Escribe: Carlos Carcione
En mayo de 1956 el régimen de la gorila Revolución Libertadora encabezado por el dictador Aramburu busca una reunión internacional para lograr un acuerdo de reestructuración de deuda, obligado por una crisis de reservas internacionales. Previo a esta reunión y como condición para que pueda realizase, en abril de ese año Argentina ingresa por primera vez al FMI. Con el objetivo de negociar aquella deuda convoca en París una reunión de países acreedores. Desde entonces, la fecha es reconocida orgullosamente por el propio grupo como la de su fundación. Es decir, que en el «legado» del dictador y su ministro de Economía el contador público Eugenio Blanco, podría incorporarse haber inventado o diseñado una agrupación que hoy integran de manera permanente y en la que toman las decisiones los veintidós países más industrializados del mundo sin China, entre los que por supuesto no se encuentra Argentina, para «defender» sus exportaciones o mejor dicho las empresas exportadoras que tienen sede en sus territorios.
Desde ese lejano 1956 en el que un grupo de acreedores de Argentina reestructuró por primera vez una deuda del país de esa naturaleza, el Club lleva realizados 433 acuerdos con distintos países de latino América, Asia, África y Oceanía. Pero Argentina no solo se puede considerar el país inventor de la institución, sino que tiene el record de reestructuraciones con el grupo en la región de América latina y el Caribe, y es sólo superada a nivel mundial por países africanos como Sudán, República del Congo y Togo.
Argentina lleva realizadas nueve reestructuraciones de deuda que derivaron en acuerdos con el Club de París: mayo de 1956; octubre de 1962; junio de 1965; enero de 1985; mayo de 1987; diciembre 1989; septiembre de 1991; julio de 1992 y mayo de 2014. Salvo el último acuerdo (que negoció Axel Kicillof cuando era ministro de Cristina Kirchner), todos los acuerdos anteriores (1956 a 1992), fueron en los términos clásicos (con un acuerdo previo con el FMI). En la actualidad se está desarrollando la décima negociación.
La evolución de los acuerdos argentinos con el Club de París demuestra, como en todos los casos de deuda externa, que el crecimiento de la misma es exponencial. Es decir, no importa cuánto se pague luego del acuerdo se debe mucho más. Mientras que el primer acuerdo firmado por el país, el de 1956, reconocía una deuda de 500 millones de dólares, en la novena reestructuración encabezaba por Kicillof en 2014, y luego de haber pagado cifras superiores a las renegociadas anteriormente hasta el default por la crisis producto del estallido de la convertibilidad, la deuda reconocida por la misión del gobierno argentino ascendió a 9.690,6 millones de dólares. Pero lo notable es que 3.633 millones de la cifra comprometida a pagar por la misión argentina, casi el 40% del total, son intereses punitorios por el tiempo transcurrido desde default del año 2001.
Cuando en 2008 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró que su gobierno se encaminaba a normalizar las relaciones y los pagos al Club de París, esa deuda ya había sido analizada por importantes investigadores y estudiosos que determinaron que al igual que la reestructurada a partir de 2005 con los bonistas o que el pago completo a la del FMI, la deuda del Club de París también tenía características de ilegitima.
Una prueba de esto son las investigaciones de Alejandro Olmos Gaona que encabezaba la catedra de deuda pública en la Universidad de Buenos Aires. Estas investigaciones develan que: gran parte de la deuda con el Club de París fue contraída antes del retorno de la democracia y es ilegal, ilegitima y odiosa. Una parte de ella por ejemplo fue contraída por orden del genocida Almirante Emilio Massera para el equipamiento de submarinos que nunca se fabricaron. Lo mismo sucedía con parte de los créditos que para ese entonces eran reclamados por Holanda, fue expuesto que eran producto de operaciones irregulares y delictivas. Por ejemplo el Caso Cogasco, los fondos nunca ingresaron al país, pero fueron registrados como deuda de Gas del Estado. Además del endeudamiento de otras empresas estatales que también bajo la dictadura fueron comprometidas con esas deudas sin haber nunca visto el ingreso de los fondos. Según declaraciones de 2008 de la propia presidenta, el 45% de la deuda que terminaría renegociando su gobierno en 2014 sin ninguna quita y reconociendo los intereses punitorios, había sido contraída por la Dictadura. En estos 65 años desde la primera renegociación todos los gobiernos pagaron y reestructuraron, pero la conclusión es la misma, cada nueva renegociación debemos más.
