Del 6 al 11 de octubre presenciamos una nueva visita del Fondo Monetario Internacional (FMI). La votación en la ONU y la puesta en duda del cuarto IFE fueron la alfombra roja con la que el gobierno esperó a la nueva comitiva. Reuniones con parte del gabinete, la UIA y la CGT, marcaron la agenda del Fondo. ¿El motivo?: colaborar con la instauración del «pacto social» para asegurarse el cobro de los dólares de un préstamo espurio. Otra vuelta del árbitro internacional que moldea la política local.

Escribe: Nicolás Zuttión

En el marco mundial que Michael Roberts define en su último artículo Debt disaster with no escape, como una crisis sin precedentes de las deudas soberanas y privadas de los países «emergentes», totalmente distinto al panorama de los principios de los ’00 por la creciente desinversión del capital privado en el cono sur, el FMI vuelve a acechar el país. Sin importar las definiciones de Carmen Reinhart, primera economista del Banco Mundial, quien sentenció que «en términos de cobertura, de qué países se verán envueltos, estamos en niveles que ni siquiera se habían visto en la década de 1930», la avaricia del organismo por cobrar una deuda ilegítima que azotará aún más los indicadores económicos de Argentina, no tiene fin.

Así desde el martes al domingo pasado llegó la comitiva del FMI, con motivo de ajustar la definición propia sobra la situación política y económica en la que está sumergida la economía local. El equipo técnico encabezada por Julie Kozack, número dos de la entidad, y Luis Cubeddu, el responsable de llevar adelante las negociaciones con Argentina, también tuvo las primeras conversaciones con el ministro Martín Guzmán para terminar de pactar cómo se van a pagar los U$S 44.000 millones.

Pese a que este préstamo entra en los marcos jurídicos de lo que se cataloga como «deuda odiosa» en el derecho internacional, y además rompió los propios marcos del contractualismo del Fondo, el gobierno de Alberto sigue con intenciones de abonar sin siquiera investigar los ilícitos. Tal es así que, previo a la visita, abogó por tratar de llegar a un acuerdo «lo antes posible». Como también lo hizo el macrismo, voces del Frente de todos y hasta de la misma burocracia sindical, que tuvo su encuentro personal, hablaron de un organismo distinto al de los ’90 y 2000.

¿Cambió el Fondo?

La «compañera Kozack» reflejan algunos medios como la nueva forma en la que funcionarios se refieren a una de las mandamases del Fondo que nos visitó. También festejaron los dichos de la directora del propio organismo, Kristalina Georgieva, quien dijo a la CNN en español «No venimos con la idea de recortar aún más el gasto, en estas circunstancias». Por lo tanto, cuando las circunstancias lo ameriten el recorte va a llegar. Aunque si nos aferramos a la realidad y no a los discursos vacíos, el ajuste ya está impreso en el proyecto del Presupuesto 2021 que también la comitiva vino a revisar número por número.

Pero para ver la verdadera cara del FMI, tan sólo hay que revisar su actuación en otro de los países de Latinoamérica. Fue en Brasil donde expuso al público sin tapujos su famosa ortodoxia, exigiendo en su revisión anual que «Se sigue necesitando un renovado impulso para aprobar una reforma fiscal integral, finalizar acuerdos comerciales con la UE y otros socios comerciales y acelerar el ritmo de nuevas concesiones y privatizaciones». Párrafo seguido festeja la reforma jubilatoria aplicada por el «fascista» Bolsonaro. No todo termina ahí, sino que el «nuevo» Fondo, además de agradecer a este personaje derechista, vuelve a pedir más recorte con el fin de la Ayuda de Emergencia, que no es más que el equivalente al IFE en nuestro país.

Más ejemplos de este tipo se encuentran en los pedidos del FMI a los gobiernos de Ecuador, México y una larga lista de países. Los únicos cambios reales que se palpan son los de la postura de Fernández ante el organismo. De denunciarlo por financiarle la campaña a Macri, a vender pescado podrido de un supuesto nuevo Fondo, siendo el mismo responsable del empobrecimiento letal de los trabajadores argentinos a principios del 2000.

Patrones y burócratas

Durante su estadía el FMI no perdió tiempo para nada y avanzó en tener reuniones con la UIA y la CGT para realizar un paneo de los actores que hacen al pago de la deuda. Comenzando por lo últimos, la reunión que llevaron con la burocracia sindical tuvo como horizonte asegurarse de parte de este corsé de la clase obrera, estabilidad social ante los planes de austeridad diseñados. Claro que Daer y compañía, una vez finalizado el encuentro, salieron a bancar al fondo postulando «un contundente apoyo al Gobierno en una estrategia de negociación con el FMI», comprometiéndose en un diálogo tripartito con el gobierno y los empresarios.

Estos anuncios los dan sin que les importe el aumento de los índices de desempleo, que hoy llegan al 13%, ni las futuras paritarias a la baja que proponen las distintas patronales. En vez de realizar asambleas de bases, una vez más, los gordos de la burocracia se inclinan por el ajustador.

La entrega no termina acá. El convite de la UIA con el FMI, como era de esperar, estuvo marcado por la discusión de una medida que ambos anhelan, la reforma laboral. Mientras la CGT decía que tal reforma no entra en los planes del organismo multilateral, uno con los que se piensa sentar a dialogar, Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA pedía por la emergencia laboral. Una propuesta marcada por la inclusión de un «seguro que cubra la doble contingencia, despido y suspensión», además de rebaja de cargas patronales para nuevos puestos de empleos que se creasen.

Parafraseando un proverbio español, podemos decir que Fernández los malcría y el Fondo junta a estos sectores que no traman más que nuevas descargas de ajuste económico y de derechos a los trabajadores.

¿Qué hacer para romper con el FMI?

Permitir que el FMI continúe monitoreando nuestro país, es reafirmar el régimen neocolonial que el macrismo profundizó. Las implicancias se ven en las votaciones de la ONU, donde el gobierno argentino votó junto con Trump y Piñera para denunciar los ataques a los DDHH en Venezuela. No porque en ese país no existan atrocidades de ese tipo por parte de la burocracia conducida por Maduro, sino porque el gobierno se alineó con personajes que actúan de igual manera y se entrometen en la soberanía de otros pueblos.

Además de la política exterior, también condiciona la organización de la economía a tal punto que, desde que arribó la comitiva, se puso en duda el pago de un mísero cuarto IFE. El propio Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, después de su encuentro con el Fondo fue quien puso en duda el pago del mismo. También advirtió que en su reunión con la comitiva del organismo charlaron sobre «política de pospandemia del Ministerio». Si miramos los números del Presupuesto 2021, los gastos en esa área son a la baja en comparación con los de este año.

Sostener este organismo en el país, también demuestra un ataque a la toma de decisiones por parte de los trabajadores. Personas que nunca fueron electas por nadie, son las que terminan decidiendo la aplicación de reformas regresivas como: la laboral, jubilatoria e impositiva.

Por esto, si pensamos qué hacer para romper con el FMI, primero hay que terminar con la orientación política que imprime el gobierno de Fernández. Honrar la deuda con este organismo no es más que acordar la continuidad de políticas hambreadoras. En una situación de colapso económico como el que se vive, es necesario declarar un default soberano para atesorar las divisas en función de un plan que se oriente a las necesidades de los trabajadores.

Como lo venimos proponiendo y reclamando desde el MST en el FIT – Unidad, la salida del Fondo reside en romper con dicho organismo, no pagar la deuda externa y nacionalizar la banca y el comercio exterior. Todas estas medidas son las que están orientadas a recobrar la soberanía entregada y conducir los destinos hacia una salida donde no sean los mismos de siempre los que terminen pagando los costos de la crisis.