Pese a sus limitaciones, la ley es una victoria histórica. No del gobierno, sino de nuestra marea verde. Ahora, como lo muestra el ejemplo de San Juan, sigue la pelea para que se aplique. Organizate con nosotres para ir por más.

Escribe: Jeanette Cisneros

La Ley 27.610 es una conquista de alcance histórico. Décadas de lucha, dos años de movilización permanente, debates que cruzaron toda la sociedad y un eco que traspasa fronteras. Masiva y combativa, nuestra batalla es parte de la cuarta ola feminista internacional, que sigue viva más allá de la pandemia.

El gobierno intentó apropiarse políticamente de nuestro triunfo, buscando canalizar hacia el presidente, su gabinete y sus diputades y senadores la simpatía por la aprobación. Además, lo utilizó para tapar que cuando se votaba nuestra ley en Diputados, hacía aprobar el recorte jubilatorio en el Senado y viceversa.

Ganamos y ellos perdieron, empezando por el Papa Bergoglio, su Iglesia Católica y sus socios evangélicos. Ni sus escraches “pro-vida”, ni sus ofensivos carteles ni su lobby parlamentario lograron frenarnos. Tampoco pudieron los legisladores celestes, incluido Mayans, el jefe del bloque oficialista en el Senado. Los derrotamos.

Pero Alberto les cedió a los antiderechos e impuso sucesivos recortes a la ley. A diferencia del proyecto de la Campaña, primero mantuvo la penalización después de la semana 14 e incluyó la objeción de conciencia. Luego la elevó a objeción institucional como concesión a las clínicas privadas y obras sociales. Y por último, al promulgar la ley, vetó el carácter de integral en la definición de salud, lo que obstaculiza los abortos no punibles.

Más allá de esas limitaciones, nuestro avance y la derrota celeste nos fortalecen para las peleas que siguen.

Marea verde y pulseada en otras costas

Un primer ejemplo del alcance de nuestro logro es Corea del Sur. En 2019, luego de la primera media sanción aquí, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley que desde 1953 prohibía el aborto. Y en octubre pasado se aprobó una ley para garantizar la IVE hasta la semana 14, derecho que rige a partir del 1º de enero.

Otro país mucho más cercano donde la pelea sigue es Chile. Nuestras compañeras del Movimiento Anticapitalista señalan: “Luego de que las pibas ganaran en las calles la legalización del aborto, hoy se discute en la Cámara de Diputados un proyecto de ley ingresado en 2018 que despenalizaría el aborto en cualquier causal hasta las 14 semanas de gestación. Este proyecto no garantiza el acceso a un aborto seguro y gratuito en la salud pública, sino que es sólo una modificación al Código Penal que elimina el castigo para las mujeres, que seguirán abortando en la clandestinidad sin garantías ni derechos… No basta con despenalizar: debe ser el Estado el que garantice el acceso a anticonceptivos; la educación sexual en el respeto, el consentimiento y el placer, los derechos; el fin de la violencia obstétrica y una salud de calidad que resguarde a quienes sí quieren ser madres. En resumen, todos los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres. Seguimos en la lucha por un aborto libre, seguro y gratuito”.

Estas son sólo dos muestras de una pulseada permanente, porque si bien la ola feminista persiste -aunque atenuada por la pandemia- en todos lados los políticos y religiosos antiderechos se organizan para que no se avance o incluso se retroceda allí donde el aborto ya es legal. Por ejemplo, en Honduras el Congreso unicameral acaba de “blindar” el artículo 67 de su Constitución, que prohíbe el aborto en toda circunstancia.

Aplicar la ley: otra batalla

De la ley a la realidad siempre hay distancia. Pasa con la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral y con el protocolo nacional de aplicación de la ILE, entre tantas otras normas que reconocen derechos. En base a esta experiencia, alertamos que la objeción de conciencia institucional le abriría la puerta a nuevas negativas.

Y no tardó en pasar. El primer caso surgió en San Juan: el Hospital Rawson garantiza la IVE, pero el otro hospital público de la capital, el Marcial Quiroga, no: según su directora, hay objeción de conciencia institucional. Esa objeción es ilegal, porque el artículo 11 de la ley sólo la autoriza a clínicas privadas y obras sociales. Enseguida, tanto en San Juan como en la Casa de esa provincia en CABA hicimos escraches para exigir que se cumpla la ley. El lunes 18 la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir hizo una primera reunión con agrupaciones feministas, de la que participamos, se acordó hacer un petitorio amplio para exigir una reunión al ministro de Salud. En medio, tuvo que renunciar la directora celeste del Quiroga. Pero asumió otro objetor. Por eso seguimos reclamando que se tome personal que garantice el derecho al aborto, tal como lo establece la ley. A su vez, los antiderechos de Abogados por la Vida y Ola Celeste siguen presionando en contra. Es decir, la pelea sigue abierta.

Según las informaciones, además de San Juan habría problemas de implementación de la ley en provincias como Corrientes, Formosa, Chaco, Tucumán y Santa Cruz. Otras, como Santa Fe, Catamarca y Córdoba, esperarían la guía nacional de aplicación.
En concreto, debemos estar alertas a que todo hospital o establecimiento de salud pública cuente con personal que realice el aborto. Y que toda obra social y clínica privada en donde haya objeción institucional garantice la derivación sin ninguna dilación y cubra el costo total de la práctica.

Por otra parte, el Estado debe garantizar en tiempo y forma la provisión suficiente de misoprostol y mifepristona. Por eso es clave avanzar en su producción pública en Santa Fe y los demás laboratorios estatales, lo que además abarataría mucho los costos.

Organizate con Juntas y el MST

Al promulgar la ley, Alberto se decía “feliz de estar poniéndole fin al patriarcado”. Por empezar, que lo diga él es ya toda una jactancia machirula. Pero vamos a lo principal: el patriarcado y el capitalismo son parte de un mismo sistema que somete a mujeres y disidencias a la opresión y a toda la clase trabajadora a la explotación, todo en beneficio de una minoría privilegiada.

Cada institución de este Estado capitalista y patriarcal sostiene ese orden injusto, a menudo con violencia, y cuanta más crisis hay, más nos retacean el acceso a derechos conquistados. La familia, el gobierno, la policía, la justicia, la escuela, las iglesias, el sistema de salud y los grandes medios producen y reproducen ese statu quo. Por eso las decisiones las toman los dinosaurios del Senado que limitaron nuestra ley. Por eso el Estado financia a la Iglesia Católica para que los dogmas del Vaticano pesen más que la ESI y promuevan la “paz social”. Por eso el presidente borra con el codo años de historia de lucha para presentar su proyecto, negociar con los celestes y querer adjudicarse nuestros triunfos.

Te invitamos a acercarte a las asambleas abiertas que estamos organizando como espacios democráticos para construir un feminismo revolucionario. Queremos debatir y resolver juntas y juntes qué batallas vamos a dar, por qué y cómo. Queremos empezar a preparar las marchas y el Paro Internacional de Mujeres del 8 de Marzo. Organizarse es la única manera de vencer a los antiderechos, dar vuelta todo y abrir paso al socialismo.