La pandemia sigue tiñendo en gran medida el panorama político. Las proyecciones anunciadas en diciembre sobre la vacunación fueron enterradas por la realidad. La llegada de las vacunas se complica en un contexto donde un rebrote luego del período vacacional aparece como más que probable. Argentina es uno de los países con menor índice de población vacunada. Esta situación marca una de las caras más siniestras del sistema capitalista: la voracidad de ganancias de los laboratorios farmacéuticos, el mantenimiento de las patentes y el acaparamiento por los países más ricos mientras millones siguen muriendo. Sin embargo el gobierno de Alberto Fernández continúa con una línea de apertura que pretende volver a una cierta normalidad que promueva un repunte de la actividad económica. El acuerdo de Trotta y Acuña para la vuelta a la presencialidad en las escuelas es parte de esa política que muestra que es una decisión de la burguesía en su conjunto, aun cuando implique consecuencias graves para la salud de la población.
La situación económica y social no es mejor. A pesar de la apertura, la producción no repunta y los últimos pronósticos del Banco Mundial y el FMI sobre el crecimiento para este año son mucho menores a los previstos hace unos meses. La suba de precios, incontrolable, se calcula que daría un índice de inflación cercana al 5% para el mes de enero, que proyectada podría alcanzar el 50% anual. Mientras la canasta familiar se dispara y la pobreza sigue en aumento, las patronales agroexportadoras hacen fortunas producto del aumento de los precios en el mercado mundial. Es el pueblo trabajador quien sufre las peores consecuencias con salarios e ingresos que siguen licuándose. En ese marco, el acuerdo de salarios y precios que busca tejer el gobierno junto a los empresarios y la burocracia sindical tiene como objetivo central poner un techo a las paritarias que se avecinan.
Las prioridades de Alberto. A pesar de la grave combinación de la crisis sanitaria, económica y social, el gobierno destinó en la última semana más de 300 millones de dólares a pagarle al FMI. El desembolso se realizó para “no trabar las negociaciones”. Es evidente que la posibilidad de dar respuesta a la crisis requiere desconocer la estafa perpetuada por el macrismo -que el Frente de Todos legitimó- y volcar todos los recursos a las necesidades sociales para garantizar salud, educación, trabajo y vivienda.
Lamentablemente el gobierno eligió el camino de la subordinación al FMI; una receta que sabemos dónde termina. El impulso extractivista del Frente de Todos se inscribe en esa necesidad de obtener dólares para hacer frente a los compromisos con el Fondo y los bonistas. La intervención sin disimulos de Alberto Fernández para que se apruebe la zonificación minera en Chubut da cuenta de eso. La elección de priorizar a los acreedores externos por sobre las demandas y necesidades sociales, el agua y los territorios deberían hacer reflexionar a quienes todavía confían en el FDT como una fuerza política que defiende la soberanía.
Es necesario construir un plan de lucha para terminar con este modelo. La lucha del pueblo chubutense es un ejemplo. Viene resistiendo y empantanando la ley de zonificación a pesar de las presiones y maniobras de las corporaciones y la unidad del gobierno nacional, provincial y la oposición. La primera tarea de la izquierda, el activismo y los luchadores es apoyar con todas las fueras esa pelea. Al mismo tiempo que reclamamos a las conducciones sindicales y sociales que rompan la tregua con el gobierno es urgente realizar asambleas, plenarios y todas las instancias posibles que permitan construir una pelea unitaria para romper el techo salarial que intentarán imponer y garantizar nuestras condiciones de vida frente al ajuste.
La necesidad de un plan alternativo. Está claro que por el camino que sigue el gobierno de Alberto Fernández las penurias del pueblo trabajador sólo tenderán a crecer. Para dar solución a las necesidades urgentes no alcanza con medidas limitadas, ni con amenazas que terminan en la nada. Hace falta un plan alternativo, obrero y popular que arranque de cortar la sangría de dólares hacia los acreedores privados y el FMI, declarando un No Pago soberano de la deuda. Ante el chantaje de las patronales agroexportadoras no sirven las amenazas, sobre todo si luego se les termina cediendo como sucedió con Vicentín y en el conflicto por las exportaciones del maíz. Para “defender la mesa de los argentinos” es preciso nacionalizar la banca y el comercio exterior, única manera de garantizar el control total del movimiento de divisas y de las exportaciones e importaciones. Además de aplicar un control de precios y la ley de abastecimiento. Para obtener los fondos necesarios para impulsar la producción y el empleo sin destruir el ambiente y los territorios hace falta, además, una reforma impositiva integral donde paguen más quienes más tienen. Por otra parte, la reestatización de las empresas privatizadas y de YPF con control obrero y social son la única garantía para evitar nuevos tarifazos.
La alternativa que hace falta. Cada vez son más los sectores que, aun simpatizando con el Frente de Todos, cuestionan el rumbo del gobierno. Algunos incluso comienzan a plantear alguna de estas medidas, como la posibilidad de una Junta Nacional de granos y de carnes. Sin embargo, para llevar adelante un programa así hace falta construir una alternativa distinta. El FDT no lo hace ni lo hará porque no está dispuesto a avanzar contra los intereses de la burguesía, por eso termina cediendo siempre a sus exigencias, como lo acaba de hacer nuevamente ante Larreta con el retorno a la presencialidad en las escuelas. Sólo una alternativa de la izquierda, la clase trabajadora y los sectores populares, sin compromisos con el poder económico y apoyada en la movilización puede encabezar la pelea por este programa. Fortalecer al MST y al FIT Unidad es una tarea esencial en ese camino.
