Un amplio proceso de toma de tierras se ha extendido en el conurbano bonaerense y otras zonas del interior. En medio de una pandemia que azota sobre todo a los sectores más pobres, la respuesta a la necesidad de un derecho elemental como la vivienda sigue siendo una deuda que los gobiernos pretenden resolver sólo con promesas y represión.

Escribe: Andrea Lanzette

En varios distritos bonaerenses y otras ciudades se vienen desarrollando tomas de tierras por familias desesperadas y sin techo. La casa propia, ese sueño de la familia trabajadora de antaño, hoy es reemplazado por otro mucho más modesto pero igual de lejano: un lugar digno donde vivir, aunque no sea propio.

El acceso a alquileres sociales o a créditos blandos para comprar es inexistente y en el marco de la pandemia muchas familias han sido arrojadas al hacinamiento en villas miseria, sin agua potable ni cloacas. Como parte de ese mismo proceso, aumentaron de manera significativa las personas en situación de calle. Ante esto, la respuesta del gobierno es casi sin grietas: promesas para un futuro incierto, pero hoy desalojos violentos de las tomas, sin resolver la necesidad habitacional de fondo.

El problema en números

Según los últimos datos disponibles del INDEC, en el país viven 45.3 millones de personas que integran 13.3 millones de hogares, cuyo 92% habita en ciudades. Uno de cada tres hogares tiene problemas de vivienda. Son unos 4.4 millones de personas sin casa propia1.

A eso hay que agregarle muchas familias que sí tienen casa, pero con problemas de calidad y falta de servicios básicos. Más de un tercio de ellas no tiene una vivienda digna. A su vez, según la proyección anual se forman 200.000 hogares nuevos, de los cuales entre 35.000 y 50.000 no logran tener un techo para vivir2.

En ese marco, el sueño de la casa propia está cada vez más lejos. La tasa de propiedad descendió de un 77% de hogares propietarios en 1999 a un 69% en 2010, siempre según los datos del propio INDEC. Esta fue la primera caída visible y no se detuvo, pues hoy es inferior al 60% a nivel país y mucho menor en la Provincia de Buenos Aires, el tercer distrito con el promedio más caro por metro cuadrado de vivienda. Esto produjo una mayor demanda de alquileres y una elevación de sus precios, por lo que cayó también la tasa de viviendas alquiladas. Surge entonces la pregunta: ¿en dónde vive esa gente?

Taza, taza, pero pocos con casa

A lo largo de su historia el Estado argentino no ha tenido, salvo breves excepciones, políticas integrales de vivienda. Si bien el derecho a una vivienda digna está reconocido en la Constitución Nacional por el famoso artículo 14 bis, la tensión entre este derecho que debería garantizar el Estado y su real regulación por el mercado capitalista se ha resuelto en favor de este último.

Este déficit se agudizó con la dictadura militar, que barrió con muchos de los asentamientos y villas de los sectores populares. Esta política represiva se frenó con Alfonsín, aunque bajo su gobierno creció la pobreza estructural. El modelo neoliberal menemista, con su combo de privatizaciones, desindustrialización y anulación de derechos sociales, profundizó aún más el deterioro social. Las políticas de vivienda y urbanización no crecieron al compás del PBI, pero en cambio sí crecieron la especulación y el boom inmobiliario.

Luego de la crisis de 2001, en los doce años de gobierno kirchnerista hubo pocas políticas de acceso a la vivienda. Con el programa Pro.Cre.Ar, creado en 2012, no se logró ni siquiera adjudicar todos los fondos para las 400.000 casas que se planificaban, cifra ya de por sí lejos de las crecientes y aplazadas necesidades.

El gobierno de Macri, que hizo un negocio de cada necesidad, perfeccionó el lucro financiero con el programa de créditos UVA. La Unidad de Valor Adquisitivo se inició en 2016 con un valor de $14,05 y en 2018 llegó a $ 31,063. Ajustado por inflación, la destrucción del peso tras sucesivas devaluaciones llevó a un aumento de las cuotas del 170% en tan sólo dos años.

Esa situación no se ha frenado, lo que provocó muchos pedidos de congelar las cuotas sin resultado judicial a favor de los damnificados. Un negocio redondo para los bancos que ganan mediante las cuotas y, además, son subejecutores de las propiedades hipotecadas. Por eso, si bien fue un formato crediticio de bancos públicos, con el tiempo se sumaron los privados sin ningún control del Estado. Además, el valor de las propiedades medido en dólares y por la misma inflación es inalcanzable para quien vive de su salario.

Ni casa propia ni casa digna

Cientos de familias que se forman optan por alquilar, aunque esto también es una ilusión que se aleja para muchas. Según un portal especializado en propiedades, «los precios de los alquileres aumentaron 19,2% desde el 11 de junio, cuando el Senado sancionó la ley que regula al sector. En lo que va de 2020, el precio promedio de los alquileres acumula una suba del 37,6%, el doble que la inflación y por encima del ajuste de los créditos UVA (22,8%)»4.

La nueva ley de alquileres, si bien extendió a tres años el contrato, no impide esos aumentos al no plantear ningún control de precios desde el Estado y tampoco incluye líneas de ayuda ni subsidios para su acceso. En cambio, el proyecto de ley de alquiler social que presentó Alejandro Bodart en la Legislatura porteña no sólo proponía elevar el ABL a las viviendas ociosas para empujarlas al mercado y abaratar los alquileres, sino la garantía del Estado y un subsidio significativo.

Con la pandemia, muchas familias que perdieron su trabajo e ingresos se vieron arrojadas a la calle. Eso produjo el crecimiento en las tomas de tierras, como en Moreno, Guernica y San Fernando, entre otras. No pueden esperar la vaga promesa de fondos que vendría algún día con el 15% a recaudar del impuesto a las fortunas, que se destinaría a los barrios del Renabap5. La única respuesta concreta hoy por parte del gobierno es la acusación de delito, la represión, el desalojo, sin contemplar ninguna solución de fondo. La ministra Bielsa, de Desarrollo Territorial y Hábitat, mutis.

Faltan casas, sobran policías y negocios inmobiliarios
Por sólo dar un ejemplo, con los $37.681 millones que en una primera etapa Fernández destina al «megaplan» de seguridad bonaerense se podrían construir unas 38.000 viviendas populares, dar techo digno a unas 200.000 personas y crear 100.000 puestos de trabajo. Pero no: nombran más policías, compran más armas y patrulleros, y construyen más cárceles. La prioridad está clara.

Es un hecho: la vivienda digna no se garantiza. Mientras los gobiernos permiten más cemento especulativo y negocios inmobiliarios, se reducen los espacios verdes urbanos y se habilita la construcción de barrios privados y shoppings. Se desalojan las tomas de los terrenos propicios para el negocio, mientras que allí en donde no se puede especular, como en las veras insalubres de los ríos, el asentamiento quizás se deja correr.

Rechazamos todo desalojo en las tomas y exigimos que el derecho a la vivienda sea atendido con subsidios para compra de materiales y acompañamiento para la construcción. Allí donde está la necesidad debe estar el derecho, no la represión policial.

1 INDEC, Informe técnico 2018 sobre Vivienda y Urbanidad.
2 INDEC, Informe técnico 2019.
3 Datos de la Defensoría del Pueblo de la CABA, fines de 2018.
4 Portal Zonaprop.
5 Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana.