Se acerca una nueva fecha de lucha en el calendario feminista. Cada 28 de septiembre se realiza una gran jornada de acciones coordinadas en Latinoamérica y el Caribe por el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro.
Escribe: Catalina Coles, de la Campaña por el Derecho al Aborto (Zona Norte)
Con estas líneas, queremos aportar algunas reflexiones en torno a la actualidad y las perspectivas en la pelea por la legalización del aborto en la Argentina, en el marco de la pandemia mundial y también de las promesas incumplidas por el gobierno nacional. Mientras tanto, más de 120 mujeres y personas con capacidad de gestar mueren cada año por abortos clandestinos e inseguros.
Un poco de historia
El lanzamiento de este día como parte de la agenda feminista fue en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en San Bernardo, allá por 1990. En el taller sobre aborto, compañeras de distintos países de la región decidieron de manera unánime declarar el 28 de septiembre como el Día por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe.
La fecha conmemora que el 28 de septiembre de 1871 se proclamó en Brasil la ley de libertad de vientres que declaró libres a les hijes nacides de las esclavas. En la mayoría de los países de la región, aún hoy las mujeres y personas con capacidad de gestar, seguimos siendo esclavas de legislaciones prohibitivas y del reaccionario dogma de las iglesias -en especial la católica- que quieren imponer sus rosarios en nuestros ovarios.
En América Latina y el Caribe, el 97% de las mujeres y personas gestantes en edad reproductiva vive en países con leyes de aborto restrictivas1. Varios países, sobre todo en Centroamérica, tienen normativas muy restrictivas o incluso la práctica -cualquiera sea la causa que lleve a requerirla- está terminantemente prohibida. La penalización del aborto ha llevado a encarcelar mujeres en todo el continente, incluido nuestro país.
Por eso esta fecha es muy importante como eje de reivindicación y de lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Alberto: ¿y el proyecto?
El 1° de marzo de 2020, en la apertura de sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández dijo: “Dentro de los próximos diez días presentaré un proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo”2. Desde el anuncio, venimos planteando que el proyecto que debe tratar y aprobar el Congreso es el que construimos colectivamente en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que en 2018 recibió un apoyo masivo con millones en las calles sosteniendo pañuelazos, martes verdes y vigilias.
Pero por la presión de la Iglesia y los evangélicos Alberto prepara un proyecto de IVE distinto, mucho más recortado y con más obstáculos, que además presentaría junto a otro proyecto para impulsar la maternidad (plan de los “mil días”).
Aun así, desde su anuncio pasaron más de seis meses y desde el Ejecutivo repiten que en “este contexto” es “imposible sancionar una Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que el sistema de salud está muy muy estresado” y que “no podés otorgar ahora un derecho que después el Estado no va a poder garantizar”3…
Lo que el gobierno omite es que la falta de aprobación de la ley de IVE4 condena a las mujeres y personas gestantes a la clandestinidad y en muchos casos es una sentencia de muerte.
La lucha por el aborto legal, seguro y gratuito es trascendental. Es una cuestión de salud pública porque mueren 120 personas al año y miles quedan con secuelas. Es un tema de justicia social porque mueren las mujeres pobres. Y es una cuestión de derechos humanos inalienables porque eso son los derechos sexuales y reproductivos y porque obligar a gestar es una forma de tortura. Además, el derecho democrático a decidir sobre nuestrxs cuerpos es básico, si queremos realmente construir libremente nuestro proyecto de vida y nuestro rol, que no necesariamente es el rol de reproductoras de la fuerza de trabajo que nos asigna este sistema capitalista y patriarcal.
Un Estado presente debería garantizar todos los derechos esenciales, y el derecho al aborto es una prioridad inexcusable. Todos los argumentos del gobierno no son más que pretextos sin fundamento. Veamos por qué.
Salud pública versus aborto legal: una falacia
Las estimaciones arrojan un total de 400.000 a 700.000 abortos por año en nuestro país5. La gran mayoría se hace en clandestinidad, no mediante ILE6, y a veces en condiciones sanitarias deplorables. Esto lleva a que muchas mujeres y personas gestantes tengan complicaciones, desde secuelas permanentes hasta la muerte. Se estima que hay al menos 120 muertes cada año por aborto séptico.
Pues bien, a partir de las exigencias al gobierno sobre la ausencia de su prometido proyecto, algunas autoridades y el propio AF han dicho que, ante la pandemia, hoy el Ministerio de Salud no tendría la capacidad para asumir los costos de atención que implicaría legalizar el aborto.
Es falso. Según un estudio comparativo de costos en base a los datos oficiales de 2018, realizar un piso anual de 457.000 abortos seguros con misoprostol y mifepristona costaría de 104 a 145 millones de dólares. Esto se podría reducir aún más si la producción de tales medicamentos fuera estatal. En cambio, atender las complicaciones de salud de esa misma cantidad de abortos no seguros costaría un mínimo de 476 millones de dólares7. Es decir, además de causar unas 120 muertes y miles de mujeres con secuelas graves, el aborto clandestino le cuesta al sistema de salud de tres a cinco veces más que si la práctica fuera legal.
Por ende, es una falacia decir que el problema es la pandemia y que complicaría al sistema de salud cuando es lo opuesto, desocuparía camas, desafectaría de esta tarea a personal especializado y le ahorraría al Estado cientos de millones de dólares, además de salvar la vida y proteger la integridad física de las mujeres y personas con capacidad de gestar, dato para nada trivial.
El 28, pañuelazos en todo el país
Por todo esto es indispensable volver a tomar las calles, como único medio para hacer oír nuestros reclamos. Desde ya, con medidas de distanciamiento e higiene. Pero queda claro que sin lucha y movilización no seremos una prioridad para este gobierno.
Lamentablemente, desde la articulación de la Campaña se sostienen sólo actividades virtuales. Si bien las acompañamos, en este contexto son muy insuficientes. Además la articulación plantea consignas anodinas como Aborto 2020 o similares, abandonando la exigencia explícita de que se apruebe el proyecto propio. Alberto le cede a la Iglesia y la Campaña le cede a Alberto.
En cambio, cumpliendo las resoluciones que acordamos en la Conferencia latinoamericana y de los EE.UU. del FIT Unidad, impulsaremos marchas el lunes 28S, levantando también la consigna de separación de las Iglesias y el Estado8.
Convocamos a toda la juventud, al movimiento de mujeres feminista y disidente, a la marea verde, a que se movilicen con nosotres al Congreso y ante las catedrales de todo el país a exigir que, de una vez por todas, nuestro derecho al aborto sea ley.
Según datos publicados por el Instituto Guttmacher.
https://www.perfil.com/noticias/politica/aborto-legal-a-pesar-del-plazo-de-alberto-fernandez-todavia-no-se-presenta-proyecto.phtml
https://www.pagina12.com.ar/284532-por-que-se-retrasa-el-proyecto-del-gobierno-sobre-el-aborto
Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Fuente: Amnistía Internacional.
Interrupción Legal del Embarazo: el aborto por causales determinadas es legal en Argentina desde 1921.
Monteverde, Malena, y Tarragona, Sonia; revista Salud Colectiva, UNLA, 2019.
https://mst.org.ar/2020/08/01/resoluciones-de-la-conferencia-latinoamericana-y-de-los-eeu-del-fit-u/
