El conflicto de la Bonaerense reabrió debates sobre papel de la policía y qué cambios hacen falta. ¿Qué función cumplen las fuerzas policiales y de seguridad en este sistema social? ¿En qué medida garantizan seguridad pública? ¿Son trabajadores o no? ¿Qué modelo de seguridad alternativo proponemos desde el MST?

Escribe: Pablo Vasco

«Tu policía. Como tiene que ser», dice el lema de la Policía Bonaerense. «Al servicio de la comunidad», dice el lema de la Federal…
Nada que ver. Ninguna policía, gendarmería ni fuerza de seguridad son tuyas, ni son como tienen que ser ni tampoco están al servicio de la comunidad. Son todos cuerpos estatales armados, que se presentan bajo la falsa ideología de que te «cuidan» a vos y a toda la ciudadanía, pero su verdadera función, su función principal en este sistema económico-social, es muy otra: cuidar con las armas la propiedad privada de los medios de producción y los privilegios de la burguesía, que es la clase dominante en el capitalismo.

Cada vez que en la sociedad surge alguna lucha o movilización popular, ya sea de índole sindical, ambiental, estudiantil, por el derecho a la vivienda, por cuestiones de género o cualquier otra, cuando intervienen las policías y las fuerzas de seguridad lo hacen siempre, sin excepción, para defender al mismo bando: a los poderosos. Ésa es su naturaleza, su razón de ser: mantener «el orden» establecido, el orden burgués. Jamás reprimen a un empresario, un terrateniente o un gobernador.

Es que todas ellas, así como las fuerzas armadas, el servicio penitenciario y los organismos de inteligencia, forman parte del aparato represivo del Estado al servicio de defender los intereses económicos y políticos de la clase capitalista. Ésta, que es un segmento numéricamente mínimo de la sociedad, sólo puede mantener su poder político y su explotación de la clase trabajadora y el pueblo por la fuerza, mediante su brazo armado policial y militar.

No son trabajadores

Los policías, gendarmes y militares cobran un salario, cumplen un horario y su empleador es el Estado. A menudo, al menos en los rangos más bajos, sus miembros provienen de sectores obreros y populares. En algunas zonas del país, incluso, ingresar a alguna de estas fuerzas es a veces casi la única posibilidad de salida laboral y de lograr alguna mejora social.

Pero nada de esto debe confundir. No juzgamos ni nos referimos a sus integrantes como personas, ni a su origen social ni tampoco al hecho de que el Estado les pague sus sueldos: hablamos de la institución policial. Como tal, su «servicio público» primordial en este sistema consiste en reprimir a los trabajadores y sectores populares cuando salen a luchar y cuestionan de alguna manera los intereses capitalistas.

León Trotsky lo explicaba así: «Aquí, una vez más, es la existencia la que determina la conciencia. El obrero, convertido en policía al servicio del Estado capitalista, es un policía burgués y no un obrero»1.

Son parte de la inseguridad

En 2019 hubo en nuestro país 2.291 homicidios dolosos2, o sea intencionales. Ese mismo año, los casos de gatillo fácil policial y muertes bajo custodia del Estado -en comisarías y cárceles- sumaron unos 4503. Es decir, el aparato represivo es el ejecutor y responsable directo de un 22,5% del total de asesinatos: más de uno de cada cinco.

El hecho brutal más reciente cometido por la Bonaerense, de desaparición forzada seguida de muerte, es el de Facundo Astudillo Castro. Son los puntos más altos de la violencia policial, que por supuesto incluye miles de abusos, golpes, detenciones arbitrarias y torturas, así como operativos de represión a luchas sociales.

A esto hay que sumarle toda otra gama criminal, desde las coimas por tránsito hasta liberar zonas al delito y desde reclutar menores para delinquir hasta robos directos a mano armada. Más grave es la complicidad o connivencia policial con los llamados delitos económicamente organizados: narcotráfico, trata y explotación sexual, juego clandestino, contrabando, tráfico de armas. No hay ningún desarmadero de autos, red de trata de personas ni cocina de cocaína que pueda funcionar sin la intervención mafiosa o el aval policial.

Y ojo, no se trata sólo de suboficiales y oficiales, sino de altos mandos, en especial los de áreas como Drogas Peligrosas y Asuntos Internos. Ejemplos sobran, en CABA y en todo el país. Además, se sabe que desde los penales se organizan salidas de detenidos para robar y compartir el botín con los jefes.
En semejante panorama, ¿de qué «seguridad» policial nos vienen a hablar?

Disolver esta policía

Entonces, si el rol fundamental de esta policía es el control social y la represión a las luchas, y si encima no garantizan la seguridad y son parte del delito, la conclusión obvia es que no alcanza con hacer tal o cual reforma. El problema no es una o dos manzanas podridas, sino el cajón. No es un policía: es toda la institución. Por eso lo que hace falta es una medida mucho más radical: su desmantelamiento y disolución.

· En primer lugar, la seguridad de toda persona debería incluir que el Estado garantice seguridad en el trabajo, en el salario, la vivienda, la educación, la salud, la tercera edad. Seguridad de que va a contar con un plato de comida, un techo digno y demás derechos básicos. Es que dirigentes políticos que no son de izquierda, como el peronista Alberto Fernández o hasta la macrista Florencia Arietto, reconocen que la causa central del delito es la creciente desigualdad social, no la pobreza. Pero luego no atacan ni proponen atacar esas causas con políticas económicas que reduzcan esa brecha, no que la ahonden. Como parte de esas medidas económicas alternativas, un plan de inclusión educativa y laboral para los jóvenes, que les abra verdaderas perspectivas, ayudaría a desalentar muchas conductas delictivas.

· Segundo y en línea con lo anterior, rechazamos de plano el «megaplan» de seguridad para el conurbano bonaerense que lanzaron Fernández y Kicillof con acuerdo de todos los intendentes. Destinar $ 37.000 millones a formar 10.000 agentes bonaerenses más, desplegar 4.000 gendarmes más, construir más cárceles y comprar más armas no va a resolver la inseguridad sino que va a agravar la violencia policial y el gatillo fácil. Lo que sí ayudaría a combatir la inseguridad en los barrios es la autoorganización de los vecinos, que conocen mejor que nadie los nichos de la delincuencia y sus cómplices.

· Y tercero, junto a aplicar un plan económico opuesto al actual, proponemos disolver esta policía y formar un nuevo cuerpo de seguridad comunitaria, democrático, totalmente distinto, con prohibición absoluta de reprimir la protesta social. Ese nuevo cuerpo debe tener un carácter esencialmente preventivo y de disuasión del delito; jefatura civil y mandatos revocables si hay mal desempeño; control de su accionar y de las comisarías por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales; y el derecho de sus agentes a sindicalizarse. En suma, un proyecto íntegra y radicalmente diferente.

Entre otros puntos, el reciente conflicto policial reactualizó el debate sobre la conveniencia o no de su sindicalización. Pero en el caso de esta Bonaerense, por su actual estructura, formación y composición -y lo mismo vale para la Federal y demás fuerzas provinciales- un sindicato jugaría un rol negativo, corporativo y encubridor de la impunidad policial. No olvidemos que el reaccionario punto 14 de su petitorio era poner fin a los sumarios, traslados y arrestos. Y no se referían a las sanciones derivadas del propio reclamo, ya que eso era su punto 1. Por eso el planteo de la sindicalización policial no es adecuado para todo tiempo y lugar.

La tendencia general de las policías, como parte del giro global autoritario de los gobiernos, es a una mayor elitización y dureza represiva (ver nota pág. 12). En ese marco, por ejemplo, ante la rebelión negra y popular en los EE.UU. los sindicatos policiales presionaron para que no se hagan públicos sus prontuarios y así preservar su impunidad. Es más: el mayor sindicato policial yanqui, la Orden Fraternal de Policía (FOP, según sus siglas en inglés), por unanimidad apoya públicamente la reelección del represor racista e imperialista Trump.

No descartamos que en otras circunstancias políticas concretas, extraordinarias, la consigna de sindicalización pueda contribuir a dividir y debilitar el aparato represivo. Pero no es éste el caso. Por eso hoy nuestra propuesta clara hacia la Bonaerense y demás policías, repetimos, es su disolución y su reemplazo por una fuerza nueva y cualitativamente distinta.

1 ¿Y ahora? Problemas vitales del proletariado alemán, 1932.
a3 Informe Correpi 2019.