Desde el Banco Mundial hasta el ministro Guzmán, pasando por todos los especialistas y opinadores, hacen diversos pronósticos para la evolución económica del país en este año 2021. Todos sostienen que habrá crecimiento. Sin embargo, el crecimiento que pronostican estará lejos de representar una verdadera recuperación.

Escribe: Carlos Carcione

En estas circunstancias y con las políticas actuales, no solo no se puede esperar una recuperación consistente, sino que pasarán años hasta volver a los niveles previos a la crisis que estalló en abril de 2018. El contexto mundial de pandemia desnudó y profundizó una crisis sistémica del capitalismo de la que no escapa la economía local, por el contrario, se le suma además las características propias de la condición dependiente del país.

Crecimiento desde el sótano

La caída económica del 2020 supera el 10% del PBI nacional. Es la más profunda desde que hay registros en el país. Desde el punto de vista económico es muy superior a la provocada por el crack de la convertibilidad de Menem que fue cercana al 6% y llevó al estallido de 2001. Argentina es uno de los países latinoamericanos con la caída más pronunciada de la actividad económica durante 2020. Esto está acompañado de un aumento enorme de la pérdida de empleo, millones de nuevos pobres y destrucción de miles de comercios y empresas. Una definición de la directora del FMI para la economía mundial puede aplicarse al país: es la mayor destrucción económica en tiempos de paz.
En este contexto y sin solución de fondo a la vista para la pandemia, es que el gobierno de Alberto Fernández presentó un presupuesto que fija metas de ajuste, de desinversión en los principales motores económicos como la obra pública, en el que sin embargo pronostica un crecimiento del 5,5% para este año y de 2,5% para 2022 asentado, fundamentalmente, en las industrias extractivas como el agronegocio, la minería, la energía y la especulación financiera, que luego de funcionar como una bomba de extracción especulativa ha recibido un nuevo impulso a partir de la renegociación de la deuda externa privada.

Sin embargo el Banco Mundial, que para octubre de 2020 sugería un crecimiento similar al que plantea Guzmán, en su proyecto de presupuesto corrigió en enero su visión sobre la economía argentina, reduciendo la proyección a un 4,9%, lo mismo ocurre con el FMI. Pero tanto el gobierno como los organismos internacionales no evalúan en este pronóstico un escenario que incluya el actual rebrote de la pandemia ni la perspectiva cierta de una segunda ola a partir del otoño-invierno de este año en el país.

Con tres años de recesión continuada, el desplome del PBI sumado supera el 14%, mientras que medido por la distribución per cápita del mismo la reducción alcanza el 30%, comparable a la caída en los ingresos salariales de la población trabajadora. Para entender cómo impacta esto en la concentración de la riqueza y de los ingresos, hace falta ver el índice de Gini del tercer trimestre de 2020 donde el 10% superior de la población recibe 19 veces más ingresos que el 10% inferior.

Por eso, incluso de cumplirse con los pronósticos del ministro de Economía, lo que a primera vista parece improbable, llevaría más de dos décadas recuperar los niveles de PBI desde donde se produjo el crack de 2018.

En el trasfondo la crisis de la deuda

La apuesta a la renegociación de la deuda como una solución mágica para retomar la senda del crecimiento económico ha resultado en un fiasco. Con un horizonte despejado por unos años en lo que hace a la deuda externa privada nacional y sin grandes vencimientos durante 2020 y 2021 y aunque hubo un importante superávit comercial, no evitó una crisis cambiaria entre octubre y noviembre de 2020, que solo ha quedado en suspenso y no se ha resuelto, con un enorme crecimiento de deuda en pesos y con intereses usurarios emitida por el gobierno. Y lo mismo sucederá con la renegociación del FMI.

No hay dólares porque lo que ingresó como deuda no fue destinado a inversión productiva. Desde el punto de vista económico la deuda externa funcionó como un lubricante para la especulación feroz y para la fuga de capitales. Y, porque no existe control sobre las divisas obtenidas con las exportaciones ni de las destinadas a las importaciones, la liberación total del comercio exterior y del sistema cambiario provocó que un pequeño grupo de multinacionales y bancos manejen los recursos de lo que el país produce y obtiene en el mercado mundial. El caso Vicentín es apenas un botón de muestra de los mecanismos de la estafa, lo mismo que la deuda de cortísimo plazo que se fue convirtiendo en una bomba que aún no está desactivada, como son las letras y otros papeles financieros.

Al pagar, reconocer y renegociar después esta deuda odiosa, el gobierno de Fernández compromete el destino del país, de los trabajadores y los más humildes por más de dos décadas. Y al no tomar medidas para proteger los recursos que el país exporta, renuncia a la soberanía nacional dejando en manos de unas pocas decenas de corporaciones y el FMI el manejo de la economía y la moneda local. Una prueba de esto se produjo el último mes, con el recule de la prohibición de exportar maíz para intentar que no se dispare el precio de otros productos agropecuarios como la carne.

No puede haber recuperación con este modelo

Con el ajuste de jubilaciones, la reducción de los salarios y los ingresos del pueblo que vive de su trabajo, la entrega de la soberanía, la profundización de la primarización incentivando todas las industrias extractivas y el pago de una deuda odiosa, el gobierno de Fernández ha elegido un rumbo de estancamiento, devastación y sumisión al capital internacional. Aunque se produzca un rebrote de la actividad económica desde el sótano al que la ha arrastrado la combinación de crisis previa y pandemia.
Ese rebote no producirá mejoras en el nivel de vida de los trabajadores, no aliviará la pobreza ni la extrema pobreza de la mitad de la población y más del 60% de los niños. Ni siquiera medidas parciales aliviarán lo perdido por los sectores populares.

Hace falta otro modelo que proponga cambios estructurales para romper con el diseño de las grandes burguesías locales y el capital internacional. El control estatal del comercio exterior para que exportaciones e importaciones estén al servicio del país y de los trabajadores, lo mismo debe ocurrir con la inversión productiva y las ramas estratégicas de la producción como la energía. El salario no puede ser inferior a la canasta básica, al igual que las jubilaciones. La educación, la ciencia y la salud deben ser prioridad. En síntesis, un programa de transición anticapitalista, con una clara estrategia socialista.