Mientras la inflación no para y la pobreza se vuelve una condición social común a casi el 50% de quienes viven en el país, el gobierno del FdT decide tomar medidas que recortan la asistencia social. El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, hace gala del cogobierno con el FMI anunciando que no existirán nuevas altas en planes sociales. La unidad piquetera se fortalece y llena las calles en varios puntos del país.

Escriben: Bruno Giusti y Nicolás Zuttión

A la vez que se van conociendo los detalles y la letra chica del acuerdo con el FMI, la palabra ajuste se amplifica en varias áreas. Desde el gobierno se dieron cuenta que la reducción en los subsidios a la energía y el posterior tarifazo que esto significaría no alcanza para la reducción del déficit fiscal que pide el organismo de crédito. La reforma previsional y las paritarias a la baja recobran músculos para satisfacer a los burócratas que ahora vigilan las cuentas argentinas. Pero, además, Alberto Fernández dio vía libre para reducir el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social.

En diciembre de 2021 el responsable de la cartera mencionada, Juan Zabaleta, se había comprometido con los reclamos que la unidad piquetera manifestó en las calles de todo el país. Sin embargo, en la semana que pasó, el ministro no sólo incumplió lo prometido, sino que dio muestras del cogobierno con el Fondo al que apunta el FdT. Ignorando una realidad social cada vez más deteriorada, Zabaleta declaró: “No va a haber más altas de planes sociales, tampoco va a haber ajuste”.

La frase oculta el crecimiento de la pobreza, ya que con la medida se indicaría que no hay más personas que necesiten asistencia social y también refleja una mentira acerca del presupuesto del área. Pero esto no es todo, la política en el sector suma a la precarización laboral con el verso de la reconversión de los planes sociales en “empleo genuino”.

Un presupuesto de miseria

Al no existir presupuesto 2022 tomaremos los números de las partidas del año pasado para graficar lo insignificante que es la ayuda en asistencia social. Durante 2021 el monto total del que dispuso Desarrollo Social fue de $359.000 millones, una cifra menor a los U$S2.900 millones que el gobierno se dispone a pagar en marzo al FMI. De esa partida, sólo el 40% ($144.000 millones) fue destinado a lo conocido como “planes sociales” enmarcado en el programa Potenciar Trabajo. Con la extensión del presupuesto 2021, el monto ejecutado sería el mismo para este año. Cifra que, si bien no presenta un ajuste nominal, sí lo sufre en términos reales, teniendo en cuenta la inflación que el REM1 calcula para este año: 54,8%.

Además, mientras el gobierno presume que la pandemia ya casi no afecta al país (eliminación de protocolos y presupuesto específico), replica la receta con la crisis social. Lejos de atender a los 9 millones de personas que en 2020 solicitaron el IFE, el programa Potenciar Trabajo apenas alcanza a 1,2 millones. Y más austero se demuestra el mismo, cuando se da cuenta de la cifra que reciben los beneficiarios: $16.300 (la mitad del salario mínimo). Zabaleta a la vez que se jacta de no abrir más cupos para el Potenciar Trabajo, para cumplir con los mandatos del Fondo, tampoco modifica un ingreso que ni siquiera significa un cuarto de la canasta básica calculada en $78.624, según el INDEC.
El 4% del presupuesto total destinado para Desarrollo Social no llega a tener comparación alguna con lo que este gobierno ya lleva gastado en el pago de una deuda externa de carácter ilegítimo y fraudulento. Se dilapidan dólares en una estafa, que servirían para suplir las necesidades de primer orden, que hoy las mayorías populares las tienen insatisfechas.

Al ajuste le suman precarización

Al mismo tiempo que varios miles de militantes de las organizaciones sociales ocupaban las calles, en reclamo contra esta política de austeridad, Zabaleta respondía con otra medida que no sólo precariza, sino que también beneficia a los empresarios. Se refirió a la reconversión de los planes sociales en “empleo genuino” algo que, según él, “genera alguna tensión”. Lo que se le escapa al responsable de la cartera es que esos puestos de trabajo son totalmente precarizados, es una reforma laboral de hecho.

La “transformación productiva” festejada por el mismo presidente en una textil de Villa Lugano, atenta contra todo derecho laboral y favorece de forma obscena a los empresarios. El acuerdo que el gobierno pactó con sectores industriales de la rama textil, gastronómica, construcción y rural, conocido como “Plan Empalme”, consta de lo siguiente:

12 meses en los que el Estado se hace cargo de $15.000, como parte del pago de los salarios;
En ese mismo plazo las patronales sólo abonan la diferencia para completar un salario mínimo: $32.600;
Las empresas que adhieran a este programa accederán a una reducción de las contribuciones patronales vigentes durante el primer año.

Con estos lineamientos se deja entrever que para el FdT la recuperación económica tiene que venir de la mano de una explotación sin igual a la clase trabajadora. Los “empleos genuinos” no dejan de representar ingresos de pobreza para una familia tipo. Y no sólo termina ahí, sino que se flexibiliza la relación laboral en detrimento de los empleados y a los empresarios se le cubre medio salario. Un negocio redondo y ganancias extras para las patronales que dispondrán de nueva mano de obra.

Ante las maniobras antidemocráticas, fortalezcamos el MST Teresa Vive

Todo este plan de ajuste en marcha va provocando resquebrajamientos dentro de las filas de los movimientos sociales afines al gobierno. Muchos de sus militantes, en completa disconformidad con esta situación, rompen con sus organizaciones, deciden irse y buscan alternativas por izquierda. El gobierno se dio cuenta de esto, y tuvieron una idea fantástica: “cada beneficiario va a poder elegir en qué Unidad de Gestión trabajar y en qué oficio hacerlo”, un slogan que aparenta transparencia al dar la libertad de poder elegir dónde trabajar. Una completa mentira, ya que no se podrá elegir la unidad de gestión que quiera cada compañero, sino que el Ministerio antes de asignarte una nueva unidad, evaluará la situación y validará el pedido al inicio de cada mes. O sea que van a ser ellos los que van a terminar decidiendo dónde puede ir cada beneficiario. Rechazamos este nuevo ataque antidemocrático y es este un motivo más por el cual creemos imprescindible sostener la movilización en las calles.

Con todo lo descripto, la realidad prohíbe cualquier tipo de pasividad. No hay chances de quedarse de brazos cruzados ante tal embestida y ajuste al presupuesto de ayuda social. Seguir peleando contra todos los recortes que implementa el gobierno, para cumplir con el FMI, es una obligación. Exigimos trabajos genuinos y la reconversión de los planes en puestos laborales. Por eso es que elaboramos de manera conjunta con la Unidad Piquetera, un proyecto nacional para reconvertir los planes sociales en trabajo genuino a partir de obras públicas y vivienda, con inclusión de género. Este proyecto, que fue presentado en la primera reunión que tuvimos con el Ministerio, abarca este tema tan importante para nosotros y tan olvidado para las políticas públicas: tener un trabajo formal, digno, con salarios equivalentes a una canasta básica y obra social. Todo lo contrario a lo que plantea el FdT.

Desde el MST Teresa Vive vamos a seguir enfrentando el ajuste. Y el viernes 11 y sábado 12 de marzo, más de 30 organizaciones convocamos a un Plenario Nacional de delegadas y delegados piqueteros en Plaza de Mayo para reafirmar nuestros reclamos.

1. REM: Relevamiento de Expectativas del Mercado del Banco Central.