El episodio de las vacunas VIP resaltó los comportamientos de una casta política gobernante que conforma un régimen en descomposición. Como síntesis de la decadencia institucional, este acto de corrupción se suma a una lista de hechos que denotan la bancarrota de la política tradicional argentina. Elecciones con fechas inciertas por mezquindades de los partidos tradicionales, una justicia adicta y patriarcal que de independiente sólo tiene el concepto, revelan la profundidad de una democracia maniatada por intereses de las facciones políticas que defienden a un régimen de falsa democracia agotado. Aportamos en este artículo algunas propuestas con las cuales torcer el rumbo e ir por la conquista de un gobierno de trabajadores.

Escribe: Nicolás Zuttión

Alberto Fernández encarna como figura central un gobierno que se sostiene en un régimen deteriorado y descompuesto, una forma política que trae para los trabajadores planes de hambre y miseria, con una perspectiva a futuro aún más oscura. Hablar de su régimen conlleva la tarea de definir las instituciones con las que la clase dominante gobierna. Para poder lograr tal objetivo, haremos un repaso por algunas que demuestran la decadencia del régimen local totalmente desigual y perjudicial para las mayorías populares.

Casta judicial

Una muestra importante de la caducidad del régimen aludido se encuentra en la institución de la Justicia. Este poder, que en apariencias detenta ser algo “independiente” del Ejecutivo, se transformó en una herramienta de poder para quienes pasan por el sillón de Rivadavia. Así el término lawfare (la utilización política de la justicia) ha pasado a estar en primera plana. Las denuncias de Cristina Fernández a Macri por el uso de jueces durante su gobierno para la persecución de la oposición, reavivó el debate sobre la existencia de presos políticos. Lo cierto es que, la denuncia de la actual vicepresidenta no cuestiona el orden estructural de un poder clasista y antipopular. Más bien, sus reparos residen en la rebeldía de una Corte Suprema que circunstancialmente no responde a su entorno político.
Sin desconocer que existen casos de persecución encabezados por jueces amigos de los distintos partidos, como Juntos por el Cambio, la discusión instalada por el oficialismo tiene como objetivo equiparar a funcionarios que han cometido delitos de corrupción, con militantes, luchadores sociales y populares encarcelados injustamente. No hay relación alguna entre Amado Boudou, implicado en el caso de Ciccone, con Daniel Ruiz, militante político, imputado y apresado por manifestarse en contra de la reforma previsional en 2017.

Ninguna confianza en esta justicia, ante los casos de corrupción política proponemos una comisión investigadora independiente con plenos poderes.
Esta justicia de clase posee otro vicio, su carácter patriarcal. La cultura machista impregnada en esta institución, es uno de los elementos de un régimen putrefacto, que obliga a las mujeres a vivir en un país donde cada 22hs hay un femicidio.

Ninguna reforma cosmética, como la propuesta por el presidente Alberto Fernández, donde sólo se busca unificar fueros y abrir nuevos juzgados, fiscalías y defensorías, puede transformar a la justicia. Los cambios profundos son aquellos que van contra sus puntos estructurales. Implementar la elección de los jueces y fiscales por el voto popular y directo, terminar con los mandatos vitalicios y sueldos de privilegios, y establecer el juicio por jurados es la manera de erradicar la casta judicial, diametralmente opuesta a los intereses de la mayoría.

Elecciones maniatadas… por la rosca oficial

Para sumar otra característica que refracta la decadencia del régimen, podemos mencionar a las elecciones. Signadas este año por la pandemia del Covid-19, la votación de medio término se encuentra en un debate superestructural de los partidos tradicionales enmarcado en la forma de llevarlas a cabo, donde las facciones internas buscan no perder un ápice dentro de sus frentes.

A pesar de la iniciativa incluida por Alberto Fernández en las sesiones extraordinarias del Congreso para discutir la suspensión de las PASO, el régimen político no ha llegado a ningún acuerdo. Algunos gobernadores del NOA como Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), José Neder (Santiago del Estero), Juan Manzur (Tucumán) y Ricardo Quintela y Florencia López (La Rioja), del peronismo; y Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Arce (Misiones), del macrismo, avalan la propuesta. Mientras que otras fuerzas del oficialismo, como la dirigida por Cristina y de la oposición, se resisten. Queda a la vista que la preocupación sanitaria, ni tampoco la democrática, son las que ordenan las decisiones de los legisladores, encargados de poner los votos para que esto ocurra, sino las tensiones aún no resueltas entre los gobernadores peronistas y el kirchnerismo. Otro tanto aporta Juntos por el Cambio que, también por su disputa interna, no tiene una posición unánime.
Al día de la fecha la hipótesis más probable, ante este escenario, es que las PASO se planifiquen para el mes de septiembre, una vez pasada la nueva ola que, según el viceministro de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, terminaría en agosto.
Queda a la luz lo profundamente antidemocrático de los partidos tradicionales del régimen, que especulan suspender o no las PASO, con tal de resolver sus intereses internos. Sin hacer gala de un mecanismo proscriptivo como las PASO, lo cuestionable es el nivel de maniobra sobre la elección de los legisladores que sucederá este año. El régimen, lejos de plantear una democratización del sistema electoral, donde se termine con todo piso para acceder a un cargo legislativo; haga un reparto igualitario de los fondos públicos para las campañas electorales y una distribución equitativa de los espacios publicitarios, sólo persiste en mantener un sistema electoral a su conveniencia.

Instituciones por eliminar

Continuar con la caracterización del régimen político hace que tengamos que hacer un paso obligado por el actual Poder Legislativo del Estado. Actualmente el funcionamiento de las cámaras, no es más que el retrato de una escribanía de los sectores más concentrados de la economía y de los organismos financieros internacionales. Esta afirmación se sustenta con la aprobación en Cámara Diputados, en la primera sesión del año, del proyecto de Ley de “Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Deuda Pública”.

Diputados y Senadores convirtieron en Ley la convalidación de una deuda externa totalmente fraudulenta, que tiene el tamaño del PBI del país (más de 332 mil millones de dólares) y que sólo sirve como mecanismo para someternos en un neocolonialismo permanente. Estas medidas, conjuntamente con las votaciones de las recurrentes reformas previsionales y presupuestos de miseria, son las que terminan de arrojar luz sobre el Congreso que no tiene más que un carácter totalmente conservador y contramayoritario.

Lo más rancio se encuentra en la “cámara alta”, donde anidaban personajes tan nefastos como el ex senador vitalicio, Carlos Saúl Menem, quien conservó todos sus privilegios de la casta política hasta sus últimos días. Los senadores son la demostración de un artefacto político diseñado para garantizar el control de las clases dominantes sobre la decisión popular. Con requisitos insólitos como tener 30 años cumplidos para ser elegido y con falsas premisas como la representación “federal” se digita la dinámica del Senado, que representa a los sectores más conservadores, atados a los gobernadores y los intereses ajenos a los trabajadores.

El ideario de la democracia representativa e indirecta es totalmente trucho ante sus propias reglas. La actual distribución de cargos, sancionada en el artículo 45 de la Constitución Nacional, donde se indica que corresponde un/a diputado/a cada 33.000 habitantes, es algo que no ocurre para nada.

Todos los planes antiobreros y antipopulares pueden tener aforo en la representación política, debido a su composición antidemocrática y clasista. Ponerle fin a esto requiere pensar una democratización a fondo de las mismas estructuras. Un primer paso importante es disolver el Senado nacional y los Senados provinciales, crear una sola Cámara de Diputados, tomando al país como un distrito único para repartir las bancas según los votos de cada partido o alianza.

Deliberar y decidir sin limitaciones, por una Asamblea Constituyente

Los porcentajes que ilustran un país devastado, como el 60% de pobreza infantil, un salario mínimo de $21.600, ubicado por debajo de la línea de indigencia, los privilegios políticos descubiertos como el vacunagate, encuentran asidero en un régimen político desgastado, sin vida, que nada bueno puede ofrecerles a los trabajadores. Como la corrupción es intrínseca al sistema y a las instituciones que lo conforman, no hay chances de resolver los problemas centrales cambiando figuritas. Por poner un ejemplo, el reemplazo de Ginés del Ministerio de Salud no va a terminar con la política del Frente de Todos totalmente a favor del lucro de la salud privada.

Terminar con los grandes problemas requiere de la participación de quienes sufren los mismos. La Asamblea Constituyente es un mecanismo democrático para poder hacer frente a debates centrales de la crisis en curso y poder decidir: cómo resolver los problemas, cómo reorganizar el país, qué instituciones remover y cuáles crear.
En momentos donde se liberan procesos constituyentes a nivel regional, vale rescatar que los procesos geniunos son aquellos donde no exista limitación alguna para poder deliberar y decidir, de forma democrática, cómo salir de la situación actual.

Movilizar para lograr una Asamblea Constituyente libre y soberana es la posibilidad de cambiar de raíz esta Constitución capitalista y reorganizar el país sobre nuevas bases, en todos los órdenes: político, económico y social.

Consideramos central en este aspecto la participación de los trabajadores, las mujeres y sectores populares. Sólo así se podrán revertir las orientaciones políticas de un régimen tramposo y antiobrero. Ante la política a espaldas de los de “abajo”, la Asamblea Constituyente es la posibilidad para que les trabajadores y sectores populares debatamos y podamos decidir:

Estrategia económica: una Asamblea Constituyente daría la posibilidad de tomar medidas de fondo. Romper con el FMI, desconocer la deuda externa fraudulenta, como así también establecer un Ingreso Universal de $50.000 para quienes no posean trabajo, actualizar los salarios y jubilaciones de acuerdo al valor de la canasta básica, terminar con los subsidios a las grandes empresas. Y nacionalizar la banca y el comercio exterior.

Sistema de salud: en medio de la pandemia una herramienta democrática como la mencionada posibilitaría poner el pie un sistema único de salud de carácter estatal, universal y gratuito, haciendo uso de toda la infraestructura privada. Además de impulsar la producción pública, distribución y aplicación masiva de las vacunas contra el Covid-19.
Combatir el Patriarcado, de verdad: la Asamblea Constituyente soberana permitiría destinar el presupuesto necesario para erradicar la violencia de género, implementar la ESI de manera real en todos los colegios, aplicar la Ley de ILE sin restricciones, además de remover la objeción de conciencia, y terminar con los subsidios a la Iglesia Católica, separándola además del Estado.

Revolucionar el modelo político: también sería la oportunidad de terminar con los privilegios de la casta política. Acabar con los salarios y jubilaciones de privilegios, imponer que los funcionarios cobren lo mismo que una directora de escuela y obligar, por ley, al uso de los establecimientos educativos y de salud públicos. Establecer la revocabilidad de mandato para quien no cumpla en su función.

Que gobiernen los trabajadores

Desde el MST en el FIT-Unidad, creemos indispensable propagandizar estas ideas que se contraponen a los programas políticos de los partidos del régimen y pueden servir para desandar nudos centrales de los problemas que aquejan a las mayorías. Establecer la Asamblea Constituyente como instrumento para democratizar la democracia es funcional a lo estratégico de disputar porque sean los trabajadores quienes gobiernen.

Fortalecer este programa, este instrumento de lucha, es totalmente necesario en tiempos donde ya se han expuesto las prioridades de un gobierno que dijo venir a recomponer el desastre del macrismo, pero la realidad muestra que detrás del doble discurso sigue el modelo capitalista.

Te invitamos a sumarte a la herramienta política del MST en el Frente de Izquierda Unidad, para construir una alternativa de la clase trabajadora, las mujeres y la juventud, con el fin de terminar con un régimen que nada tiene ya por ofrecer.