El 10 de diciembre, al año de asumir, el gobierno de Alberto, Cristina y el Frente de Todos dieron media sanción en el Senado a su nueva movilidad previsional, según lo pactado con el FMI. Para que este robo pasara desapercibido, lo pusieron a votación ese día, que se votaba el derecho al aborto. El 29, pretenden completar la media sanción restante, también encubriéndola en medio del debate por el aborto.
Fue Alberto quien prometió elegir a las y los jubilados antes que a los bancos. Pero así demostró lo contrario: acordó con los bonistas y el FMI un nuevo robo a las jubilaciones para pagarles deuda externa.

Alberto inició y termina el 2020 ajustando, mientras la burocracia no hace nada. Como sostenemos con el FIT Unidad, en vez de actualizar las jubilaciones por inflación, esta reforma establece que el cálculo se hará sobre la base de la recaudación impositiva de ANSES y el aumento de los salarios. Pero en tiempos de crisis, cuando cae la recaudación y las paritarias quedan por abajo de la inflación, ese índice de movilidad rebajará las jubilaciones.

Además, la recaudación de ANSES crece menos que la impositiva general, porque el gobierno, empresas y la burocracia pactan acuerdos salariales que reducen los pagos a la seguridad social, hasta el 95% de los aportes patronales.

El 76% cobra el haber mínimo de $19.035 mientras la canasta básica jubilatoria está en $ 50.000. Por eso exigimos el 82% móvil real, sobre el salario en actividad y aumentos indexados por la inflación. Frente al Congreso rechazamos este ajuste. Y la maniobra para tapar votaciones de ajuste, como planean hacer el 29, día en que tratarán el aborto legal.