Escribe: Pablo Vasco
Si te comprás una heladera es obvio que la debés y tenés que pagar las cuotas. Pero si te vienen a cobrar un pagaré millonario y no recibiste nada a cambio, es una deuda más trucha que billete de 300 pesos. La deuda externa argentina es una estafa por donde se la mire. Y las estafas no se pagan: se repudian.
Los conceptos de deuda fraudulenta, odiosa e impagable están vinculados entre sí, pero no son precisamente lo mismo. El objetivo de este artículo es esclarecer lo mejor posible su significado, con el objeto de fortalecer la lucha actual contra el Fondo Monetario Internacional, sus condicionamientos y por el no pago de un solo peso en concepto de capital ni de intereses.
La deuda externa es fraudulenta
En el lenguaje corriente la palabra fraude es sinónimo de estafa, engaño, timo, falsificación, mentira, dolo y algunas más. O sea, una falsedad. Pero desde el punto de vista jurídico fraude también es un delito, así tipificado específicamente por el Código Penal en la Argentina y en todo el mundo.
Pues bien; la propia justicia nacional estableció con toda claridad hace más de 20 años que la deuda externa argentina contraída por la última dictadura militar es fraudulenta. Así lo sentenció en el año 2000 el juez federal Jorge Ballestero, en la causa que inició en octubre de 1983 el ya fallecido Alejandro Olmos bajo el Expte. Nº 14.467.
En dicha deuda, que trepó de casi 7.000 millones de dólares a fines del gobierno de Isabel Perón el 24 de marzo de 1976 a más de 46.000 palos verdes al caer la dictadura genocida desde junio de 1982, el juez Ballestero comprobó la existencia de al menos 477 delitos[i].
Inclusive en 2005, los entonces diputados Mario Cafiero, Patricia Walsh y Vilma Ripoll denunciaron penalmente la deuda externa, a los funcionarios del gobierno militar y al propio FMI como copartícipe necesario de haber financiado el peor genocidio de nuestra historia, que nos costó 30.000 detenidos-desaparecidos. En su dictamen el fiscal Federico Delgado avaló la denuncia y planteó investigar: “entre la represión y las ideas económicas (impuestas a partir de 1976) había un nexo genético”, sostuvo. Pero luego el juez federal Sebastián Ramos cajoneó la causa.
De las investigaciones de la causa Olmos surge bastante fielmente la realidad de aquellos años. Los beneficiarios de la deuda externa fueron algunos grupos económicos privados, ligados al imperialismo: Macri, Fortabat, Bunge & Born, Bridas, Bulgheroni, Pérez Companc, Techint (Rocca), Soldati, Pescarmona, Ford, IBM, Banco de Londres, Fiat, Vicentín. Unas 70 grandes empresas contrajeron deuda privada por unos 23.000 palos verdes, la mitad de la deuda total, que en noviembre de 1982 la dictadura estatizó a través del Banco Central con seguros de cambio. Toda esta operatoria entreguista se basó en tres pilares: la desregulación financiera y la devaluación progresiva del peso, la apertura económica y la desindustrialización del país, y la represión genocida.
A su vez las empresas públicas tomaban deuda en el exterior para obtener dólares que no utilizaban y beneficiar con ellos a empresas privadas a través del BCRA. YPF, por ejemplo, fue obligada a endeudarse cada tres meses sin ninguna necesidad. A la empresa nunca llegaban esos dólares, que quedaban en el Banco Central y los grupos privados los usaban para especular con los tipos de cambio y fugar divisas. Desde 1976, la deuda de YPF creció unas 16 veces y llegó a ser el 10% de la deuda total del país.
En cuanto al fallo del juez Ballestero, fue claro: “Es por estas razones que remitiré copia de la presente resolución al Honorable Congreso de la Nación para que, a través de las comisiones respectivas, adopte las medidas que estime conducentes para la mejor solución en la negociación de la deuda externa de la nación que, reitero, ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas”[ii].
Para desgracia nuestra, el Congreso no hizo absolutamente nada y los sucesivos gobiernos capitalistas post dictadura siguieron pagando intereses de intereses, “refinanciando” esa deuda trucha y endeudándonos cada vez más con nuevos préstamos tal de seguir pagando. Eternos vasallos del FMI y los organismos financieros imperialistas, más allá de sus cacareos y discursos no sólo legitimaron la deuda dictatorial fraudulenta y la pagaron a costa de ajustar al pueblo trabajador, sino que la aumentaron.
Lo primero a aclarar es que la doctrina jurídica de la deuda odiosa (o deuda ilegítima, execrable o injusta) no es una excusa caprichosa inventada por la izquierda marxista revolucionaria, sino que forma parte del derecho internacional capitalista. Es decir, es una herramienta conceptual elaborada, debatida, planteada y aplicada por numerosos gobiernos e instituciones burguesas a lo largo de la historia económica y política.
Quizás el primer antecedente normativo de deuda odiosa lo sentó el general José de San Martín el 10 de julio de 1821 en Perú, cuando proclamó que el nuevo gobierno independiente de la corona española no debía pagar la deuda contraída por las autoridades del Virreinato del Perú ya que tales fondos se habían utilizado contra el pueblo.
En 1927 Alexander Sack, un jurista ruso, especialista en finanzas públicas y profesor de derecho internacional en varias universidades europeas y norteamericanas, formuló las dos condiciones básicas para considerar como tal la deuda odiosa de determinado país: “para que una deuda regularmente contraída por un gobierno regular pueda ser considerada como indudablemente odiosa, con todas las consecuencias indicadas anteriormente que resultan de ello, convendría que fueran establecidas las condiciones siguientes:
“El nuevo gobierno debería probar y un tribunal internacional reconocer como establecido:
• “que las necesidades, a causa de las cuales las cuales el antiguo gobierno había contraído la deuda en cuestión, eran ‘odiosas’ y francamente contrarias a los intereses de la población de todo o parte del antiguo territorio y,
• “que los acreedores, en el momento de la emisión del préstamo, habían estado al corriente de su destino odioso” [iii].
Como cinco páginas antes en su libro Sack hace referencia al endeudamiento contraído por “un poder despótico”, algunos políticos y economistas interesados en justificar la dependencia de los poderes imperialistas interpretan como odiosas sólo las deudas tomadas por dictaduras. Pero resulta evidente que, al hablar de “un gobierno regular”, Sack abarca a todo poder político gobernante efectivo e incluso si dicha deuda afecta a “la población de todo o parte del antiguo territorio” del país en cuestión.
En concreto, se considera odiosa toda deuda que vaya en contra de los intereses del pueblo y que los acreedores del caso lo sepan.
• Que la deuda argentina va frontalmente en contra del pueblo trabajador no caben muchas dudas. De los 46.000 millones de dólares que nuestro país debía al terminar la dictadura pasamos a deber hoy más de 335.000 palos verdes sin haber recibido jamás a cambio ni el más mínimo beneficio, sino las graves consecuencias de sucesivos planes de ajuste antipopulares.
• A la vez, el FMI y demás acreedores siempre fueron y son conscientes del carácter usuario de sus préstamos. Así como los documentos desclasificados del Departamento de Estado yanqui confirman que allá sabían bien de las violaciones a los derechos humanos cometidas acá por la dictadura, el último informe del propio FMI sobre el préstamo a Macri reconoce que “el programa no alcanzó los objetivos, a pesar de las significativas correcciones de las políticas económicas. Los crecientes pagos netos de deuda privada, sumados a la fuga de los capitales de residentes, sometieron al tipo de cambio a una presión considerable… empujando al alza la inflación y el valor de la deuda pública en pesos, y debilitando los ingresos reales, especialmente de los segmentos más vulnerables”[iv]. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Este importante debate volvió a resurgir hace poco, el 5 de enero, con motivo de la reunión de Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán con los gobernadores por el acuerdo en danza con el FMI. Allí el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá, el hermano de Adolfo, quien como presidente en diciembre de 2001 decretó el no pago de la deuda externa, planteó considerar odiosa la deuda tomada por Macri, denunciar al FMI en la Corte Internacional de La Haya o plebiscitar si se reestructura o no dicho préstamo.
Fernández lo refutó: “Es difícil considerar deuda odiosa a la que ha tomado un gobierno elegido popularmente. Y en este caso además la contrajo inmediatamente después de haber ganado las elecciones de 2017”. Es decir, Fernández, que se jacta de haber denunciado a Macri ante la justicia, pero legitima toda esa deuda que sirvió para fugar capitales y ya empezó a pagarla, argumenta que como hubo elecciones hay que garpar sí o sí.
¡Falso, Fernández! Según el artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI, en su sección 1 inciso a), aprobado por el Congreso mediante la Ley 21.648, “ningún país miembro puede utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o sostenida de capital”[v]. Es más: el mismo Macri reconoció que “la plata del FMI, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo”[vi]. Corta la bocha: toda esa guita -y más- la fugaron y por eso se trata de una deuda odiosa.
Como dijimos antes, la deuda argentina totaliza unos 335.000 millones de dólares. Este monto colosal representa el 82% del Producto Bruto Interno (PBI), o sea cuatro quintas partes de la totalidad de la riqueza producida por nuestro país en un año entero. Según el último informe del Ministerio de Economía, al tercer trimestre de 2021, el 40% del total de esa deuda es con agencias del sector público, el 37% lo adeuda el sector privado y el otro 23% se les debe a organismos multilaterales y bilaterales[vii].
Con respecto a esta última parte, en su evaluación posterior al acuerdo stand-by de 2018, el FMI señaló que el fallido préstamo acordado con el gobierno de Macri fue “en términos absolutos, el más grande en la historia” del organismo.
Según las estimaciones actuales, ya que el FMI presta en Derechos Especiales de Giro (DEG), una especie de moneda financiera cuyo valor puede variar según la cotización del dólar yanqui y el euro, por esa deuda que tomó Macri habría que pagarle al Fondo 18.912 millones de dólares este año, otros 19.162 millones de la misma moneda en 2023 y otros 4.829 millones más en 2024[viii].
Más allá de su relato, el gobierno nacional del Frente de Todos, desde que asumió hace poco más de dos años, ya lleva pagado al Fondo Monetario nada menos que 4.000 millones de dólares y casi 8.000 millones más a los bonistas buitres usureros y otros organismos internacionales de crédito. Aunque Alberto pregone de tanto en tanto que “no nos vamos a arrodillar ante el Fondo” y que “la Argentina del ajuste se terminó”, estos pagos significan ajuste, bajos salarios y jubilaciones; recortes en los presupuestos de salud, educación y asistencia social; beneficios fiscales a las corporaciones y mayor dependencia económica del imperialismo.
Como si eso fuera poco, el gobierno impulsa todo tipo de proyectos extractivistas para juntar dólares para pagar y encima para firmar el nuevo acuerdo el FMI exige reducir el déficit fiscal, o sea rebajar el llamado gasto público, a costa de más precarización laboral, reducir la ayuda social y eliminar los subsidios estatales a los servicios públicos.
Esta suma multimillonaria, si quedara acá en vez de irse para afuera, la podríamos invertir en un plan estatal masivo para construir 400.000 viviendas de tres ambientes a 30.000 dólares cada una, lo que nos permitiría crear dos millones de nuevos puestos de trabajo genuino y además solucionaría buena parte del grave problema habitacional del país.
Coincidimos en ese punto con la militancia juvenil de La Cámpora cuando cantan “esa deuda que dejaron no la vamos a pagar, con el hambre de la gente no se jode nunca más”. Pero tienen la flagrante contradicción de que no sólo su gobierno paga sin chistar, sino que su propia jefa política, Cristina Fernández de Kirchner, en el acto del 10 de diciembre en Plaza de Mayo planteó: “Presidente, comprométase a que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al Fondo”. Si de verdad no se quiere pagar, hay que romper de una vez con ese doble discurso tramposo.
La deuda con el FMI representa el 63% de las obligaciones de la Argentina con entidades internacionales. A su vez nuestro país es el principal deudor del Fondo, con el 29,3% del total de préstamos otorgados por ese organismo. Esta situación especial nos daría un gran poder de fuego para plantarnos con firmeza, declarar un no pago soberano y convocar a otros países deudores a seguir el ejemplo. Muy lejos de todas las amenazas apocalípticas intencionadas y absurdas, si no pagamos la deuda externa nos vamos para arriba como país y como pueblo.
[i] “Número mínimo de hechos que surge de sumar 423 préstamos externos concertados por YPF, 34 operaciones concertadas en forma irregular al inicio de la gestión y 20 operaciones avaladas por el Tesoro Nacional que no fueron satisfechas a su vencimiento” (del fallo de Ballestero).
[ii] https://www.elhistoriador.com.ar/lacausa-olmos-y-un-fallo-contra-la-deudaexterna-de-la-dictadura/
[iii] Sack, Alexander; Los efectos de las transformaciones de los Estados sobre sus deudas públicas y otras obligaciones financieras: tratado jurídico y financiero, Recueil Sirey, París, 1927 (en francés), pág. 163.
[iv] https://www.imf.org/es/News/Articles/2021/12/22/pr21401-argentina
[v] http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/125000-129999/126023/norma.htm
[vi] https://www.pagina12.com.ar/380378-macri-reconocio-que-el-dinero-del-fmifinancio-la-fuga
[vii] https://www.argentina.gob.ar/economia/finanzas/presentaciongraficadeudapublica. Respectivamente, son 134.000, 125.000 y 77.000 millones dólares.
[viii] https://chequeado.com/el-explicador/deuda-con-el-fmi-4-graficos-paraentender-el-acuerdo-que-la-rgentinabusca-renegociar/
