Por la presión de la marea verde, al final el presidente tuvo que mandar al Congreso su demorado proyecto. Pero viene con trampas, que analizamos aquí. Más que nunca, defendamos el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.

Escribe: Jeanette Cisneros

En inglés se habla de mansplaining cuando los hombres nos explican a las mujeres qué debemos opinar. Eso es lo que de alguna manera hace Alberto Fernández con su proyecto de aborto.

Algunas compañeras se entusiasmaron al ver, en una rápida mirada, que el proyecto presidencial parecía similar al texto de la ley que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en 2018. Pero las buenas relaciones gobierno-Vaticano y las reuniones de Massa con los celestes alertaban sobre la influencia de los antiderechos en el texto oficial.

Pero nuestra lucha arranca de un piso más alto. Por eso no nos conforma un proyecto que intentan mostrarnos como “el único posible”. Cuando la marea verde tomó fuerza, decenas de miles de jóvenes en todo el país asumimos la pelea por la ESI, la ILE y el aborto legal. Ocupamos las calles, hicimos vigilias multitudinarias, dimos batalla contra los fundamentalismos de los dinosaurios político-religiosos y ganamos consenso social. Ahora podemos lograr nuestro proyecto, no por la rosca parlamentaria sino por la fuerza de la movilización.

Entonces, es urgente leer bien cada artículo y comparar ambos proyectos para prever qué trampas y limitaciones trae el texto de Fernández, tanto en su debate en el Congreso como en su posterior aplicación (ver cuadro).

Rechazar la objeción de conciencia

No lo decimos “las troskas”, sino la Organización Mundial de la Salud: para evitar las muertes o secuelas permanentes por el aborto clandestino hay que garantizar el acceso a la salud integral. Y eso incluye la necesaria legalización. La principal trampa del proyecto de Alberto es que incorpora en el artículo 10 la famosa objeción de conciencia del o la profesional de la salud que debe realizar la práctica del aborto.

Dos debates surgen de ese artículo. Por un lado, quienes defendemos la perspectiva de derechos entendemos lo obvio: todo profesional de la salud, como toda persona, debe cumplir con las leyes que reconocen derechos. Más aún quienes trabajan en el Estado, cuyos sueldos salen de nuestros impuestos. Si por su conciencia o su religión esa o ese profesional objeta algún derecho, que se dedique a otra cosa. Por eso el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto rechaza la objeción de conciencia.

¿Pero cómo -dicen les defensores del gobierno-, acaso la ley con media sanción que logramos no reconocía la objeción? Ahí está el segundo debate. Sí la reconocía, porque la incluyeron en las comisiones parlamentarias, pero en el mismo artículo, a renglón seguido, la limitaba al establecer que “queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario”.

Como el proyecto oficial no dispone ninguna obligación explícita a los hospitales o clínicas de contar con al menos un/a profesional para garantizar el aborto, de hecho habilita la objeción de conciencia institucional. Es decir, permite que todos los y las profesionales se puedan declarar objetores, como ha ocurrido y ocurre en varias instituciones de salud ante la práctica de la ILE, sobre todo en el interior del país, en donde tienen más peso la Iglesia, los evangélicos y demás sectores antiderechos.

Como bien dice el comunicado de la Campaña que compara ambos proyectos, “tenemos algunas observaciones y diferencias respecto de la mención de la Objeción de Conciencia (OC) del personal médico que está a cargo de prestar este servicio o de proveer la práctica. Nuestro proyecto no contempla la OC por el uso violatorio a los derechos de las mujeres y personas gestantes del que ha hecho abuso el personal médico antiderechos. La experiencia indica que es la puerta de entrada del incumplimiento de la ley, y la obstrucción del acceso, como ocurre actualmente con la provisión de las ILE en nuestro país y de las IVE en los países en donde está permitida en su legislación, generando demoras, malos tratos, morbilidad, mortalidad materna y trasladando la carga de trabajo a quienes sí garantizan el derecho trabajando a conciencia” (subrayado nuestro).

Otros obstáculos

El riesgo empeora con el plazo de 10 días del proyecto oficial en vez de los 5 días que establece nuestro proyecto. La objeción de conciencia y la demora restringen claramente el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos con el peso de la burocracia estatal y el vaciamiento de la salud pública, que bien conocemos quienes la utilizamos.

Encima, el proyecto de Alberto no obliga a dar información laica a quien desea interrumpir su embarazo ni incluye el derecho al aborto entre los contenidos que debe dictar la ESI.
Otro problema que el gobierno busca invisibilizar cuando dice que respeta la tradición de la Campaña es la penalización. Su proyecto permite penalizar a quien aborta después de la semana 14, salvo que su embarazo no deseado “fuere resultado de una violación” o “si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”, o sea los casos ya vigentes de aborto no punible. Para nosotres, en cambio, ninguna mujer u otra persona gestante pueden sufrir algún castigo por ejercer su derecho a no ser una incubadora forzada. Por eso el proyecto de la Campaña propone eliminar esa penalización.

Por último pero no menos importante, mientras nuestro proyecto plantea el concepto de salud integral de la OMS1, el texto oficial no lo define.

Confianza en nosotres, no en las instituciones

Como dijimos al inicio, la fuerza de la marea verde es el camino. Después de postergar durante diez meses, el presidente presentó el proyecto sobre la hora. Ahora deberá pedir la extensión de las sesiones ordinarias.

Junto a estas maniobras, Massa suspendió esta semana la reunión con la Campaña con la excusa de que faltaba definir cuál de las cuatro comisiones que deben dictaminar sobre los proyectos encabezaría la plenaria. Pero el martes 24 se juntó con quienes presiden esas comisiones y sólo invitaron a legisladores celestes “para dialogar”. Según parece habrá 60 expositores/as, mitad y mitad, durante un mes. A su vez, el sábado 28 la Iglesia y demás celestes llamar a una marcha en repudio al tratamiento legislativo…

Por parte de la Campaña está convocada para ese mismo día, ¡por fin!, una plenaria nacional. Allí plantearemos la necesidad de rechazar la objeción de conciencia oficial y de convocar a la marea verde a tomar las calles, pero no a 10 cuadras como se hizo cuando debatió el Senado sino frente al Congreso. Para que el gobierno, y también quienes le son funcionales, sepan que tenemos voz y fuerza propias para que se apruebe el único proyecto sin trampas: el nuestro.

1. “Estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.