A todo motor el gobierno se encamina a la renegociación de la deuda con el FMI por exigencia de los fondos privados y el Club de París. Desde el relato nos tratan de vender que el Fondo cambió y ahora es progresivo. Pero ellos pretenden el 100% de la deuda adquirida por Macri más los intereses. El gobierno argentino espera patear los pagos para el próximo gobierno y algo de dólares frescos. Como frutilla de un amargo postre se avanza en un acuerdo de «facilidades extendidas» que nos atará a la supervisión de los buitres por diez años.

Escribe: Gerardo Uceda

El gobierno de Alberto Fernández que en campaña denunciaba correctamente como fraudulenta la deuda adquirida por el macrismo, y cuyo destino final había sido esencialmente la fuga de capitales por parte de los amigos de Macri, ahora como presidente reconoce la deuda y negocia con el FMI cómo pagarla. Como esta vuelta al fondo es intragable para gran parte de su base, se trata de vender este acuerdo como favorable a la Argentina y que no requiere de ajustes. Pero el Fondo no cambió con Georgieva, su esencia es siempre la misma, aunque por la crisis económica mundial y la sanitaria tenga ahora de morigerar su discurso y cambiar algunos de los rostros más siniestros.

Los ejes de la negociación

El objetivo del FMI es claro, cobrarse los U$S 45.000 millones prestados a Macri, más unos U$S 5.000 millones de intereses. Pero saben también que la Argentina está quebrada y con grandes problemas en la macro y micro economía, por lo que cobrarse en los tiempos pautados por el gobierno anterior es imposible. Desde el FMI elogian el acuerdo con los bonistas privados esencialmente porque el gobierno logró una quita de capital mayor a la que suponían y consecuentemente le queda mayor margen para cobrarse su deuda.

Por ello sus distintas misiones lo que hacen es marcar las pautas económicas de lo que debe hacer el gobierno para poder pagarles. Como supervisar el valor del dólar, los tipos de cambio, el cepo y la posible devaluación. Exigen sobre todo un ajuste en las cuentas públicas para bajar el déficit fiscal desde un 6% actual hasta llevarlo a 0, lo que implica lisa y llanamente ajustes presupuestarios en salarios, educación, salud, obra pública, actualización de tarifas, etc. El objetivo central es que quede dinero de lo recaudado y dólares de las exportaciones para cobrarse regularmente sus dólares.

El gobierno no sólo está dispuesto a aceptar todos estos condiciona-mientos, sino que le pide ayuda al G20 para cerrar lo más rápido posible el acuerdo con el FMI. Es el colmo, le pedimos ayuda a los que nos «ayudaron» a pagarles a los bonistas U$S 16.5000 millones extras. Y este apuro surge de la exigencia de los bonistas privados y también del Club de París, que pone como condición para negociar su deuda que se cierre primero con el FMI. Haciendo bien los deberes Alberto y Guzmán ya empezaron a dar señales de sumisión con el Fondo, como el ajuste a los jubilados y avanzar en el Pacto Social para ajustar al conjunto de los trabajadores.

La frutilla del postre

Como si todo lo anterior no bastase, el ministro Guzmán confirmó que «buscará acordar un plan de facilidades extendidas con el FMI», para cancelar la deuda de U$S 45.000 millones más intereses del crédito stand- by firmado por Macri. El gobierno quiere presentarnos este nuevo crédito como algo novedoso y beneficioso, ya que nos permitiría devolver lo prestado hasta en 10 años en lugar de los 3 exigidos en el stand-by, y según dijo, sin pedirnos reformas estructurales que no funcionaron en el pasado.

Sin embargo, fue la propia Georgieva la que se encargó de aclarar que «al Fondo no se le hacen quitas» y que tampoco cambiarán los intereses a cobrar. De modo que lo único que Alberto está solicitando es ampliar los plazos para poder pagar, cosa por otra parte obvia ya que todos reconocen que la Argentina no tiene ninguna posibilidad de devolver el dinero en 3 años.

Encima fueron también los voceros del propio FMI los que aclararon que los acuerdos stand-by tienen menos condicionamientos, mientras que los llamados de «facilidades extendidas» sí los tienen. Dicho en pocas palabras, al atarnos a esta modalidad le abrimos las puertas a que el Fondo exija el cumplimiento de reformas estructurales, institucionales o económicas para garantizar que se cobren la deuda. Es decir que estamos aceptando la intromisión del Fondo como policía financiera de nuestro país. Implica la aceptación por parte del gobierno de metas cuantitativas y cualitativas sobre nuestra economía. Si quedaba algún atisbo de soberanía económica con este acuerdo aplaudido y deseado por el FdT lo estamos perdiendo.

Como se trata de un acuerdo a 10 años, que se empezaría a pagar en 4 años o poco más, implica la posibilidad de gobiernos de distinto signo político, por lo que el FMI exige más todavía. Requiere del respaldo de «un amplio consenso político y social». Es ni más ni menos lo que hace un par de meses vienen planteando primero Duhalde y luego Cristina en su carta. Y que Alberto impulsa con todo con su pacto social con la burocracia y la burguesía, descontando desde ya el apoyo siempre cipayo de Juntos por el Cambio.

Al firmar este acuerdo, opuesto a lo que afirma el gobierno, se le permite al fondo exigir cosas tan «estructurales» como la reforma jubilatoria y hasta la coparticipación federal. Es decir, toda la economía puesta al servicio del ajuste para pagar. Y si nos dan más tiempo es precisamente porque saben que dichas reformas generarán rechazo masivo en la población. Supone también condiciona-mientos cuantitativos, es decir se somete a la economía a un examen periódico para ver cuánto estará en condiciones de devolver en cada periodo y deja en manos del FMI el derecho a prorrogar tal o cual monto o plazo, el estado argentino pierde totalmente esa potestad. El fondo también impondrá la tasa de interés, pudiendo imponer una tasa que sea hasta un 187% superior a la tasa estándar y si no baja su calificación por 51 meses ¡la puede llevar hasta 300 puntos! Una verdadera estafa y usura. Como si no bastara con todo lo anterior, aplicarán un «cargo por servicio» de otro 0.5% adicional. Un robo.

Haciendo memoria

La Argentina tiene un pasado de más de 20 acuerdos con el FMI, todos resultaron en pérdidas netas, ajustes tremendos que paga siempre el pueblo. Por eso más del 70% de la gente rechaza los acuerdos con el FMI. Contra esa historia y ese rechazo tiene que lidiar Alberto, presentando este acuerdo como algo nuevo, diciendo que a países como Angola, Pakistán o Etiopía les fue bien, creciendo un 1,4%. Eso sí, para llegar a estos números tienen que borrar el 2020 y no considerar las consecuencias sobre la población. Desde el MST sostenemos que este acuerdo de Facilidades Extendidas es una vuelta atrás a las épocas más reaccionarias e intervencionistas del FMI, que representa no sólo la implementación de un brutal ajuste sobre las masas para hacer lograr sus metas, sino que entrega toda la soberanía en materia de decisiones económicas al Organismo tal y como sucedía en la década del 90, incluyendo hasta las políticas del propio Banco Central de la República Argentina. No hay ninguna posibilidad de morigerar esta situación, lo que corresponde es rechazar de plano toda injerencia y negociación con el Fondo y declarar un No Pago soberano y unilateral de la fraudulenta deuda contraída por Macri y una auditoría del total de la deuda pública argentina.