Desde la apertura de sesiones el 1° de marzo, y luego al designar al kirchnerista Soria como nuevo ministro de Justicia, el gobierno volvió a marcar la cancha con duras críticas al Poder Judicial. Aquí desgranamos la reforma que propone el Ejecutivo, explicamos sus limitaciones y proponemos los cambios que creemos necesarios.

Escribe: Cata Coles

Desde hace varios meses se vienen desarrollando, en paralelo, dos debates importantes en la agenda política en torno a la justicia y los cambios que hacen falta.
Por un lado, el incesante señalamiento que le hacen Alberto y Cristina a la justicia muestra su necesidad de evadir responsabilidades propias. Les preocupan los fallos que perjudican a integrantes de su fuerza política, incluida ella, su familia y otros funcionarios y amigos del poder en causas penales por corrupción.

A la vez, echar todas las culpas sobre el Poder Judicial, que las tiene, busca desviar la responsabilidad del Ejecutivo como gobierno. Por caso, cuando Berni y su Policía Bonaerense reprimieron en Guernica se justificaban aduciendo que «cumplían con la orden judicial de desalojo». Pero en concreto, la represión la ordena el Poder Ejecutivo, el presupuesto también y así tantas otras cuestiones que omiten reconocer.

Cómo cambiar la (in)justicia patriarcal

A partir del aumento de femicidios y casos como el de Úrsula, que denunció 18 veces a su agresor antes de ser asesinada, resurgió el debate sobre el carácter patriarcal del actual sistema judicial. Entonces surgen las voces que con toda legitimidad reclaman una reforma judicial feminista. Ahora bien: sin ningún proyecto presentado y con mucho relato, algunas oficialistas exponen como grandes reformas la realización de cursos de formación en perspectiva de género en el Poder Judicial y más juezas y fiscales mujeres…

Si bien es necesaria una mayor presencia de mujeres en cargos de relevancia, sólo servirá si se acompaña con otras medidas más radicales, que ni el gobierno ni sus defensorxs plantean. Así, la crítica al obvio carácter patriarcal de la justicia sólo servirá para tapar la responsabilidad que le cabe al gobierno y a su ineficaz Ministerio de Mujeres, por ejemplo, por destinar fondos exiguos a combatir la violencia de género y asistir a sus víctimas.

Para que la marea feminista irrumpa de verdad en la administración de justicia la medida más elemental es que todos los jueces, juezas y fiscales sean elegidos por voto popular, en fecha separada de la elección política y con previa difusión pública de sus antecedentes. Junto con eso, resulta urgente habilitar el fuero de género, con fiscalías especializadas, defensorías de menores y asesorías tutelares con participación de las organizaciones de género. Recién allí podríamos hablar de una verdadera reforma judicial feminista.

También es clave destinar presupuesto real para las víctimas de violencia de género (VVG) en el ámbito del acceso a la justicia. La asistencia y acompañamiento a las víctimas hoy es testimonial y, como en los demás niveles, el acceso se restringe a quien tiene la plata para pagar una abogada o abogado. La Ley 27.210 de Patrocinio Jurídico Gratuito para VVG es, desde que se aprobó en 2015 hasta ahora, papel mojado.

Junto con estas medidas de género, hay que democratizar de raíz la justicia para que deje de ser una casta privilegiada y al servicio del poder político y económico.

Los ejes de la reforma oficial

La reforma que plantea el Ejecutivo tiene cinco ejes, sin mucho de realmente nuevo:

1. Ministerio Público Fiscal (MPF). Cambia la forma de designar al Procurador General.
Como jefe de todos los fiscales del país, está a cargo de investigar los delitos tipificados en el Código Penal y dictaminar sobre las causas que llegan a la Corte. Para nombrarlo se requiere una mayoría calificada de votos del Senado: dos tercios de los presentes. La reforma lo reduciría a mayoría simple, o sea la mitad más uno. También sería más laxo el procedimiento para su remoción, que ahora requiere un juicio político aprobado por dos tercios de la Cámara de Diputados. A su vez, incluye reformar las potestades de la Comisión Bicameral que «controla» el funcionamiento del MPF y crear un Tribunal de Enjuiciamiento con más miembros designados por el poder político.

2. Fuero federal. Tuvo media sanción del Senado el año pasado. Se unificarían los fueros Criminal y Correccional Federal (Comodoro Py) y Penal Económico para dar crear un solo Fuero Penal Federal en CABA. Se duplicaría la cantidad de juzgados y por ende el número de jueces, con los nuevos bajo selección del poder de turno. Esto muestra la necesidad del gobierno de tratar de licuar el poder que detentan los jueces enemistados con la gestión peronista.

3. Corte Suprema. Se presentaría un proyecto para limitar sus atribuciones a revisar lo relativo a la inconstitucionalidad de las normas. Y se crearía un tribunal que resuelva sobre las otras cuestiones hoy a cargo de la Corte, que son la mayoría. Es una forma evidente de evitar que la Corte falle en causas relevantes en perjuicio de los intereses del gobierno, como fue la condena de Boudou.

4. Juicios por jurados populares. Si bien Fernández propone extenderlos sólo a delitos federales, es insuficiente y proponemos ampliarlos a todos los delitos con penas no excarcelables.

5. Consejo de la Magistratura. Fernández habló de «despolitizarlo», pero sin aclarar cómo se compondría. De igual forma, ese organismo indirecto para designar a los jueces debe ser anulado. La única forma de desvincular a la justicia del poder político es, como dijimos, elegir a jueces y fiscales por voto popular, y no hacer un nuevo reparto de sillas en el Consejo que favorezca a los mismos de siempre. Sin elección popular no habrá verdadera independencia del Poder Judicial.

Qué reforma hace falta

Si buscamos un denominador común en todos los proyectos de reforma del gobierno veremos que ninguno propone la participación democrática del pueblo trabajador. Las máximas designaciones de funcionarios con amplios poderes siguen quedando entre cuatro paredes y entre pactos políticos.

Para dejar de tener una justicia adicta hay que romper con esa lógica. Ninguna reforma cuestionará los privilegios de la casta de jueces y fiscales ni sus estrechos vínculos con el poder político, ni su perspectiva patriarcal y retrógrada sin la elección directa por el voto popular, la limitación de sus mandatos en vez de ser vitalicios, la eliminación de sus privilegios y la revocatoria del cargo si incumplen con sus deberes. Si andan bien se los reelige y si andan mal se los vuela. También hace falta implementar los juicios por jurados populares, con participación vecinal.

Lo mismo en cuanto a las causas por corrupción política y empresarial. Está demostrado que este Poder Judicial, con el entramado político que hemos descripto, no investiga ni sanciona en forma imparcial. Para indagar y combatir la corrupción a fondo es necesario formar una comisión investigadora independiente, con personalidades intachables y de derechos humanos, y plenos poderes para actuar: una CONADEP de la corrupción, sin lawfare.

Para lograr estos cambios es preciso organizarnos y movilizar, porque ni el macrismo ni el Frente de Todos están dispuestos a atacar sus propios intereses políticos y económicos. Te invitamos a compartir estas propuestas para que, en el marco de la pelea por otro régimen institucional y otro sistema económico, podamos avanzar hacia un sistema de justicia que garantice los derechos sociales y de género.