Escribe: Carlos Carcione
El último medio siglo el país viene de crisis en crisis. La pendiente parece no tener fin. Un solo dato basta para ilustrar esta catástrofe: desde principios de los 70 al 2021 la pobreza trepó del 4% al 50% de la población. El denominador común de este desastre es el pago «serial» de una deuda externa fraudulenta, que no para de crecer: un verdadero saqueo. ¿Pero qué pasa si no pagamos?
Las negociaciones del gobierno del Frente de Todos con el FMI develan toda una serie de falsedades, mitos y justificaciones para formar el «sentido común» de que la única forma de salir de la crisis que atravesamos es firmar el acuerdo y pagar toda la estafa. Pero sólo están negociando la cantidad de años para hacerlo. Sin embargo, es un hecho reconocido por todos los actores, desde el FMI hasta el propio Macri, que el megaendeudamiento de 57.000 millones de dólares -el más grande otorgado nunca antes por ese organismo-, fue usado para la fuga de capitales. Como resultado, la fuga de capitales en el período en que se otorgó ese crédito fue del doble del monto facilitado por el FMI: 86.000 millones de dólares, según un estudio del propio Banco Central de la República Argentina. En ese marco, hay una campaña política que desde distintos ángulos intenta justificar el acuerdo para pagar la estafa, cualquiera sea éste, y sostiene que no pagar sería una catástrofe mayor. Veamos algunos de los argumentos que utiliza esa campaña.
«No vendrán las inversiones necesarias»
En las crisis de deuda anteriores,hasta 2018, el argumento central relacionado con las inversiones era el opuesto. Se sostenía, por ejemplo, que si no se pagaban las deudas, aunque fueran odiosas y fraudulentas, «los inversores se retirarían del país y se fugarían las divisas».
Pero ahora queda en evidencia que el crédito del FMI se utilizó directamente para fugar capitales especulativos que generaron la crisis que llevó a Macri, para tratar de ganar las elecciones, a tomar el préstamo más grande de la historia del organismo. Entonces se usa el argumento contrario: «No vendrán las inversiones».
Lo que ninguno de ambos argumentos desmiente es que las supuestas inversiones extranjeras son mayoritariamente especulativas y de saqueo de los recursos naturales y el trabajo de los argentinos, provocan miseria y hambre, y amenazan seriamente el ambiente. Ya que sólo van a agrandar las ganancias de las corporaciones y no resuelven los problemas urgentes que viven los trabajadores y la población pobre.
Estas dos explicaciones están relacionadas con el comercio internacional del país. Según este razonamiento, el aislamiento y el desabastecimiento inducen a pensar en un bloqueo que impediría la importación de bienes y servicios en el mercado mundial. Sin embargo, el comercio es esencialmente entre empresas o compras directas del Estado a empresas. Ninguna injerencia tiene el FMI en el comercio privado, desde el punto de vista de legislar sobre esa actividad.
El mecanismo que debería usar el Fondo sería el de lograr unificar la voluntad de los principales países miembros, muchos de ellos con duras disputas entre sí, para lograr sanciones unificadas de todos esos países contra el nuestro. Pero cuando intenten bloquear al país, ponen en riesgo los negocios de sus propias corporaciones. Mientras que, a su vez, el bloqueo y las sanciones no garantizan el aislamiento total de la Argentina ni eliminan la capacidad de comprar en el exterior mediante la triangulación vía un tercer país intermediario o mediante el pago al contado de los bienes necesarios para la economía nacional.
Varios países en el mundo están sancionados por razones económicas o políticas: Cuba, Irán, Rusia, Venezuela, entre muchos otros. Pero aun así siguen comerciando entre ellos e incluso con países del bloque imperialista, cuyas empresas siempre encuentran la forma de eludir las sanciones porque su objetivo es vender.
Por otra parte, las corporaciones que producen o actúan en el país podrían intentar un paro patronal. Si esto sucede se plantea la posibilidad de que el Estado nacional se haga cargo de ellas. Teniendo en cuenta que el 97% de las exportaciones las realizan menos de 100 empresas, en su mayoría multinacionales, establecer el monopolio estatal del comercio exterior sería una medida de defensa nacional e incautar las que ataquen nuestra economía podría ser una disposición de realización inmediata. Por lo tanto, además de los problemas concretos que tendrían los países imperialistas para aplicar un bloqueo eficaz, pondrían en riesgo las ganancias y la propia existencia de sus corporaciones en la Argentina.
«Van a embargarnos nuestros bienes en el exterior»
Lo mismo sucede si deciden el embargo de bienes de nuestro país en el exterior. Además de que según el derecho internacional esta medida requiere sentencias firmes de tribunales específicos que tardan años, sino décadas, por sobre la cuestión jurídica está el problema central: la decisión política de actuar en reciprocidad.
De la misma manera en que es universalmente aceptado que cada país tome medidas de manera recíproca si entiende que una regulación de otro país amenaza su soberanía, este mecanismo puede aplicarse en caso de embargos de bienes nuestros en el exterior: por cada bien embargado, la Argentina podría responder de la misma manera. Y tienen más para perder ellos acá que nosotros afuera.
«Ahora la relación de fuerzas no da»
Esta es la clásica posición de un sector del falso progresismo para evitar tomar cualquier medida soberana o en favor del pueblo trabajador. Es una posición que intencionadamente instala una falsa fortaleza desproporcionada del poder de los sectores del establishment, mientras disminuye la fuerza propia de la voluntad política y de la lucha por la independencia.
Un default soberano no es una medida fácil, es cierto. Pero ninguna medida que asegure la independencia del país respecto de las corporaciones y la dominación económica imperialista se obtendrá sin lucha. Aceptar una supuesta relación de fuerzas como un hecho determinado para siempre es, en el fondo, admitir de manera vergonzante y de brazos cruzados la entrega del país y el empobrecimiento de la población trabajadora.
El Argentinazo de 2001 mostró las dos caras de la suspensión de los pagos por 95.000 millones de dólares durante cinco años. El 23 de diciembre, en su primer discurso como presidente designado por la Asamblea Legislativa, Rodríguez Saá declaró esta medida. La ovación de los mismos diputados y senadores que apenas cuatro días antes sostenían que el no pago era imposible, con los mismos argumentos que debatimos aquí, mostraba la necesidad de ese paso dirigido a ponerle un freno a la brutal crisis a que nos llevó la presión del FMI.
Esa medida positiva fue arrancada por la revolución popular iniciada el 19 de diciembre que rodeaba al Congreso y la Casa de Gobierno y se extendía por todo el país. A la vez, también dejó en claro que, junto al no pago de la deuda, hay que avanzar en otras medidas para cambiar la estructura económica: el comercio exterior del país no puede seguir en manos de las multinacionales y el sistema bancario no puede seguir en manos del capital financiero internacional.
La deuda externa es un mecanismo de expoliación y saqueo imperialista.Nos prestan lo que no necesitamos, como los últimos 44.000 millones de dólares del FMI a Macri, y luego nos exprimen y nos dictan la política económica por décadas para garantizarles las ganancias a sus corporaciones. Pero para acumular dólares necesitan controlar el comercio internacional, y para fugar capitales y dominar el crédito nacional precisan controlar el sistema bancario y financiero. Por eso declarar un default soberano debe acompañarse de otras medidas que apunten a cambiar este modelo económico dependiente por otro de transición, independiente, empezando por nacionalizar la banca y el comercio exterior.
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