente que por abajo crecen los cuestionamientos al gobierno. Y aunque algunos quieran separar a Cristina de Alberto en cuanto a las decisiones políticas es evidente que las diferencias no son sustanciales. De hecho, son los sectores del kirchnerismo y la propia Cristina los que sostienen al impresentable de Berni.
Reculando nuevamente. Alberto Fernández y Kicillof terminaron cediendo a las demandas de la bonaerense. Quedaron en evidencia las prioridades del Frente de Todos. Pocos días antes de estallar la huelga ya habían anunciado el megaplan de seguridad al que se le destinan casi $40 mil millones. Mientras tanto la clase trabajadora sigue postergada, sobre todos los sectores esenciales. Para las y los trabajadores de la salud, docentes, y personal de la administración pública no hay plata, para la bonaerense sí. Mientras tanto el agravamiento de los contagios y las muertes por coronavirus, sumado a las tensiones que se acumulan en el sistema de salud ponen al país ante el escenario posible de una catástrofe sanitaria, lo que podría provocar que se licúen las expectativas de una parte importante de la población en el gobierno. Ante esta perspectiva Alberto Fernández y el Frente de Todos juegan dos cartas. Por un lado, instalando cínicamente que la propagación del virus se debe a la responsabilidad de la población, cuando son ellos quienes han permitido la apertura indiscriminada de la cuarentena para favorecer las ganancias patronales y minimizar los gastos sociales. Por el otro fortalecer el aparato represivo para enfrentar los reclamos sociales.
Preparar la lucha y una alternativa política y sindical de la Izquierda. Los aumentos otorgados a la policía causaron bronca en importantes sectores de la clase trabajadora que ve como se deteriora el poder adquisitivo de los salarios sin que el gobierno de respuestas. Probablemente esto aliente los reclamos del pueblo trabajador pese a la pasividad cómplice de la burocracia sindical que sigue asilando los conflictos, no convoca a ninguna acción y menos aún a instancias de deliberación y decisión democráticas.
Los indicadores de crisis social, las reformas reaccionarias en ciernes y el presupuesto 2021 a la medida del FMI muestran un horizonte de conflicto y mayor desgaste del gobierno. Sobre el cierre de esta edición se anunció una nueva restricción a la compra de dólares y una devaluación encubierta al llevar el dólar «solidario» a $130 que, lejos de frenar la fuga de capitales, significa un nuevo golpe a la economía popular. De hecho, está convocada una jornada nacional de lucha del personal de salud para el 21 de septiembre. En ese marco, la jornada del sindicalismo combativo este jueves 17 tiene la importancia de visibilizar los conflictos en curso y plantear la necesidad de un plan de lucha para derrotar el ajuste. Pero la pelea no es sólo sindical. Lo que está en cuestionamiento es un modelo que tiene como prioridad garantizar las ganancias capitalistas. Por eso el mismo 17 también levantaremos a las 18hs en el Obelisco, un espacio y tribuna de unidad entre la izquierda y distintos sectores en lucha, evento convocado por ANCLA-MST y los compañeros del MAC-PTS. Será un paso en la necesaria tarea de unir las luchas con un programa de fondo y postular a la izquierda como alternativa. Mientras el deterioro de la situación económica y social envalentona a una derecha reaccionaria que continúa intentando polarizar con el gobierno, se hace más necesario que nunca amplificar la voz de una alternativa distinta, al servicio del pueblo trabajador.
La izquierda tiene la responsabilidad de mostrar que frente a un gobierno que no da respuestas y una derecha que reclama más represión y ajuste hay una tercera opción. De los que peleamos porque la crisis la paguen los capitalistas, por un plan económico obrero y popular y por un modelo que priorice las necesidades del pueblo trabajador.
