Escriben: Mariana Chiacchio y Andrés Jara, abogades del CADHU
Ante el aberrante presente en materia de violencia machista y el aumento de los femicidios, la ausencia y omisión del Estado, y el gobierno que dice haber terminado con el patriarcado, hacen falta medidas inmediatas. Los resultados que arrojan estos pocos meses del año manifiestan una visible ineficacia desde el Poder Ejecutivo hasta el Judicial, con jueces puestos a dedo, cargos vitalicios y total desinterés y desconocimiento sobre género. Cada día es noticia un nuevo femicidio, una violación o denuncias de violencia archivadas en los cajones de fiscalías y comisarías.
Violencia patriarcal sobra. Faltan medidas eficaces y perspectiva de género en todo el ámbito estatal. Es decir, una mirada con comprensión del conjunto de violencias que sufre el género femenino bajo el patriarcado, que impone desigualdades en casi todos los ámbitos de la vida. Si bien para dar muerte al patriarcado se requieren cambios muy profundos, revoluciones, hasta tanto vivamos en una sociedad más igualitaria y libre hay medidas que el Estado y el gobierno podrían aplicar ya mismo para mitigar el sufrimiento femenino.
Es urgente implementar cambios en la organización de la justicia para que las mujeres que sufren violencia accedan a una protección real sin demoras ni procesos que no resuelven nada. Proponemos designar a los jueces y fiscales por voto popular y cortar de raíz el amiguismo entre poderosos y magistrados. También, que sus cargos dejen de ser vitalicios y puedan ser revocados por mecanismos democráticos. Sería propicio implementar los juicios por jurados en materia de género, hasta tanto no existan nuevas herramientas para tratar esos delitos. El juicio por jurados consiste en que un grupo de ciudadanes de la jurisdicción debe definir si existió el hecho por el cual se investiga al acusado y si es o no culpable del delito imputado. Hasta ahora esta modalidad sólo es aplicable en pocas provincias y sólo si la pena mínima es de 8 años de prisión.
A su vez una reforma judicial más radical y democrática permitiría responder mejor al tema violencia. Así como antes se creó el fuero laboral para tratar los conflictos entre patrones y trabajadores con la premisa de la inferioridad de estos ante el poderío empresarial, sería muy útil crear juzgados especializados en delitos de género, con dicha perspectiva. Y con una asesoría tutelar en donde participen las organizaciones de género. Hasta entonces, el gobierno debería decretar la emergencia por violencia de género, aumentar el presupuesto para aplicar la Ley 26.485 y tomar otras medidas.
Las restricciones perimetrales y botones antipánico no sirven: son ineficaces, los violentos no las cumplen, los botones escasean y, si los hay, la policía no llega a tiempo para auxiliar a la víctima. Y los informes periciales demoran meses. Por eso ante una denuncia de violencia grave proponemos la detención preventiva del acusado, con pericia psicológica y averiguación de antecedentes para así resolver rápidamente qué medidas adoptar.
Mientras seguimos enfrentando al patriarcado y al capitalismo, que son un mismo sistema, planteamos aumentar las medidas de protección real y una reforma legal y jurídica que permita aplicar los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención de Belém y la CEDAW, de manera efectiva y sin demoras.
