Otra vez Duhalde… y también Cristina. Hace pocos días volvió a aparecer el ex presidente haciendo declaraciones a la prensa sobre la situación del país. Lo definió como un «barco a la deriva» que se encuentra en un «proceso pre anárquico». Los medios afines al gobierno no tardaron en responder que era parte de la «campaña de desestabilización de la derecha».

Esta es, cuanto menos, una mirada bastante sesgada de la realidad. Duhalde refleja la mirada de sectores importantes de la burguesía argentina -no por casualidad fue el elegido por el establishment para capear la crisis del 2001- preocupada por un escenario que está acumulando tensiones y ponen al país en una dinámica de estallido social. Su nueva aparición busca insistir con el reclamo de restaurar la unidad nacional costurada a principios de la pandemia y que se fue quebrando ante la profundización de la crisis. Es el mismo planteo que expresó Cristina en su carta llamando a concretar un «acuerdo con todos los sectores». La orientación política de la derecha, por otra parte, apunta más a desgastar al gobierno con la mira puesta en las elecciones del año que viene que a una supuesta desestabilización, y se asienta en dos pilares: el descontento creciente con las respuestas del gobierno y las concesiones que el propio gobierno viene haciendo, que la envalentona para seguir presionando y obtener aún más.
Tensiones que se acumulan. Los temores que expresan las declaraciones de Duhalde y la carta de Cristina, no son producto de su imaginación ni de un «episodio psicótico», se asientan en una situación social que se agrava. El gobierno de Alberto, con un discurso de priorizar la salud por sobre la economía no hace ni una cosa ni la otra. O, mejor dicho, prioriza la economía de los capitalistas con aperturas indiscriminadas, subsidios y bajas de retenciones. Pero el pueblo trabajador sufre millones de nuevos desocupados, salarios que siguen perdiendo frente a la inflación, una pobreza que alcanza a la mitad de la población, la falta de protección sanitaria en las empresas y un sistema de salud que en varias provincias comenzó a colapsar por falta de inversión. Las tomas de tierras, con Guernica como símbolo, son muestra de la realidad desesperante de los sectores populares. Es esta situación la que aumenta la presión de la caldera social. La pandemia por un lado y una burocracia sindical enfeudada al gobierno por otro, están logrando por el momento contener esa caldera, pero la perspectiva es a que eso pueda cambiar porque son cada vez más los sectores que salen a luchar. A la vanguardia está el personal de salud, con las enfermeras a la cabeza que vienen llevando adelante importantes acciones por fuera de sus direcciones sindicales, pero se suman reclamos docentes, de colectiveros, aeronáuticos y otros sectores.

Es el modelo de todos. La gravedad de la situación acrecienta los roces en la alianza de gobierno, incluyendo cuestionamientos a ministros y pedidos de cambio de gabinete. Es el reflejo por arriba de la decepción que recorre a miles que votaron y tuvieron expectativas en el Frente de Todos y ven cómo las medidas del gobierno no dan respuesta a la crisis sanitaria, económica y social, ni tampoco a las embestidas de la derecha. Sin embargo, no aparece como lo más probable, por ahora al menos, que dirigentes importantes salten del barco. En última instancia, el proyecto de Alberto es el proyecto del Frente de Todos -de todos sus sectores- como se expresaba ya en la plataforma de constitución de la alianza.

Un proyecto que se ordena a partir de obtener los dólares necesarios para cumplir con los pagos de la deuda profundizando el modelo de capitalismo extractivista, por un lado, y avanzando en las reformas estructurales que exige el conjunto de la burguesía y el FMI por el otro. Los incendios, la nueva ofensiva megaminera, el proyecto de factorías porcinas, los subsidios, el relanzamiento de Vaca Muerta, la aprobación del trigo transgénico y el plan agroindustrial 2020-2030 dan cuenta de esa orientación. El relanzamiento del Pacto Social es la otra pata para avanzar en el ajuste y las reformas estructurales, sobre todo la laboral y la jubilatoria.

A desalambrar. La disputa por la tierra, que se expresa tanto en Guernica como en el conflicto de Entre Ríos es la expresión de la disyuntiva más general a la que se enfrenta el país. La burguesía en pleno ha salido a defender la propiedad privada. El gobierno actúa en la misma sintonía, aun cuando apueste a la negociación porque una represión podría acelerar la dinámica de conflicto. Distintas formas, pero el mismo objetivo. La propiedad de la tierra no entra en discusión, y esa es la cuestión de fondo. Si la variante para un modelo productivo agroecológico, o la posibilidad de otorgar terrenos para la solución de viviendas está atada a la buena voluntad de algún burgués o terrateniente -o a alguna disputa familiar- la perspectiva de soluciones no es muy alentadora. Los caminos posibles son dos: declarar la utilidad social de la tierra para implementar una reforma agraria que permita modificar el modelo productivo hacia uno agroecológico, que responda a las necesidades sociales mayoritarias, o mantener el modelo de concentración en función de la producción de commodities, con transgénicos y agrotóxicos. Esta disyuntiva se expresa en todos los terrenos: declarar de utilidad pública toda la infraestructura sanitaria para poner en pie un sistema único de salud estatal o seguir considerando la salud pública como nicho de negocios privados. Producir lo necesario a partir de la planificación democrática de las mayorías populares o profundizar el modelo extractivo al servicio de las ganancias de las corporaciones y la obtención de dólares para beneficiar a banqueros y especuladores. Poner bajo el control público los ahorros de la población o mantener la banca privada al servicio de la fuga de capitales. Estatizar los servicios públicos como derechos sociales o mantener las privatizaciones garantizando la ganancia empresaria mientras se las subsidia con millones. En definitiva, mantener la rapiña capitalista, con mayor o menor intervención estatal, o pelear por un modelo socialista, democrático, al servicio de las necesidades del pueblo trabajador. La crisis capitalista mundial no deja lugar para medias tintas y la deriva a la que conduce el gobierno de Alberto Fernández es la mejor demostración. Por ese camino, la crisis la seguiremos pagando los sectores populares y la derecha seguirá fortaleciéndose.
Fortalecer una alternativa de izquierda. Para llevar adelante un modelo como el que proponemos es necesario construir y fortalecer una alternativa política de izquierda, de la clase trabajadora y los sectores populares, sin compromisos con las patronales ni el FMI, como proponemos desde las páginas centrales. Que se construya en las luchas, apoyando el surgimiento de nuevos dirigentes combativos, clasistas y antiburocráticos y que dispute políticamente en todos los terrenos a las variantes del PJ y la derecha. Abierta para todxs los que se desencantan con el Frente de Todos y convocando a que se sumen a su desarrollo activistas sociales, ambientales, feministas, y jóvenes. Es el desafío que tiene por delante el Frente de Izquierda Unidad y al que comprometemos las fuerzas y militancia del MST.