La reciente condena a prisión a dos militantes de izquierda por participar en movilizaciones apunta a endurecer el castigo al reclamo social. Como se viene más ajuste por el acuerdo con el FMI, la justicia del sistema busca intimidar al activismo para así desalentar las luchas populares. Pero luchar es un derecho, no un delito.

Escribe: Pablo Vasco

«Nos tiraron 14 toneladas de piedras por la Ley de Movilidad jubilatoria… Ojalá esta condena sea ejemplificadora. Las manifestaciones sin razón solo estancan al país. Nosotros trabajamos por una Argentina en paz». Esto es lo que tuiteó muy contenta Patricia Bullrich el 8 de noviembre, apenas se conoció la dura sentencia penal contra César Arakaki y Daniel Ruiz, militantes del PO y el PSTU respectivamente, condenados a tres años y cuatro meses de prisión el primero y a tres años el segundo.

El tuit de la ex ministra de Seguridad se refiere a las enormes marchas del 14 y 18 de diciembre de 2017 en Plaza Congreso contra la reforma anti-jubilatoria de Mauricio Macri, con más de 300.000 personas, que fueron brutalmente reprimidas por la policía. Desde ya, no fueron «manifestaciones sin razón» como miente Bullrich. Y si bien no pudimos impedir la aprobación de esa ley que saqueó las jubilaciones, sí logramos frenar la nefasta reforma anti-laboral que se venía.

¿Pero qué ocurre con la causa judicial? El agente policial que resultó herido durante los enfrentamientos del 18 desistió de su querella en la causa penal abierta contra Arakaki y Ruiz. Es que cuando se empezaron a exhibir los videos de prueba, enseguida quedó en claro que ninguno de ellos pudo haber causado las lesiones. Pero aun así el juez Javier Ríos, del Tribunal Oral Federal Nº 3, terminó condenándolos con toda dureza. Esto confirma que no se trata de hacer justicia, sino de una verdadera persecución política.

«Ejemplificar» es su consigna

La arbitraria condena dictada es por los delitos de intimidación pública y atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada y en reunión de tres o más personas. A Arakaki se le agrega, también sin pruebas, el delito de lesiones.

En realidad, quien intimidó a las miles y miles de personas presentes en Plaza Congreso fue el propio Estado a través de la violenta represión policial que ordenaron el gobierno y la propia ministra Bullrich. Por la fuerza, con gases y balas de goma, a palazos y atropellando gente, intentaron impedir el ejercicio de los derechos democráticos y constitucionales de reunión, libertad de expresión y petición ante las autoridades.
Esta es la primera vez desde la caída de la dictadura militar, en 1983, que el sistema judicial sanciona a luchadores aplicando la figura penal de intimidación pública, lo cual constituye un mal precedente. Como es obvio, las y los abogados defensores apelarán estas injustas condenas, en una pelea que seguiremos respaldando activamente tal como lo venimos haciendo ante cada instancia.

El objetivo político de esta condena es muy simple. El tuit de Bullrich resume la postura de toda la clase burguesa argentina: ejemplificar, castigando al activismo para tratar de amedrentar y desalentar las protestas sociales, cuyo aumento es más que previsible. Y ese objetivo político lo comparten a ambos lados de la «grieta», por más que el gobierno nacional cada tanto en sus discursos aluda a los derechos humanos.

Otra muestra: el caso Molares

«Hoy la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de Interpol detuvo al argentino Facundo Molares Schoenfeld buscado a nivel mundial por Colombia por secuestro extorsivo gravado (sic)…» Así se ufanaba Aníbal Fernández, el ministro nacional de Seguridad, al que le encanta ponerse la gorra y que, en su apuro por festejar, escribió gravado en vez de agravado, por la detención de un periodista y militante comunista.
¿Cómo es la historia? Años atrás Facundo integró las FARC. Cuando a fines de 2019 fue detenido en Bolivia por el gobierno golpista de Áñez, la lucha democrática logró que volviera a nuestro país. Pudo hacerlo porque en ese momento Bolivia consultó a Colombia y allí no tenía causas abiertas.

Pero luego, el gobierno derechista colombiano de Iván Duque reabrió una causa judicial montada, por eso Interpol lo persigue, el canciller Santiago Cafiero y el ministro Fernández le obedecen y entonces Facundo -con graves problemas de salud- está detenido en la Unidad 6 del penal de Rawson. Ahora el reclamo, que venimos acompañando, es por su liberación y por la no extradición a Colombia, país cuyas fuerzas represivas asesinan a decenas de dirigentes y activistas populares cada año, y donde Facundo correría peligro de muerte.

¿Asambleas «delincuentes» y mapuches «terroristas»?

Como todo el resto del país, la Patagonia es otro escenario de persecución política y judicial contra quienes defienden algún derecho.
Hace unas semanas, la gobernadora de Río Negro denunció penalmente a la comunidad mapuche autónoma Lof Quemquemtrew, en la Cuesta del Ternero, cerca de El Bolsón, que reclama sus territorios ancestrales. Mientras se desplegaba una campaña mediática demonizando a los mapuches como «terroristas», Alberto Fernández enseguida envió a Gendarmería.

A su vez, como lo denuncia la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, «expresamos nuestro más enérgico repudio ante las citaciones a indagatorias dispuestas por el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, con motivo de la protesta realizada en el mes de mayo de este año en la Ruta Nacional Nº 3, cuando lxs vecinxs de Chubut, luego de un nuevo fraude, salieron masivamente a defender la Iniciativa Popular 2020, que intenta prohibir definitivamente en todo el territorio la instalación de la megaminería».
Así nos cuenta la situación nuestro compañero Juan Aquino, desde Trelew: «Hubo tres días de corte, que luego desalojó ilegalmente la Policía del Chubut a las órdenes del ministro Massoni y el gobernador Arcioni. Y fue ilegal, porque la ruta nacional obviamente no es jurisdicción provincial. Ante las primeras indagatorias previstas para este miércoles 17 íbamos a marchar al juzgado, pero las suspendieron. Hay varios compañeros más imputados, de Trelew, Rawson y Madryn. Seguimos en alerta porque Arcioni, de la mano de Alberto Fernández, vuelve a la carga para aprobar la zonificación minera a favor del extractivismo, el saqueo y el pago de la deuda externa trucha».

Junto a la Unión de Asambleas, «exigimos el inmediato sobreseimiento de lxs compañerxs y cierre de esta causa ilegitima. El agua es vida, no es para las mineras. Chubut ya decidió: no es no. No pasarán. Arriba lxs que luchan».

Si tocan a uno, nos tocan a todos

El sistema judicial es parte de este régimen y, por lo tanto, también tiene un neto carácter de clase, burgués. Por eso, los grandes empresarios que fugan capitales y arman empresas off-shore, igual que los políticos patronales que curran, coimean y cometen tantos otros delitos, nunca son castigados y salvo excepciones, gozan de impunidad. Entonces, nada esperamos de esta justicia de doble vara, servil hacia los poderosos pero dura contra las y los que luchamos.

Por les estudiantes de Córdoba procesados por la toma de la Universidad; por Milagro Sala, Sebastián Romero y demás presos políticos; por cada compañera y compañero activista que sufre persecución judicial por luchar, es necesario impulsar la mayor unidad de acción posible en defensa de ese derecho tan básico que es el derecho a reclamar, el derecho a defender derechos. Desde el CADHU y el MST en el Frente de Izquierda Unidad, ése es nuestro compromiso militante.